La imperiosa necesidad de pruebas sólidas y documentación lícita para investigar los fraudes digitales

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Luis Miguel Belda
Luis Miguel Belda
Periodista y Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia

José Manuel Suárez Robledano, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), defendió la necesidad de que las investigaciones sobre fraude digital se apoyen en pruebas documentales sólidas, contrastadas y obtenidas de forma lícita. El magistrado realizó estas consideraciones durante su participación en una mesa redonda sobre fraude digital organizada por La Sociedad Clave, en la que abordó los límites de la investigación judicial, la validez de las pruebas y las dificultades que plantea la persecución de las estafas de mayor dimensión económica.

Suárez Robledano distinguió entre la investigación prospectiva prohibida y las hipótesis o sospechas que pueden orientar el trabajo de los investigadores. En este sentido, recordó que la prohibición de las investigaciones prospectivas no impide que los investigadores privados formulen conjeturas o planteen líneas de trabajo que permitan iniciar una investigación. La cuestión fundamental, explicó, es que la información que finalmente se traslade al juzgado cuente con una base probatoria suficiente.

«Lo que está prohibido es la investigación prospectiva inicial, pero no está prohibida la investigación prospectiva que realicen los investigadores«, señaló. A su juicio, los investigadores pueden elaborar hipótesis y reunir indicios que, aunque no sean suficientes por sí mismos para formular una acusación, sí pueden servir para poner en marcha una investigación. Para ello, insistió en que la documentación que llegue al instructor debe ser «válida, eficaz y lícitamente obtenida», además de respetar los derechos fundamentales.

En este contexto, el magistrado llamó la atención sobre la Ley del Derecho de Defensa, una norma que, en su opinión, no recibe suficiente atención pese a la importancia que atribuye a sus disposiciones en materia de aportación documental. Suárez Robledano consideró que este marco legal debe tenerse especialmente presente cuando se pretende incorporar al procedimiento información obtenida durante investigaciones privadas.

La importancia de asegurar las pruebas

Uno de los mensajes centrales de su intervención fue la necesidad de garantizar la autenticidad, validez y eficacia de las pruebas antes de trasladarlas a los tribunales. El magistrado advirtió de que no basta con disponer de indicios o sospechas: es imprescindible que exista un soporte documental contrastado y que su obtención no plantee dudas desde el punto de vista jurídico.

«Hay que asegurar la prueba. Tiene que haber siempre un soporte documental de cierta validez y eficacia, que esté contrastado, que no tenga dudas», afirmó.

En relación con este asunto, también pidió prudencia en el uso de grabaciones telefónicas como elemento probatorio. Aunque explicó que tradicionalmente se ha considerado válida la grabación de una conversación realizada por uno de sus participantes, apuntó que algunas resoluciones judiciales recientes han empezado a plantear cuestiones sobre este tipo de pruebas.

«Cuidado con las grabaciones», advirtió, antes de recomendar que se tengan en cuenta las últimas sentencias sobre las denominadas grabaciones bidireccionales. Suárez Robledano defendió que los investigadores y los profesionales que preparan los procedimientos deben extremar las precauciones para evitar que la prueba pueda ser cuestionada posteriormente.

Críticas a las penas por estafa y a la lentitud de los procedimientos

El magistrado también expresó su preocupación por la respuesta penal a los fraudes de mayor cuantía. En particular, consideró que las penas previstas en el Código Penal español para determinadas estafas resultan insuficientes en relación con la dimensión económica de los perjuicios ocasionados. «La penalidad del Código Penal español vigente para las estafas de cierta importancia es ridícula», afirmó durante la mesa redonda.

Para ilustrar su argumento, relató un caso conocido durante su trayectoria profesional en el que una persona condenada a tres años de prisión por una estafa inmobiliaria volvió a cometer un fraude después de cumplir parte de la condena. Según su exposición, en el primer procedimiento el perjuicio ascendió a tres millones de euros y, en el segundo, a otros cuatro millones. El ejemplo le sirvió para subrayar las dificultades que existen para evitar la reincidencia y recuperar el dinero defraudado.

Suárez Robledano incidió también en que los condenados por estafa no siempre disponen de bienes fácilmente localizables para hacer frente a las indemnizaciones. Explicó que, en su experiencia, algunos defraudadores colocan los activos a nombre de familiares o personas de su entorno, lo que complica su identificación y recuperación. Como ejemplo, recordó el caso de un vehículo de lujo, un Ferrari Testarossa, que figuraba a nombre de la abuela de uno de los implicados, de 92 años.

A estas dificultades se suma, según explicó, la duración de los procedimientos judiciales. El magistrado señaló que las causas por grandes fraudes pueden prolongarse durante años y que los retrasos pueden terminar beneficiando a los acusados mediante la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, en ocasiones muy cualificada.

«Los proyectos se alargan años», indicó, al explicar que la prolongación de los procedimientos puede reducir de forma considerable las consecuencias penales. En determinados casos, sostuvo, las condenas pueden acabar limitándose a penas de multa o a periodos de prisión relativamente cortos.

El fraude tecnológico, entre los ámbitos de mayor incidencia

En la parte final de su intervención, Suárez Robledano se refirió a los sectores en los que, según su experiencia, se están produciendo algunas de las estafas más relevantes. Entre ellos destacó el ámbito tecnológico, con especial atención a los hackeos de números de teléfono móvil y de cuentas de correo electrónico.

El magistrado enmarcó estas prácticas en un escenario en el que las herramientas digitales pueden facilitar la suplantación de identidades y la ejecución de operaciones fraudulentas. Su exposición puso de relieve que la investigación de estos delitos exige combinar el conocimiento técnico con una preparación jurídica rigurosa de las pruebas que posteriormente se presenten ante los tribunales.

La mesa redonda convocada por La Sociedad Clave reunió reflexiones desde distintos ámbitos sobre los desafíos del fraude digital. La intervención de José Manuel Suárez Robledano puso el foco en una cuestión decisiva para la persecución de estas conductas: que la investigación avance sobre indicios legítimos, pero que las pruebas que lleguen al procedimiento judicial estén debidamente documentadas, contrastadas y obtenidas con respeto a las garantías legales.

El evento íntegro de La Sociedad Clave puede visionarse aquí:

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