El general jefe de la Zona de Madrid de la Guardia Civil, Fernando Mora, ha presentado una denuncia contra la cúpula del Instituto Armado por, según publica en exclusiva el diario ABC en una información firmada por Ketty Garat, haberle presionado y coaccionado para que participara en una operación destinada a perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denuncia abre un nuevo frente de enorme gravedad en torno a la dirección de la Benemérita y a la utilización de las estructuras del Estado en operaciones de naturaleza política.
Según la información publicada por ABC, el general sostiene que recibió presiones de la cúpula del cuerpo, a través del teniente general Luis del Castillo, quien refería a la directora general de la Guardia Civil, siempre según el audio hecho público hoy, para colaborar en un supuesto boicot contra Ayuso. La acusación, de confirmarse, situaría a un alto mando de la Guardia Civil en el centro de una denuncia contra sus propios superiores jerárquicos y plantearía interrogantes de gran alcance sobre la independencia de la institución, la cadena de mando y la eventual utilización de los servicios de información o de investigación con fines ajenos a sus funciones legales.
El caso adquiere una especial relevancia por el rango del denunciante. No se trataría de una acusación formulada por un agente anónimo o por un miembro ajeno a los niveles de decisión de la institución, sino de un general que, según la exclusiva de ABC, habría decidido poner en conocimiento de las autoridades unas presuntas presiones procedentes de la propia cúpula de la Guardia Civil. Esa circunstancia convierte el asunto en una crisis interna de primer nivel y puede obligar a esclarecer qué ocurrió, quién impartió las instrucciones y con qué objetivo.
La denuncia apunta, según la información difundida, a que el general habría sido coaccionado para participar en una operación destinada a boicotear a la presidenta madrileña. El término utilizado reviste una especial trascendencia porque no se estaría hablando simplemente de discrepancias profesionales o de una investigación ordinaria, sino de la supuesta instrumentalización de un miembro de la Guardia Civil para intervenir en una operación con una finalidad política concreta.
La cuestión central será determinar qué se pidió exactamente al general, quién se lo pidió y cuál era el objetivo de las actuaciones que presuntamente se pretendían impulsar. También será necesario establecer si las presiones denunciadas llegaron a traducirse en órdenes formales, instrucciones operativas, actuaciones de investigación o simplemente en intentos de influencia sobre el mando. Lo que evidencia el audio, cuya publicidad ya circula de forma pública, no parece dejar lugar a dudas, en función de la textualidad de lo que comunican ambos interlocutores.
El caso se produce, además, en un momento especialmente delicado para la Guardia Civil. La institución se encuentra sometida a una intensa atención política y judicial por las informaciones y pesquisas que han puesto el foco en las relaciones entre distintos ámbitos del poder político, determinados intermediarios y sectores vinculados a los organismos de seguridad del Estado. En los últimos meses, diferentes investigaciones han analizado precisamente la existencia de presuntas maniobras destinadas a frenar o desacreditar investigaciones y a influir sobre la actuación de determinados órganos.
En ese contexto, la denuncia del general introduce un elemento nuevo: la acusación directa de que dentro de la propia estructura de la Guardia Civil se habría intentado utilizar a un alto mando para actuar contra una dirigente política de la oposición. La gravedad institucional de la denuncia dependerá ahora de las pruebas que pueda aportar el denunciante y de la investigación que, en su caso, se abra para determinar si existieron realmente las coacciones.
La Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar y una de sus características fundamentales es la existencia de una estricta cadena de mando. Precisamente por ello, una denuncia de estas características plantea un conflicto de especial complejidad. Un general que acusa a la cúpula del cuerpo no solo cuestiona una actuación concreta, sino que pone en cuestión la forma en la que se habrían impartido determinadas instrucciones y la eventual existencia de presiones dentro de la estructura jerárquica.
La diferencia entre una orden legítima y una presión ilegítima será uno de los elementos esenciales de la investigación. En cualquier organización jerarquizada, los superiores pueden impartir instrucciones dentro del marco de sus competencias. El problema aparece cuando, según la acusación, esas instrucciones persiguen objetivos políticos o pretenden utilizar la institución para perjudicar a una persona concreta.
La referencia a Isabel Díaz Ayuso añade una dimensión política inmediata al caso. La presidenta madrileña se ha convertido durante los últimos años en una de las principales figuras de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y en uno de los principales focos de confrontación política nacional. Cualquier actuación de un organismo de seguridad del Estado dirigida contra ella tendría, por tanto, una enorme repercusión institucional.
La denuncia plantea así una pregunta de fondo: ¿se intentó utilizar a la Guardia Civil para interferir en la batalla política? La respuesta dependerá de la investigación, pero la mera existencia de una denuncia formulada por un general contra la cúpula del cuerpo obliga a examinar los hechos con la máxima seriedad.
