Cuando se habla de seguridad nacional, es común que en el imaginario de la mayoría de los ciudadanos, aparezcan, entre otras imágenes, las de las fuerzas armadas, los cuerpos policiales o los servicios de inteligencia.
Es una asociación lógica. Desde hace décadas, la protección del Estado ha ido vinculada de manera principal a unas instituciones públicas que tienen como función garantizar la defensa, el orden y la estabilidad. Es evidente que el contexto internacional ha empezado a cambiar profundamente aquella realidad. Las amenazas contemporáneas, solo en contadas ocasiones, se producen por medio de las manifestaciones exclusivas del conflicto armado terrestre convencional.
La complejidad del paisaje geopolítico ha hecho que la mayor parte de los riesgos hayan pasado a tener lugar en espacios menos visibles, aunque no por ello menos estratégicos. Ciberataques, sabotajes, campañas de desinformación, presión en el ámbito de la energía, espionaje económico o ataques a las infraestructuras críticas forman parte de un nuevo marco de la seguridad donde entra en juego la estabilidad de los Estados y la adaptación o resiliencia de los mismos.
En este contexto de amenazas hibridas, la seguridad, ya no puede necesariamente ser entendida solo en términos institucionales o militares, sino que la salvaguarda del país exige garantizar el funcionamiento efectivo de aquellos sistemas esenciales que salvan nuestro modus vivendi.
La energía, el transporte, las telecomunicaciones, la logística, la atención sanitaria, el abastecimiento o las redes digitales constituyen hoy activos estratégicos cuya paralización puede generar consecuencias de un gran calado a nivel económico, social y político. Y es precisamente sobre muchos de estos entornos que miles de profesionales de la seguridad privada ejercen diariamente su actividad. Su trabajo rara vez aparece en los titulares de la actualidad.
Sin embargo, también forman parte de una de las primeras líneas de protección frente a riesgos que afectan o interfieren directamente en la capacidad de resiliencia del Estado.
La seguridad en la era de las amenazas híbridas
La invasión por parte de Rusia de Ucrania, los ataques contra las infraestructuras energéticas europeas, la presión sobre las rutas marítimas internacionales o el aumento de ciberataques dirigidos a los servicios esenciales han evidenciado una realidad que los analistas han estado señalando desde hace años: la seguridad en el siglo XXI ya no está únicamente determinada por la capacidad de defender las fronteras.
También está determinada por la capacidad de que la sociedad siga funcionando. Las amenazas híbridas se caracterizan por explotar precisamente vulnerabilidades estructurales sin necesidad de tener que llevar a cabo enfrentamientos militares directos. Su objetivo no es siempre destruir.
Muchas veces, basta únicamente con generar incertidumbre, con alterar la normalidad o con erosionar progresivamente la confianza en las instituciones.
Una interrupción energética, una grave afectación en red logística o un ataque a los sistemas de telecomunicaciones puede provocar efectos que desbordan extraordinariamente el ámbito técnico de donde brota el incidente. La seguridad deviene así cuestión de continuidad. Y la continuidad deviene cuestión de seguridad nacional.
El fenómeno ha llevado a muchos países a replantearse sus estrategias de protección, incorporando actores y capacidades dentro de sus modelos de resiliencia. La seguridad privada, entre ellos.
La primera línea silenciosa
Hay una tendencia frecuente a vincular seguridad privada con vigilancia o control de accesos. Sin embargo, esa concepción es cada vez más débil para dar cuenta de la realidad de la operativa del sector.
En la actualidad miles de profesionales están trabajando, en un momento u otro, en instalaciones energéticas, centros logísticos, puertos, aeropuertos, infraestructuras de transporte, complejos industriales, hospitales, centros tecnológicos y otros lugares vitales para el funcionamiento del país.
La presencia de la seguridad privada es cotidiana. El conocimiento del entorno es intenso. Y la capacidad de observación es extraordinariamente muy valiosa. En un escenario en el que las amenazas pueden aparecer de forma muy lenta y discreta, la detección precoz se va ganando una importancia estratégica superior.
