La Dirección General de la Policía Nacional ha emitido un comunicado institucional en el que expresa su malestar por el contenido del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El cuerpo policial considera que algunas de las afirmaciones recogidas por el magistrado suponen una “valoración especulativa” e introducen una “sombra de sospecha injustificada” sobre la actuación de los agentes encargados de su protección.
La reacción de la Policía se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordara abrir juicio oral contra Begoña Gómez e impusiera medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte. En su resolución, el magistrado argumentó que existía riesgo de fuga y llegó a señalar que los escoltas asignados a la esposa del presidente podrían, hipotéticamente, facilitar esa huida, una consideración que ha provocado una fuerte contestación dentro del propio cuerpo policial y en diferentes ámbitos institucionales.
En su nota oficial, la Dirección General de la Policía subraya que los agentes actúan siempre sometidos al ordenamiento jurídico y al mandato constitucional recogido en el artículo 104 de la Carta Magna, que les encomienda la protección de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. El comunicado recalca la “más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio” de los funcionarios policiales, al tiempo que insiste en que el cumplimiento de sus obligaciones está presidido por la neutralidad y la colaboración permanente con jueces y tribunales.
La cúpula policial también ha querido dejar claro que la defensa de sus agentes es plenamente compatible con el respeto a la independencia judicial y a las resoluciones de los tribunales. No obstante, considera necesario responder públicamente ante unas afirmaciones que, a su juicio, ponen en cuestión sin fundamento la profesionalidad de quienes integran los servicios de protección.
El malestar no se limita a la Dirección General. Diversos sindicatos policiales han mostrado igualmente su rechazo al contenido del auto y han trasladado que las alusiones a una eventual colaboración de los escoltas en una hipotética fuga dañan la imagen y el prestigio de los funcionarios encargados de la seguridad. Algunas organizaciones han remitido escritos al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial para expresar su preocupación por las referencias incluidas en la resolución judicial.
La polémica ha adquirido además una dimensión institucional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió una comunicación a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para trasladar su preocupación por el contenido del auto. Paralelamente, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces estudia hoy lunes las diferentes quejas y la posibilidad de abrir actuaciones disciplinarias relacionadas con las manifestaciones del magistrado.
El asunto ha generado también reacciones políticas. Desde el Partido Popular se ha considerado comprensible el malestar de los policías y se ha expresado respaldo a la profesionalidad e imparcialidad del cuerpo, mientras que el Gobierno y dirigentes socialistas han acusado al juez de mantener una instrucción marcada por la “obsesión” y la “persecución” contra Begoña Gómez.
La controversia alrededor del auto de Juan Carlos Peinado añade un nuevo episodio a una causa judicial que, desde su apertura, ha estado acompañada de una intensa confrontación política e institucional y que ahora ha provocado un hecho poco habitual: una respuesta pública de la Policía Nacional para defender la honorabilidad de sus agentes frente a las sospechas planteadas por el instructor.
