La incorporación de la inteligencia artificial al ámbito de la justicia representa uno de los mayores desafíos tecnológicos y éticos de nuestro tiempo. Su potencial para agilizar procesos, analizar grandes volúmenes de información o apoyar la toma de decisiones judiciales es innegable; sin embargo, su aplicación exige dotar al sistema de una seguridad jurídica sólida que garantice transparencia, control humano y respeto pleno a los derechos fundamentales. Sin ese marco claro, la automatización podría generar el efecto contrario al buscado: una pérdida de confianza ciudadana en las instituciones judiciales y en la imparcialidad del Estado de Derecho. La legitimidad de la justicia del futuro dependerá, por tanto, de que la tecnología esté siempre subordinada a las garantías jurídicas y no al revés.
En este ámbito, la Unión Europea exige a día de hoy a los Estados miembros contar con un sistema judicial digitalizado para agilizar los retrasos jurídicos, tal como establece el Reglamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales.
Esta llamada de atención surge tras los retrasos que se hicieron evidentes durante la pandemia.
Esta estadística, sacada del informe de 2025 de la EU Justice Scoreboard, coloca a España como uno de los países de la Unión Europea que tarda más en resolver los casos, con una media de 400 días hasta su resolución, lo que ha impulsado a nuestro país a acelerar su proceso de modernización digital en el ámbito judicial. El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo reconocía en 2023: “Un sistema judicial más digitalizado será más eficaz y accesible para los ciudadanos. La decisión de hoy facilitará a los ciudadanos y a las autoridades la comunicación entre sí y el intercambio de información cuando los procedimientos judiciales tengan lugar en más de un país de la UE”.
En este contexto de digitalización y transformación tecnológica, resulta inevitable preguntarse por el papel que podría desempeñar la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito jurídico. Si ya está ganando terreno en casi todos los ámbitos de nuestra vida, ¿por qué no podría aplicarse también en el sistema de justicia?
Varios estudios han explorado el papel de la IA en los procesos de mediación. Entre ellos, destacan los trabajos de la Universidad de Hamad bin Khalifa, en Catar –Artifical Intelligence and Mediation Ethics (Calo, 2024) y de Rusman y Surmeneva (2023)-, quienes analizan el uso de herramientas digitales en la mediación penal.
El estudio de Zachary R. Calo ofrece un análisis más profundo sobre los posibles usos que van desde: automatizar tareas administrativas hasta evaluar disputas, identificar posiciones y prioridades de las partes, elaborar cuestionarios o preguntas que faciliten la labor del mediador, analizar documentos, generar cronologías o resumir hechos.
Sin embargo, la gran pregunta no es si la inteligencia artificial puede intervenir en procesos de mediación, sino si debe hacerlo. Aunque su potencial para agilizar trámites y reducir cargas administrativas es innegable, aún persisten dudas sobre su fiabilidad, transparencia y capacidad para comprender los matices emocionales y culturales que caracterizan a los conflictos humanos.
Un estudio de Data61 de CSIRO, la rama digital y de datos de la agencia científica nacional de Australia, resalta la dificultad por parte de la IA en mantener la neutralidad y la imparcialidad. Los investigadores desarrollaron un procedimiento estructurado para detectar y analizar los puntos débiles en los procesos de toma de decisiones humanas. Para ello emplearon una ‘red neuronal recurrente’ combinada con técnicas avanzadas de aprendizaje profundo. El modelo se probó mediante tres experimentos, en los que participantes humanos interactuaban con un sistema informático. En cada prueba, la máquina fue adaptando su comportamiento a partir de las respuestas obtenidas, identificando patrones y explotando las vulnerabilidades cognitivas de las personas. El resultado final fue que la IA era capaz de orientar a los participantes hacia determinadas elecciones.
Esto plantea una cuestión fundamental: si una inteligencia artificial puede influir en las decisiones humanas, ¿no estaría en conflicto con la esencia de la mediación, cuyo objetivo es que las partes alcancen por sí mismas un acuerdo libre y voluntario? Aun así, los avances en IA generativa y análisis del lenguaje natural están abriendo la puerta a nuevos modelos de asistencia jurídica.
En algunos países, como Estonia, ya existe la idea desde el año 2000 del “juez-robot”, el cual resuelve pequeñas reclamaciones del ámbito civil de una cuantía no superior a 7.000 euros. En China, existen desde el 2019 los llamados “Tribunales de internet”, o juzgados online, con competencias en litigios sobre comercio electrónico, pagos virtuales, transacciones en la nube y conflictos en material de propiedad intelectual (Colomer, J.L.G., 2023).
China ha querido implementar también los “jueces robot” mediante IA como asistente, con el objetivo de proporcionar un análisis detallado del caso y obtener más pruebas, así como una mejora en la eficiencia de la tramitación de los casos.
Todos estos avances también se han visto presentes en España. Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional apuesta por el uso de los “jueces-robot” para casos sencillos como: reclamaciones de pequeñas cantidades, divorcios de mutuo acuerdo, … Para permitir que los jueces se encarguen de asuntos de mayor carga.
La clave no está en reemplazar al mediador, sino en redefinir su papel. En el futuro, la IA podría convertirse en una especie de “asistente virtual de la justicia”, capaz de manejar la carga técnica y documental mientras el mediador y el juez se centra en lo esencial.
Sara Belda Gómez es Criminóloga, especialista en Psicología Forense y Criminológica