Detectar comportamientos anómalos, identificar emergentes vulnerabilidades, observar cambios de patrones comunes, reaccionar ante los primeros incidentes, puede ser la frontera entre una incidencia controlada y una crisis de mayor tamaño. Desde esta óptica, la seguridad privada aparece como una amplia y silenciosa red de observación de los activos estratégicos asignados que perdura en el tiempo.
Una red discreta, en efecto. Una red que se halla raras veces en los análisis sobre la seguridad nacional, pero cuya contribución va cobrándose cada vez más importancia.
España ante un desafío de transformación
Mientras aún existe un importante número de países europeos que van avanzando hacia una protección estratégica cada vez más integrada, España está pasando por una importante etapa de evolución de su cultura de la seguridad.
El debate no debe centrarse en una mayor inversión en el sentido de introducir nuevos recursos o nuevas tecnologías, sino en «comprender que la modernidad impone exigencias en torno a lo que debe ser la seguridad, como si se tratara de cooperación, integración o visión estratégica». Las amenazas híbridas no son, de hecho, uno de los fenómenos que suela diferenciar entre lo público y lo privado. Tampoco lo son las consecuencias.
Una grave interrupción en una infraestructura gestionada por una empresa privada puede repercutir de forma directa en la provisión de los servicios básicos, en la actividad económica o en la cotidianidad. Por tanto, un número elevado de países promueven la configuración de modelos de administración que involucran un número cada vez mayor de espacios de coordinación, análisis y prevención por parte de las administraciones públicas, como los operadores estratégicos, los organismos de inteligencia y la seguridad privada.
Desde esta perspectiva, España ha avanzado adecuadamente en este sentido durante los últimos años. Pese a lo cual, todavía se presentan inercias que dificultan la explotación de la capacidad estratégica de determinados actores. Éstos son, por cierto, aquellos correspondientes a la seguridad privada.
El hecho de superar esta concepción limitada impone un reconocimiento de la realidad evidente de que la complejidad de las amenazas actuales necesita de capacidades complementarias y de un tratamiento multidisciplinar respecto a la protección de los sistemas esenciales.
Más allá de la protección física
El recorrido del entorno de seguridad modifica también el perfil profesional que reclama el sector. La protección de los activos estratégicos no puede sostenerse únicamente en las medidas físicas clásicas de seguridad. En este caso debe ser preciso añadir capacidades de análisis de riesgos, de inteligencia preventiva, de gestión de crisis, de continuidad operativa, de tecnología aplicada, de comprensión de entornos geopolíticos cada vez más complejos.
El profesional de seguridad del siglo XXI opera en escenarios donde confluyen riesgos físicos, tecnológicos, económicos y sociales. La adaptación de la profesión a esta realidad supone uno de los principales desafíos del sector en los años venideros. Pero es también una oportunidad. Una ocasión para reforzar su contribución a la resiliencia nacional y consolidar su rol en el marco de una arquitectura de seguridad más amplia, moderna e integrada. Una responsabilidad compartida.
La resiliencia de un Estado no se construye sólo sobre la fortaleza de sus instituciones, sino también sobre la capacidad in vigilando de predecir riesgos, adaptarse a situaciones cambiantes y encontrar la forma de hacer funcionar los sistemas esenciales cuando se enfrentan a situaciones de presión o a momentos de incertidumbre.
La protección de una sociedad compleja y conectada no puede depender sólo de un único actor. Requiere cooperación Requiere coordinación. Y requiere comprender que la seguridad contemporánea es fruto de un esfuerzo compartido. En tal esfuerzo participan administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de información, operadores estratégicos, empresas y profesionales que trabajan cada día sobre el terreno.
Muchos de ellos trabajan fuera de la atención y del reconocimiento público. Pero contribuyen decisivamente a preservar la estabilidad de los sistemas que mantienen nuestra cotidianidad. Porque en la geopolítica de las amenazas híbridas la primera línea de defensa no siempre es visible. Y en muchas ocasiones opera en silencio.
Gabriel Armando Barrameda García desarrolla su trayectoria profesional en el ámbito de la Seguridad Privada, contando con habilitaciones oficiales como Director y Jefe de Seguridad, Vigilante de Seguridad, Escolta Privado y Detective Privado.