La información de ABC no solo apunta a una disputa interna dentro de la Guardia Civil, sino que describe un posible episodio de presión sobre un alto mando para que participara en una operación contra una dirigente política. Si los hechos fueran acreditados, la cuestión podría tener consecuencias penales, disciplinarias y políticas de gran alcance.
En primer lugar, habría que determinar si las supuestas coacciones pudieron constituir algún delito. La respuesta dependerá de la naturaleza de las presiones, de la existencia de amenazas o represalias y de las instrucciones concretas que se hubieran impartido. En segundo lugar, habría que analizar si se produjo un uso indebido de medios, información o estructuras oficiales. Y, finalmente, habría que determinar la eventual responsabilidad de las personas que hubieran intervenido en la operación.
El caso también vuelve a colocar en el centro del debate el papel de los servicios de información y de investigación. La Guardia Civil dispone de unidades con capacidades extraordinarias para obtener información, investigar delitos y analizar datos. Precisamente por ello, el uso de esas capacidades debe estar sometido a controles estrictos y a objetivos legalmente definidos.
La respuesta de la dirección de la Guardia Civil será, por ello, especialmente relevante. El cuerpo deberá aclarar si conoce la denuncia, si ha abierto algún expediente o investigación interna y cuál es su versión de los hechos. También será importante conocer la posición del Ministerio del Interior y si el Gobierno tiene conocimiento de las acusaciones formuladas por el general.
Currículum
Fernando Mora Moret (Cartagena, 1962) es general de División de la Guardia Civil y Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. En 1980 ingreso en la Academia General Militar y en 1985 es promovido al empleo de Teniente en la Guardia Civil, donde permanece hasta 1987 destinado como Jefe de la 2ª Sección de la 2ª Compañía del Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil, con sede en Gipúzcoa.
Desde 1984, intensifica una formación variada y con muchos focos de intéres, con cursos de Adiestramientos Especiales, de Investigación Criminal, de Especialistas en Información, de Oficiales sobre Circulación y Tráfico, de Profesor de Tiro, de Técnica Informativa, Defensive Marksmanship, Protective Operations, Piloto Militar de Helicópteros, Técnicas de Búsqueda y Salvamento en tierra con helicópteros, Oficial de Mantenimiento, Policía Judicial, Vuelo Instrumental Táctico, Futuros sistemas de socorro y seguridad marítima, Piloto de Pruebas H-15, Organización Administrativa, Maintenace Flight, Gestión Logística y Recursos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Formación en materia de Precursores de Drogas, Aptitud Pedagógica, entre otros.
Entre 1987 y 1990, permanece destinado como Jefe del 4º Grupo de Información y del Grupo de Apoyo Técnico, de la Comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa. En 1990, es promovido al empleo de Capitán de la Guardia Civil y permanece destinado hasta el 96 como Capitán Jefe de la Unidad de Helicópteros de Canarias. En 1997 es promovido al empleo de Comandante de la Guardia Civil y destinado hasta el 99 como Jefe de la Sección de Información de la Zona de la Guardia Civil en el País Vasco.
A Andalucía llega en 2003, tras su paso por la Secretaría de Estudios de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, como Inspector de Servicios de Andalucía Occidental del Sector de Tráfico de Andalucía, puesto en el que permanece hasta 2007, cuando es promovido al empleo de Teniente Coronel de la Guardia Civil y pasa a ocupar el destino de Jefe del Sector de Tráfico de Andalucía hasta el 2013, cuando es promovido al empleo de Coronel de la Guardia Civil.
Entre 2013 y 2019 permanece destinado como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. Entre 2019 y 2021, es promovido al empleo de General de Brigada y destinado como 2º jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y, posteriormente, como Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. En 2021 es promovido al empleo de General de División de la Guardia Civil.
Fernando Mora Moret cuenta también con una amplia trayectoria docente relacionada con su amplia formación y, en cuanto a méritos obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional, cuenta con: Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco; Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco; Placa de la Real y Militar orden de San Hermenegildo; Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dos Cruces al Mérito Militar, con distintivo blanco; Cruz al Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco; Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; Cruz de Honor de la Cruz Fidélitas del Arzobispado Castrense ;Cruz al Mérito de la Guardia Civil, en la categoría de plata;Cruz al Mérito de la Guardia Civil, con distintivo rojo; seis Cruces al Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco; Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco; Cruz al Mérito de la Policía local de Sevilla con distintivo azul; Encomienda de Mérito de la orden al Mérito Civil; Medalla de plata al Mérito de Protección Civil con distintivo azul; Medalla de bronce al Mérito de la Seguridad Vial con distintivo azul y Medalla de plata al Mérito Social penitenciario.
