En plena polémica suscitada por el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez y las referencias a una eventual colaboración de los escoltas en una hipotética fuga, el presidente de la Asociación de Escoltas y CEO de Delta13Sec, Vicente de la Cruz, defendió este lunes en una entrevista concedida al programa El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, la profesionalidad de los equipos de protección y subrayó que su cometido no es vigilar a las personas a las que protegen, sino garantizar su seguridad.
Durante la conversación con la periodista Ana Rosa Quintana, De la Cruz rechazó implícitamente las sospechas que han rodeado a la actuación de los escoltas y recordó que “cualquier persona puede ayudar a otra a huir de un país”, aunque precisó que esa posibilidad teórica “incluye a cualquier persona”, mientras que “la labor de un escolta es proteger a una persona determinada”.
En este sentido, explicó que los miembros de un dispositivo de seguridad acompañan a la persona protegida hasta el lugar que se les indique, pero que “no tienen por qué saber dónde va” y que, si la misión, por ejemplo, consiste en trasladarla hasta una base aérea como Torrejón, “allí se la lleva y no hay nada más que decir”.
El presidente de la Asociación de Escoltas recordó que la protección personal es una función distinta del control de fronteras o de pasajeros. “Hay otros policías, guardias civiles o militares que son los que hacen un control de fronteras, un control de documentación y un control de pasajeros en cualquier vuelo”, señaló, antes de insistir en que “la función del escolta no es controlar si esa persona sale o no sale del territorio nacional. Es proteger a la persona a la que tiene asignada”.
En relación con el debate abierto tras la resolución judicial, De la Cruz afirmó que, “si lo leemos con exquisitez, (el juez) está diciendo que los policías se tienen que encargar de vigilarla, y no es el trabajo de los policías que escoltan a la mujer del presidente del Gobierno vigilarla, su trabajo es protegerla”.
Asimismo, recordó que incluso hay ocasiones en las que la persona protegida prescinde temporalmente del dispositivo. “Cuando ella no quiere, no están ahí”, indicó, en alusión a un reciente episodio protagonizado por Begoña Gómez en una cafetería, donde el periodista Vito Quiles la abordó para preguntarle por su situación. “Estaba sola porque le dijo a los escoltas que no entrasen”, añadió.
Respecto al conocimiento que tienen los equipos de seguridad sobre los desplazamientos del protegido, Vicente de la Cruz explicó que el jefe del dispositivo dispone normalmente de la agenda diaria para preparar rutas y analizar riesgos. “Hay que garantizar las rutas, dónde va, qué puede ocurrir”, señaló. Sin embargo, puntualizó que, si la persona protegida decide no facilitar determinada información, “el equipo no la va a tener”.
El presidente de la Asociación de Escoltas destacó igualmente la especialización de estos profesionales y recordó que los policías destinados a labores de protección reciben una preparación específica. “Un policía sale de la Academia de Ávila y, si va a hacer protección, tiene que hacer un curso de especialización en ese ámbito”, explicó, subrayando además la existencia de programas de reciclaje continuo.
Preguntado por algunas tareas accesorias que en ocasiones desempeñan los escoltas, admitió que determinadas actuaciones pueden justificarse desde la óptica de la seguridad. Así, señaló que incluso acciones como reservar una mesa en un restaurante pueden responder a criterios de protección. “Todo se puede justificar, pero la labor de un escolta es garantizar la seguridad, la libertad de circulación, la libertad de opinión y de expresión; es decir, garantizar los derechos constitucionales de una persona”, afirmó.
De la Cruz, preguntado por la contravigilancia de la que, por su seguridad, disfrutó Leire Díez, detalló que la asignación de dispositivos de seguridad responde a análisis técnicos elaborados por la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional. Según explicó, en función de los riesgos detectados se determina el número de efectivos o las medidas más adecuadas. “Es una decisión técnica que se eleva a un nivel político”, señaló, aclarando que son los responsables superiores quienes finalmente validan o rechazan las propuestas formuladas por los especialistas.
Sobre la posibilidad de que los escoltas sean testigos de conversaciones o reuniones relevantes, recordó que están obligados legalmente a guardar secreto profesional. “El escolta tiene la obligación legal de mantener el sigilo y no dar conocimiento de lo que conoce por su función a terceros”, afirmó. Además, explicó que los agentes están permanentemente geolocalizados y que al finalizar cada jornada elaboran un informe de carácter técnico. “No es un informe de con quién ha estado hablando, porque eso sería una vigilancia de la persona protegida. No es lo que procede”, puntualizó.
La intervención de Vicente de la Cruz se produce en medio de la controversia generada por las alusiones del juez Peinado a una eventual ayuda de los escoltas en una hipotética fuga de Begoña Gómez, unas referencias que han provocado malestar tanto en la Dirección General de la Policía Nacional como entre sindicatos policiales, y hasta el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes han reivindicado el carácter estrictamente técnico y garantista de su labor.
