El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés ICE (Immigration and Customs Enforcement), es la principal agencia federal encargada de la aplicación de las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense.
Nació oficialmente el 1 de marzo de 2003 como parte de la reorganización del aparato de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el Congreso aprobó la Homeland Security Act de 2002, que creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reestructuró funciones que antes estaban dispersas entre distintas agencias federales.
ICE es resultado de la fusión de funciones del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que fue disuelto. Esta agencia se diseñó para ser el brazo principal en la seguridad interior de la nación, con el objetivo declarado de hacer cumplir leyes migratorias y combatir delitos transnacionales que pudieran afectar la seguridad pública.
De un tiempo a esta parte, ICE se encuentra en el ojo de una polémica crecientemente agravada por un modus operandi que se ha cobrado en pocos días la vida de dos personas.
ICE depende jerárquicamente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), el mismo departamento que supervisa otras agencias de seguridad como U.S. Customs and Border Protection (CBP) y U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Su sede principal está en Washington D.C., y su director es nombrado por el presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado.
Estructura y funciones
La estructura interna de ICE se divide principalmente en dos grandes ramas:
- Enforcement and Removal Operations (ERO): esta sección se encarga de las detenciones, custodia y deportación de personas indocumentadas o con violaciones migratorias. Su labor incluye ejecutar órdenes de expulsión, administrar centros de detención y coordinar con otros cuerpos federales y locales para arrestos.
- Homeland Security Investigations (HSI): se ocupa de investigar crímenes transnacionales, como tráfico de personas, narcotráfico, fraude de documentos, redes criminales y otros delitos que cruzan fronteras y afectan tanto la inmigración como la seguridad interior.
Además, ICE cuenta con divisiones que gestionan asuntos legales, administración interna y la responsabilidad profesional dentro de la agencia. Aunque comúnmente se le asocia con la “policía migratoria”, en muchos casos agentes de HSI trabajan en delitos federales que no están directamente relacionados con migración.
Atribuciones y competencias
ICE tiene atribuciones federales de aplicación de la ley que le permiten, entre otras acciones, detener, arrestar y deportar a inmigrantes sin estatus legal, así como llevar a cabo investigaciones criminales complejas relacionadas con inmigración y aduanas.
En teoría, estas acciones deben respetar el debido proceso y las garantías constitucionales, aunque la normativa interna y algunos memorandos han ampliado las facultades operativas, como la posibilidad de entrar en domicilios con órdenes administrativas sin intervención judicial, algo que ha generado críticas y debates sobre violaciones a derechos civiles.
ICE también desempeña funciones de colaboración con otras fuerzas, incluidas agencias federales como FBI, DEA y ATF, así como con departamentos de policía locales a través de programas como 287(g), que autorizan a las fuerzas locales a ejecutar funciones de inmigración bajo supervisión federal.
Cifras de detenidos y deportaciones
Históricamente, ICE ha realizado millones de detenciones y deportaciones desde su creación. Entre octubre de 2014 y noviembre de 2024, por ejemplo, se registraron aproximadamente 3,62 millones de ingresos a custodia de ICE (book-ins) en diferentes centros de detención en Estados Unidos.
Datos más recientes muestran una intensificación notable de estas acciones: en el año fiscal 2024, por ejemplo, ICE reportó 149.070 arrestos, de los cuales 113.430 fueron detenciones administrativas relacionadas con violaciones migratorias.
Bajo la administración del presidente Donald Trump en 2025, las cifras de arrestos y detenciones explotaron: informes periodísticos y análisis independientes señalan que ICE llegó a detener más de 260.000 personas en operaciones durante 2025, con un objetivo explícito declarado de alcanzar hasta 3.000 arrestos diarios. Además, informes apuntan a que casi 75.000 personas arrestadas en 2025 no tenían antecedentes criminales, lo que evidencia un cambio en el enfoque de aplicación de la ley migratoria hacia acciones más amplias en comunidades.
En términos de población en detención, ICE ha mantenido cifras récord, con unos 59.000 detenidos simultáneamente en custodia en junio de 2025, la cifra más alta desde 2019.
Controversias, muertes en custodia y uso de fuerza letal
Desde su creación, ICE ha sido foco de numerosas controversias públicas y políticas, desde cuestionamientos sobre sus métodos hasta denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos. Parte de estas controversias gira en torno a las muertes de personas bajo custodia de ICE y el uso de fuerza durante operaciones o redadas.
Las estadísticas oficiales y académicas muestran que, entre 2018 y 2023, se reportaron 50 muertes en custodia de ICE, con tasas variables dependiendo del año fiscal. Sin embargo, datos de 2025 revelan que ese año fue el más mortífero desde 2004, con al menos 32 personas fallecidas en custodia, entre causas médicas, suicidios y otros incidentes, lo que despertó alarma entre defensores de derechos humanos, familias y legisladores.
Además, informes periodísticos recientes han documentado 16 incidentes en 2025 en los que agentes de migración dispararon contra personas, resultando en al menos cuatro muertos y siete heridos, además de otros encuentros con armas no letales durante protestas y arrestos.
Casos específicos como la redada de Camarillo en julio de 2025, donde más de 319 personas fueron detenidas, un trabajador murió mientras intentaba escapar y al menos 12 trabajadores resultaron heridos, demuestran la violencia y el impacto humanitario de algunas operaciones.
Otra tragedia que alimentó el debate fue la muerte bajo custodia de un inmigrante cubano, cuya autopsia determinó homicidio por asfixia debido a compresión del cuello y torso, lo que generó investigaciones y protestas sobre las condiciones en instalaciones privadas que custodian a ICE.
