El incremento de la actividad delictiva y de los episodios violentos en Costa Rica está introduciendo nuevas exigencias para el sector de la seguridad privada, que debe adaptar sus procedimientos a un escenario marcado por una mayor complejidad de las amenazas. Las empresas y organizaciones del sector sitúan entre sus principales retos la actualización de los protocolos operativos, la formación de los agentes y la coordinación con los cuerpos de seguridad pública.
Los datos oficiales confirman que la delincuencia continúa siendo uno de los principales asuntos de seguridad en el país. El Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz dispone de análisis correspondientes al primer cuatrimestre y al primer semestre de 2026, con información procedente, entre otros organismos, del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio de Seguridad Pública.
En este contexto, la seguridad privada adquiere un papel complementario en la protección de establecimientos comerciales, instalaciones, infraestructuras y otros espacios en los que existe presencia de vigilantes. La Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública es el organismo encargado de regular y fiscalizar la actividad de las empresas y profesionales del sector, así como de aplicar los procedimientos sancionadores previstos en la legislación.
Uno de los aspectos que está cobrando mayor importancia es la formación especializada de los agentes. En mayo de 2026, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines (ACES) impulsaron programas de capacitación específicos para trabajadores de la seguridad privada, orientados a mejorar sus competencias ante unas funciones cada vez más especializadas y escenarios operativos más complejos.
La propia regulación del sector también está experimentando una actualización. El Ministerio de Seguridad Pública ha emitido durante 2026 diferentes comunicados dirigidos a las empresas de seguridad privada sobre cuestiones como los requisitos de inscripción y renovación, los inventarios de armas y equipos, la formación y el uso de dispositivos en vehículos destinados a estos servicios.
La supervisión de las empresas constituye, además, una de las líneas de actuación de las autoridades. En febrero de 2026, un operativo interinstitucional en la provincia de Limón inspeccionó siete compañías de seguridad privada. La actuación contó con la participación de la Dirección de Servicios Privados de Seguridad, la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Migración y otros organismos. Durante las inspecciones se detectaron, entre otras irregularidades, agentes sin la acreditación correspondiente y armas y municiones que no habían sido reportadas.
El escenario plantea así un doble desafío para la industria: elevar sus capacidades para responder ante situaciones de mayor riesgo y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y profesionales establecidos por las autoridades costarricenses. La coordinación con la Fuerza Pública resulta especialmente relevante para delimitar las funciones de los vigilantes privados y facilitar la comunicación cuando un incidente requiere la intervención de los cuerpos policiales.
La evolución de la criminalidad también está impulsando un debate más amplio sobre la preparación del sector. El fortalecimiento de la capacitación, la actualización de los procedimientos y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas forman parte de las medidas que pueden contribuir a adaptar la seguridad privada a las nuevas condiciones operativas, siempre dentro de las competencias establecidas por la legislación costarricense.
En paralelo, las autoridades mantienen estrategias específicas contra el crimen organizado. La Presidencia de Costa Rica informó en junio de este año de la continuidad de la denominada Fuerza Élite, un espacio de coordinación entre diferentes autoridades responsables de la seguridad nacional para abordar las amenazas vinculadas al crimen organizado.
El resultado es un escenario en el que la seguridad privada afronta una progresiva profesionalización de sus servicios mientras las autoridades refuerzan la supervisión y la coordinación institucional. Para las empresas del sector, la adaptación de los recursos humanos, los protocolos y los medios técnicos se convierte en un elemento central para operar en un entorno de seguridad más exigente.
