La desinformación ya no es ruido de fondo en el debate público, sino que se ha convertido en un vector de poder que explota las vulnerabilidades sociales, tecnológicas e institucionales para erosionar la cohesión democrática en Europa y España. Frente a este desafío, la inteligencia se ve obligada a abandonar la comodidad del ciclo clásico y a adentrarse en el dominio cognitivo, integrando OSINT, el análisis de redes y la cooperación multinivel para detectar, atribuir y neutralizar campañas de manipulación antes de que adquieran efectos sistémicos.
Entre la protección del espacio informativo y la preservación del pluralismo se dibuja así una frontera delicada, donde la legitimidad deja de ser un mero requisito jurídico para convertirse en el centro de gravedad de toda estrategia de defensa cognitiva.
La desinformación ha dejado de ser un fenómeno marginal asociado exclusivamente a los rumores o a las noticias falsas aisladas. En la última década se ha consolidado como una herramienta estratégica, que se utiliza de forma sistemática en los entornos de la competencia geopolítica, las crisis sanitarias y los procesos electorales.
Ante este escenario, tanto la Unión Europea como los Estados miembros, entre ellos España, han iniciado una adaptación doctrinal profunda que obliga a repensar el ciclo clásico de inteligencia y su encaje en lo que ya se denomina, con normalidad creciente, el dominio cognitivo.
En el ámbito europeo, el punto de inflexión ha sido la formulación del concepto de Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), impulsado por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Esta noción parte de una premisa clara: la manipulación informativa no es un subproducto del debate público digital, sino que es una actividad deliberada, coordinada y, en muchos casos, encubierta, orientada a influir en las percepciones, las decisiones políticas y la cohesión social.
Desde esta óptica, la inteligencia ya no puede limitarse a identificar las narrativas falsas, sino que debe analizar las arquitecturas operativas, los actores que actúan como intermediarios y los servicios que permiten que estas campañas escalen a nivel transnacional.
La Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa de la Unión Europea y los informes más recientes sobre las amenazas híbridas refuerzan esta visión. El espacio informativo se concibe como un entorno a proteger, al mismo nivel que los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial o cibernético.
En consecuencia, el ciclo de inteligencia se orienta cada vez más hacia la detección temprana de los patrones de coordinación, la atribución de las campañas y el intercambio ágil de información entre Estados, instituciones y plataformas tecnológicas. No se trata de reaccionar ante cada contenido engañoso, sino de anticiparse las dinámicas de interferencia y neutralizar sus capacidades antes de que generen efectos sistémicos.
España se mueve en una línea convergente. La Estrategia de Seguridad Nacional, ahora en revisión y actualización, identifica expresamente a la desinformación y a las amenazas híbridas (estrategias híbridas en el documento) como riesgos que afectan a la estabilidad institucional y a la confianza de los ciudadanos.
Este reconocimiento doctrinal ha supuesto un cambio relevante en la forma de entender la inteligencia. La protección del espacio cognitivo se integra en un enfoque más amplio de seguridad integral, donde confluyen la inteligencia estratégica, la seguridad interior, la ciberseguridad y la cooperación internacional.
La alineación práctica se observa en varios niveles. En primer lugar, en la fase de dirección del ciclo de inteligencia, donde los requisitos ya no se formulan solo en términos de los actores hostiles clásicos, sino de las capacidades, los servicios y las vulnerabilidades sociales explotables.
En segundo lugar, en la obtención, que incorpora de forma sistemática las fuentes abiertas (OSINT), los análisis de las redes sociales y la cooperación con organismos técnicos, siempre bajo estrictos parámetros legales. Y, en tercer lugar, en la elaboración, que combina las herramientas tecnológicas con el juicio humano experto para evaluar los impactos cognitivos, sin ceñirse únicamente a la veracidad factual de los mensajes.
Un elemento clave de esta alineación doctrinal es la legitimidad. Tanto la Unión Europea como España subrayan que la defensa cognitiva no equivale en modo alguno al control del discurso público. El objetivo no es regular las opiniones ni limitar el pluralismo, sino proteger a la sociedad frente a las interferencias encubiertas, organizadas y de carácter instrumental. Esta distinción es esencial para mantener la confianza ciudadana y preservar los valores democráticos que, paradójicamente, son el principal objetivo de las campañas de desinformación.
En este contexto, el ciclo de inteligencia se transforma en una herramienta de resiliencia democrática. Su función no es solo alertar o neutralizar, sino también es informar a los responsables de las decisiones, apoyar políticas públicas coherentes y contribuir a una comprensión social más sólida del entorno informativo. La inteligencia, tradicionalmente asociada a la sombra y al secreto, adquiere así una dimensión preventiva y estructural en la protección del espacio cognitivo.
La alineación entre los marcos doctrinales europeos y los nacionales muestra, en definitiva, una tendencia clara: la seguridad del siglo XXI ya no se juega únicamente en las fronteras físicas o los sistemas tecnológicos, sino en la capacidad de las sociedades para resistir la manipulación organizada de percepciones y narrativas. Adaptar el ciclo de inteligencia a este desafío no es una opción, sino una necesidad estratégica.
En el siglo XXI, la verdadera línea de frente no se traza en las fronteras físicas, sino en la mente de los ciudadanos que se resisten a ser convertidos en el objetivo de operaciones de influencia permanentes.
Juan Manuel Llenderrozas es General de Brigada de la Guardia Civil (R)
