El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha prohibido abandonar el territorio nacional, además de imponerle la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La decisión se produce después de que el magistrado haya acordado la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid atiende parcialmente las peticiones formuladas por las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír, que habían solicitado medidas cautelares al considerar que existía riesgo de fuga. El juez ha extendido las mismas restricciones a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa vinculada a la causa, mientras que no ha adoptado medidas similares respecto al empresario Juan Carlos Barrabés.
En su auto, Peinado argumenta que existen «indicios racionales de criminalidad» y sostiene que las elevadas penas que podrían derivarse de una eventual condena justifican la adopción de medidas cautelares. El magistrado también señala que la condición de esposa del presidente del Gobierno y el entorno institucional del que dispone podrían facilitar una eventual salida del país, extremo que ha suscitado una fuerte controversia política.
La apertura de juicio oral culmina una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y desarrollada durante más de dos años. Durante la instrucción se han analizado las actividades profesionales de Begoña Gómez y su relación con proyectos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, así como la participación del empresario Juan Carlos Barrabés en diversas adjudicaciones y colaboraciones empresariales.
Las acusaciones sostienen que la posición institucional de Gómez pudo haber influido en determinadas decisiones y relaciones profesionales, mientras que la Fiscalía y las defensas han cuestionado reiteradamente la existencia de pruebas suficientes.
La decisión del magistrado supone un cambio respecto a anteriores pronunciamientos. En noviembre de 2024, el propio juez rechazó retirar el pasaporte a Begoña Gómez al considerar que se trataba de una medida «innecesaria y desproporcionada». Sin embargo, la nueva fase procesal y la proximidad del juicio han llevado al instructor a modificar su criterio.
Las acusaciones populares consideran que la apertura del juicio oral confirma la existencia de indicios suficientes para llevar a los acusados ante un tribunal del jurado. Las defensas, mientras tanto, mantienen que se ha producido una situación de indefensión y preparan los correspondientes recursos contra la decisión judicial.
La causa de Begoña Gómez se ha convertido en uno de los procedimientos con mayor repercusión política y mediática de los últimos años en España, al afectar directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno y alimentar la confrontación entre Ejecutivo, oposición y determinados sectores del poder judicial. Mientras continúan los recursos y los trámites previos, las medidas cautelares permanecerán vigentes durante toda la tramitación del procedimiento hasta que exista una resolución firme.
