La situación de seguridad que atraviesa Ceuta empieza a tener una repercusión directa sobre los costes de funcionamiento de las empresas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido durante su visita a la ciudad autónoma de que algunos negocios se están viendo obligados a contratar servicios de seguridad privada para poder desarrollar su actividad con unas mínimas garantías.
Garamendi trasladó esta preocupación después de reunirse en Ceuta con representantes del tejido empresarial y con la cúpula de la patronal española. La CEOE desplazó hasta la ciudad su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva, en una jornada destinada a conocer sobre el terreno el impacto que la actual crisis está teniendo sobre empresas, autónomos y trabajadores.
El presidente de la organización empresarial señaló que los empresarios quieren recuperar cuanto antes la normalidad, pero advirtió de que existen actualmente establecimientos en los que la actividad económica se desarrolla en unas condiciones extraordinarias. Entre ellas figura la necesidad de recurrir a vigilantes privados para proteger determinados negocios.
La consecuencia es clara: la seguridad se está convirtiendo en un nuevo coste de explotación para empresas que, en muchos casos, son pequeños comercios y pymes con una capacidad financiera limitada. A los descensos de actividad y facturación se suma así una factura adicional que no estaba contemplada en sus estructuras habituales de gastos.
La propia CEOE ha señalado que la situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Durante su visita, Garamendi reclamó que el Estado garantice las condiciones necesarias para que ciudadanos y empresarios puedan desarrollar su actividad con normalidad y subrayó que la responsabilidad última de garantizar la seguridad corresponde a las instituciones públicas.
La preocupación empresarial no se limita, además, al coste de contratar vigilancia. La incertidumbre está condicionando el funcionamiento de establecimientos, la movilidad de trabajadores y clientes y, en algunos casos, el acceso a determinadas instalaciones. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denunció también que algunos autónomos y empresas están teniendo dificultades incluso para acceder a sus propias naves y locales.
El impacto económico de la crisis ya es significativo. La Cámara de Comercio de Ceuta ha cifrado en 33,04 millones de euros las pérdidas directas acumuladas por el sector privado hasta el 30 de agosto, mientras que la patronal ceutí ha advertido de que las pérdidas continúan aumentando. En este contexto, la contratación extraordinaria de seguridad privada se suma a otros gastos derivados de la situación.
La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, reclamó una respuesta inmediata y un plan que permita a las empresas afrontar la situación mientras persistan las actuales circunstancias. A su juicio, las medidas económicas aprobadas por el Gobierno pueden resultar útiles para una fase posterior, pero no resuelven por sí mismas los problemas que están sufriendo actualmente los negocios.
La patronal española considera, por tanto, que la recuperación de la actividad económica pasa necesariamente por recuperar primero la confianza y las condiciones de seguridad. Garamendi ha insistido en que los empresarios quieren volver a trabajar con normalidad y ha agradecido la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El episodio pone de manifiesto, además, el papel que está desempeñando la seguridad privada como elemento complementario de protección del tejido empresarial en un escenario extraordinario. Para los comercios, contar con vigilantes puede proporcionar una respuesta inmediata, pero también supone asumir un gasto que, en circunstancias normales, no formaría parte de sus costes habituales.
La CEOE reclama así que las medidas de apoyo económico vayan acompañadas de una recuperación efectiva de las condiciones de seguridad que permitan a los comercios, empresas y autónomos de Ceuta recuperar progresivamente su actividad. El objetivo, según la patronal, es que la vigilancia privada vuelva a ser un recurso complementario y no una necesidad derivada de una situación prolongada de inseguridad.
