En un nuevo giro de las políticas migratorias en Estados Unidos, un informe del Deportation Data Project revela que las deportaciones desde el interior del país se han cuadruplicado y los arrestos en las calles por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han multiplicado por once durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump.
El análisis, publicado hace pocas semanas por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), marca un punto de inflexión en la manera como el gobierno estadounidense aplica la ley contra inmigrantes sin estatus legal dentro del territorio nacional.
La investigación, liderada por académicos y abogados especializados en derecho migratorio, se centró en el periodo que abarca desde la inauguración del nuevo mandato presidencial hasta mediados de octubre de 2025. Gracias a solicitudes de información y litigios impulsados por la UCLA, el equipo logró acceder a datos oficiales de ICE detallando arrestos en las comunidades —no solo en centros de detención o prisiones locales— así como las deportaciones efectivas, brindando una imagen más completa de cómo se está implementando la política de enforcement en el país.
Cifras que rompen expectativas: deportaciones y detenciones
Según el informe, las deportaciones iniciadas por ICE dentro de Estados Unidos se han incrementado más de 4.6 veces en comparación con el último año de la administración anterior. Esto refleja no solo una intensificación de las operaciones, sino también un cambio estratégico en la forma de identificación y captura de inmigrantes.
A su vez, las detenciones en la vía pública —conocidas como “at-large” (en libertad aparente)— han aumentado de manera exponencial, lo que implica que agentes no se limitan a recoger a personas detenidas previamente por otra autoridad (como una cárcel local), sino que rastrean, buscan y arrestan a individuos en sus vecindarios, en centros de trabajo y hasta cerca de tribunales. Informes periodísticos independientes y análisis de datos sugieren que estas redadas representan un cambio de táctica significativo con respecto a años recientes, y que en algunos períodos han resultado en cifras de arrestos nunca antes vistas.
Quiénes son los detenidos y deportados
Un elemento que ha generado fuerte debate y controversia es la composición de las personas arrestadas. Investigaciones periodísticas y estudios académicos señalan que una proporción significativa de los arrestados no tiene antecedentes penales ni convicciones por delitos graves.
Un análisis del Brennan Center for Justice, por ejemplo, encontró que, pese a que ICE ha aumentado su presupuesto y su fuerza de agentes, la proporción de inmigrantes arrestados con antecedentes criminales se ha reducido, y muchos detenidos están siendo procesados por delitos de entrada o permanencia irregular, que son cuestiones civiles más que delitos criminales según el sistema estadounidense.
Además, una investigación del Asian American Studies Center de la UCLA detalla cómo los arrestos han aumentado para comunidades específicas, como las de origen asiático, donde entre febrero y mayo de 2025 el número de arrestos casi se triplicó comparado con el año anterior, aunque aún representan una fracción de los totales.
Estos patrones han llevado a críticas de organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes que señalan que la narrativa oficial —centrada en la idea de “criminales peligrosos” o “los peores delincuentes”— no se corresponde con la realidad de muchos de los arrestados. De hecho, datos recientes muestran que un alto porcentaje de personas detenidas no han sido condenadas por delitos violentos, y muchas nunca han enfrentado cargos formales más allá de su estatus migratorio.
Operaciones locales y repercusiones comunitarias
El impacto de estas políticas no se limita a las cifras agregadas, sino que también se refleja en comunidades específicas. Por ejemplo, datos recopilados en estados como Colorado muestran que los arrestos por parte de ICE cuadruplicaron en 2025 comparado con 2024, y entre los detenidos se contaban personas de todas las edades, incluidos niños y personas mayores, lo que ha generado indignación entre organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, en estados como Texas, las cifras indican que una parte sustancial de los arrestos de inmigrantes bajo el nuevo mandato se han realizado en centros de detención locales, con un aumento en la proporción de personas sin antecedentes penales que son trasladadas a custodia de ICE tras ser arrestadas originalmente por otras razones.
La intensificación de las redadas y deportaciones ha generado también una ola de demandas legales y protestas. Grupos como la ACLU (American Civil Liberties Union) han denunciado prácticas de perfil racial, uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos constitucionales en operaciones de inmigración que involucran a ciudadanos estadounidenses y residentes legales. En algunos casos, como una redada en una pista de carreras en Idaho, se ha argumentado que las autoridades usaron como pretexto otras investigaciones para detener a latinos sin justificación clara, provocando demandas federales.
El auge en la presentación de hábeas corpus y otros recursos legales, especialmente en estados como Minnesota, también subraya las tensiones entre las políticas federales de inmigración y los derechos constitucionales de los individuos detenidos, incluyendo alegaciones de detenciones arbitrarias y justicia denegada.
El informe de la UCLA contextualiza esta escalada dentro de una administración federal que ha puesto la inmigración en el centro de su agenda desde el inicio. A diferencia de gobiernos anteriores que priorizaban la detención y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, las políticas recientes han ampliado el alcance a casos civiles relacionados con el estatus migratorio. Esto no solo ha multiplicado las cifras de deportaciones, sino que también ha transformado los métodos de enforcement, con un mayor énfasis en arrestos en la comunidad y operaciones fuera de los entornos de detención tradicionales.
Diversos críticos señalan que estas políticas reflejan una visión punitiva y expansiva de la ley migratoria, que puede socavar la confianza entre comunidades inmigrantes y las autoridades, y alimentar temores de deportación incluso entre personas que tienen órdenes de comparecer ante cortes migratorias o que están bajo programas de alivio temporal. Estas tensiones se han convertido en un tema de debate en el debate político nacional, con legisladores de ambos partidos discutiendo posibles reformas y límites a las facultades de ICE.
Impacto social y humano
Más allá de las estadísticas, las historias de quienes han sido detenidos o deportados reflejan el costo humano de estas políticas. Familias separadas, padres deportados dejando a hijos en Estados Unidos, y comunidades enteras afectadas por la incertidumbre, han sido parte de la narrativa mediática y de organizaciones de apoyo, que documentan casos de detenciones incluso en contextos donde las personas iban a citas programadas o estaban cumpliendo con requisitos legales para su caso migratorio.
Este fenómeno ha intensificado los llamados por una reforma migratoria integral que equilibre la seguridad y el rule of law con los derechos humanos y las realidades socioeconómicas de millones de residentes inmigrantes sin estatus legal, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante años y contribuyen a sus comunidades y economías locales.
La difusión de datos detallados como los del Deportation Data Project facilita un análisis más profundo y transparente de cómo se implementan las políticas migratorias en Estados Unidos. A medida que se aproxima un ciclo electoral en el país y el debate sobre inmigración sigue siendo un tema central, estas cifras no solo sirven para informar a la opinión pública, sino también para orientar decisiones judiciales, acciones legislativas y estrategias de defensa legal o comunitaria.
Queda por ver si, ante la presión pública, las cortes y el Congreso estadounidense adoptarán cambios significativos en la política de inmigración y enforcement, o si las tendencias observadas continuarán marcando un rumbo cada vez más restrictivo y punitivo en la aplicación de la ley migratoria.
