La eventual colaboración de escoltas o miembros de los dispositivos de seguridad en la fuga de personajes públicos procesados constituye uno de los escenarios que más preocupación genera entre jueces y cuerpos policiales, debido a que quienes tienen encomendada la protección de una personalidad disponen, en muchos casos, de información privilegiada sobre desplazamientos, protocolos y rutas de seguridad.
A lo largo de las últimas décadas, varios episodios han llevado a las autoridades a investigar si los equipos de protección facilitaron o encubrieron la huida de dirigentes y personalidades sometidas a procedimientos judiciales.
Uno de los casos más conocidos en España es el relacionado con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Tras abandonar España en 2017 y establecerse en Bélgica, la actuación de varios mossos que habían formado parte de su equipo de seguridad dio lugar a investigaciones y procedimientos judiciales. La Fiscalía llegó a sostener que algunos agentes pudieron haber contribuido a evitar la acción de la justicia, aunque los propios escoltas defendieron que actuaban siguiendo instrucciones legales y sin intención de ocultar el paradero del dirigente independentista. El asunto derivó en distintos procesos y en una intensa controversia política y judicial.
En Oriente Próximo, las sospechas también han alcanzado a antiguos dirigentes. El exvicepresidente iraquí Tariq al-Hashemi, acusado de terrorismo en 2011, protagonizó una fuga que abrió una investigación sobre algunos integrantes de su círculo de seguridad. Las autoridades iraquíes sostuvieron que varios de sus escoltas estaban implicados en actividades criminales y que el dirigente había conseguido eludir su detención gracias a la protección proporcionada por personas de su entorno.
Otro precedente se produjo en México con el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, reclamado por la Justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Diversas informaciones apuntaron a que seguía contando con agentes policiales asignados como escoltas incluso después de convertirse en prófugo, lo que provocó acusaciones sobre la utilización de recursos públicos para proteger a un investigado internacional.
Fuera del ámbito político, el caso del ex presidente de Nissan Carlos Ghosn mostró cómo las redes de seguridad privada pueden desempeñar un papel determinante en una evasión. El empresario, procesado en Japón por presuntas irregularidades financieras, logró abandonar el país en 2019 mediante una operación clandestina organizada con la ayuda de antiguos miembros de fuerzas especiales estadounidenses que actuaban como expertos en seguridad. Posteriormente, varios de los implicados fueron detenidos y extraditados.
La experiencia internacional demuestra que la participación de escoltas o personal de seguridad en fugas de personajes públicos es excepcional, pero cuando se produce suele dar lugar a investigaciones por encubrimiento, malversación o colaboración con la evasión. Los especialistas en seguridad institucional destacan que los protocolos modernos incluyen controles internos y sistemas de supervisión precisamente para evitar que quienes tienen acceso privilegiado a los movimientos de una personalidad puedan utilizar esa información para obstaculizar la acción de la justicia.
Roldán aprovechó la ausencia de vigilancia directa y posibles apoyos internos para escapar
El exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, no se fugó tras romper un dispositivo de seguimiento permanente, sino aprovechando precisamente que las autoridades no mantenían una vigilancia física constante sobre él. En abril de 1994, cuando la juez Ana Ferrer decidió ordenar su detención por las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y malversación, Roldán ya había desaparecido y las Fuerzas de Seguridad habían perdido su pista. El Ministerio del Interior tardó varias horas en cursar la orden judicial y, cuando los agentes acudieron al lugar donde se suponía que se encontraba, éste ya había abandonado España.
Según las investigaciones desarrolladas entonces, Roldán cruzó la frontera con Portugal sin encontrar obstáculos y comenzó una larga fuga internacional. El ministro del Interior, Antoni Asunción, asumió la responsabilidad política por la desaparición y presentó su dimisión. La búsqueda movilizó a equipos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del entonces CESID, que trabajaron por separado para intentar localizar al antiguo responsable del instituto armado.
Las pesquisas abiertas por Interior apuntaron a que Roldán pudo haber contado con la colaboración de antiguos subordinados y personas de confianza vinculadas a la Guardia Civil, lo que habría facilitado la preparación de la huida y el paso al extranjero. El Ministerio llegó a abrir investigaciones para depurar responsabilidades en caso de demostrarse la connivencia de miembros del cuerpo con el prófugo, aunque nunca se acreditó judicialmente una trama organizada dentro de la institución para encubrirle.
Roldán permaneció desaparecido durante 305 días, convirtiéndose en el fugitivo más famoso de la España democrática. Durante ese tiempo se especuló con su presencia en Francia, Suiza, Laos o Tailandia, mientras él mantenía contactos esporádicos y amenazaba con revelar información comprometedora sobre las estructuras del Ministerio del Interior. Finalmente, en febrero de 1995 fue localizado en Bangkok y entregado a las autoridades españolas, siendo posteriormente condenado a 31 años de prisión por cohecho, malversación, fraude fiscal y estafa.
En consecuencia, la fuga de Roldán no se produjo eludiendo una vigilancia estrecha de la Guardia Civil, sino aprovechando la falta de control directo sobre sus movimientos y, según las sospechas manejadas entonces por Interior, gracias a una red de contactos y apoyos personales que le permitió desaparecer antes de que la orden de detención pudiera ejecutarse.
