La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas en Europa y la percepción de que este fenómeno está aumentando se ha intensificado de forma notable durante los últimos años. Así lo refleja el último Eurobarómetro Especial 573 sobre las actitudes de los ciudadanos europeos ante la corrupción, elaborado por la Comisión Europea en 2026, que revela un creciente escepticismo respecto a la integridad de las instituciones públicas, los partidos políticos y las relaciones entre el poder económico y el político.
El estudio muestra que casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea, un 48%, considera que el nivel de corrupción ha aumentado en su país durante los últimos tres años. Se trata del dato más elevado registrado desde 2013 y supone un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2025. Mientras tanto, apenas un 8% de los europeos cree que la corrupción ha disminuido durante ese periodo, mientras que un 37% opina que la situación permanece igual.
España aparece entre los países donde la preocupación es más intensa. Un 67% de los españoles considera que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, situándose entre los porcentajes más altos de la Unión Europea, solo por detrás de países como Chipre, Grecia y Eslovenia.
La investigación refleja además que los ciudadanos europeos identifican a los partidos políticos como el ámbito donde la corrupción está más extendida. Más de la mitad de los encuestados en la UE, un 53%, considera que el soborno, el tráfico de influencias y el abuso de poder son prácticas frecuentes en las formaciones políticas. La percepción es aún más elevada en España, donde el 75% de los ciudadanos cree que la corrupción está ampliamente presente en los partidos políticos, una cifra solo superada por Grecia.
Junto a los partidos, los políticos de ámbito nacional, regional y local también generan una fuerte desconfianza. Casi la mitad de los europeos, un 49%, considera que las prácticas corruptas están extendidas entre los responsables políticos. Esta percepción ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros durante el último año, reflejando un deterioro de la confianza pública en la clase dirigente europea.
Otro de los aspectos más llamativos del informe es la valoración que hacen los europeos sobre las instituciones públicas. Tres de cada cuatro ciudadanos de la UE, un 76%, creen que existe corrupción en las instituciones nacionales de sus respectivos países, mientras que un 74% opina lo mismo respecto a las administraciones regionales y locales.
España vuelve a aparecer entre los países con peores indicadores. El 90% de los españoles considera que existe corrupción en las instituciones públicas nacionales, una percepción solo comparable a la registrada en Grecia y Portugal.
La sensación de politización de la Administración constituye otra de las grandes conclusiones del estudio. El 77% de los europeos cree que los nombramientos de altos cargos de la función pública están excesivamente condicionados por criterios políticos. En España esta opinión alcanza el 88%, uno de los porcentajes más elevados de toda la Unión Europea, solo superado por Grecia y muy próximo al registrado en Chipre.
La encuesta también pone de manifiesto el deterioro de la confianza en los mecanismos de contratación pública. Un 39% de los europeos considera que la corrupción está extendida entre los responsables de adjudicar contratos públicos, mientras que un 36% cree que ocurre lo mismo con los funcionarios encargados de conceder licencias urbanísticas o permisos de construcción.
Especialmente significativa resulta la percepción de que los contactos personales y las influencias son determinantes para acceder a servicios públicos. El 70% de los ciudadanos europeos considera que los sobornos o las relaciones personales constituyen con frecuencia la vía más fácil para obtener determinados servicios de la Administración. En algunos países mediterráneos esta percepción alcanza niveles extraordinariamente altos, reflejando una profunda desconfianza hacia la imparcialidad institucional.
Las dudas se extienden también al ámbito empresarial. El 63% de los europeos cree que la corrupción forma parte de la cultura empresarial de su país. Esta percepción resulta especialmente intensa en el sur y el este de Europa, donde amplios sectores de la población consideran que las relaciones privilegiadas entre empresas y poder político constituyen una realidad cotidiana.
Empresa y política
De hecho, casi ocho de cada diez europeos, un 79%, consideran que la excesiva proximidad entre los negocios y la política favorece la corrupción. Esta percepción ha aumentado respecto al año anterior y se ha convertido en una de las opiniones más compartidas entre los ciudadanos comunitarios.
La consecuencia directa de esta visión es que más de la mitad de los europeos, un 54%, cree que para triunfar en los negocios resulta imprescindible mantener conexiones políticas. En países como Grecia, Croacia, Bulgaria, Chipre o Italia esta percepción alcanza porcentajes superiores al 70%, lo que refleja una fuerte sensación de que las oportunidades económicas no dependen exclusivamente del mérito o la competitividad empresarial.
La corrupción también es percibida como un obstáculo para la libre competencia. El 67% de los ciudadanos europeos considera que el favoritismo y las prácticas corruptas perjudican el funcionamiento normal del mercado y dificultan la competencia entre empresas.
Respecto a la eficacia de la lucha contra la corrupción, los resultados muestran una opinión claramente crítica. Más de la mitad de los europeos, un 54%, considera que los esfuerzos de sus gobiernos para combatir este fenómeno no son efectivos. Además, uno de cada dos ciudadanos cree que no existen suficientes condenas ejemplares para disuadir a quienes participan en prácticas corruptas.
La percepción de impunidad constituye uno de los elementos más preocupantes del informe. El 69% de los europeos opina que los grandes casos de corrupción no son perseguidos con la intensidad necesaria por las autoridades de sus respectivos países. Paralelamente, un 47% considera que las medidas anticorrupción no se aplican de forma imparcial y sin motivaciones políticas.
Las dudas afectan asimismo a la financiación de los partidos políticos. Solo un 35% de los europeos cree que existe suficiente transparencia y supervisión sobre los recursos económicos que reciben las formaciones políticas, mientras que una mayoría del 55% sostiene lo contrario.
El informe revela además que la percepción de la corrupción varía según la experiencia personal. Los ciudadanos que afirman haber sufrido o presenciado situaciones corruptas muestran niveles de desconfianza significativamente superiores al resto de la población. Entre quienes han experimentado directamente algún caso de corrupción, más de tres cuartas partes creen que el fenómeno ha aumentado durante los últimos años.
