Los datos recién publicados por el sistema europeo RASFF (Rapid Alert System for Feed and Food) reflejan que en 2024 se batió el récord de alertas alimentarias desde que existen registros. En total se registraron en las fronteras de la Unión Europea 5.364 notificaciones. De estas alertas, que se resuelven la gran mayoría en aduanas, hay un parte importante que se demuestran injustificadas, falsas o interesadas, con el consiguiente perjuicio económico y reputacional para los sectores y empresas implicados.
Los bulos afectan significativamente al sector de alimentación, generando impactos negativos en múltiples niveles. Un bulo sobre la supuesta toxicidad de un alimento, la presencia de ingredientes nocivos o un escándalo de contaminación puede provocar que los consumidores dejen de adquirir ese producto o marca.
Así mismo, empresas específicas pueden quedar estigmatizadas, incluso si la información es completamente falsa. También los bulos pueden influir en decisiones de compra, favoreciendo productos «más seguros» o alternativos, aunque no existan riesgos reales.
Todo ello genera un aumento de los costes empresariales. Las empresas y asociaciones del sector deben invertir recursos para desmentir rumores y recuperar la confianza del público, por no hablar de la crisis reputacional, pues una mala gestión de la comunicación ante un bulo puede prolongar el daño, obligando a estrategias de mitigación más costosas. Ante bulos graves, las empresas a veces retiran productos del mercado para proteger su imagen, aunque no haya pruebas de que los alimentos estén contaminados o sean peligrosos.
Confusión y desinformación del consumidor
Los bulos generan incertidumbre y dificultan que los consumidores tomen decisiones informadas sobre su alimentación. Una exposición continua a rumores falsos puede hacer que los consumidores cuestionen la seguridad alimentaria en general, afectando la percepción de la industria.
Algunos bulos promueven ideas erróneas, como asociar productos naturales a riesgos inexistentes, como la leche, el gluten o el azúcar. Nuevos alimentos, como los transgénicos, carnes sintéticas o insectos comestibles, son especialmente vulnerables a los bulos que generan desconfianza en su consumo.
Algunos bulos fomentan cambios radicales en la alimentación, como eliminar ciertos grupos alimenticios sin razones científicas, lo que puede conducir a carencias nutricionales. A lo que se suman informaciones falsas sobre alimentos «milagro» o «peligrosos» que desinforman al público y desvían la atención de consejos científicos confiables.
En este marco, las autoridades se ven obligadas a implementar medidas adicionales de inspección o comunicación para mitigar los efectos de los bulos. En ocasiones, los rumores sobre alimentos llevan a presiones públicas que resultan en regulaciones innecesarias o excesivas.
Contra los bulos, hay que fomentar la alfabetización digital y científica para que las personas aprendan a identificar fuentes confiables. Las empresas pueden combatir los bulos siendo abiertas sobre sus procesos y calidad de los productos y actuar rápido: Desmentir los rumores de manera inmediata en las plataformas donde se difunden. También el ideal es trabajar con instituciones gubernamentales y científicas para contrarrestar la desinformación.
En los últimos tiempos son muchas las organizaciones, tanto de consumidores como ONG y otras entidades que aseguran ‘controlar’ la calidad de lo que consumimos, que han puesto en pie de guerra a numerosas empresas, sectores como el de la alimentación, agricultura y distribución, incluidas multinacionales, por culpa de sus informes y alertas sanitarias, en muchos casos gratuitas y sin base científica ni oficial.
El sector en el que más se incrementa el aluvión de alertas sanitarias es en la alimentación. Y noticias tergiversadas sobre presuntas alertas de alimentos importados generan una alarma que repercute seriamente en la confianza de los consumidores, en las empresas importadoras y en los mercados españoles y europeos, según un análisis realizado recientemente por el Instituto de Coordenadas de gobernanza y economía aplicada. Bulos, desinformación o, en ocasiones, intereses comerciales y económicos que intentan desacreditar a los competidores y, no en pocas ocasiones, a empresarios españoles.
El caso de la fresa de Marruecos en las que se habría detectado hepatitis ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Muchos medios y posteriormente asociaciones de agricultores se hicieron eco de la alerta publicada por el portal europeo de notificaciones sanitarias. Pero no incidieron en que los exámenes realizados por organismos internacionales, como la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Marruecos (ONSSA), concluyeron que se no había detectado Hepatitis ni Novovirus en las pruebas hechas al agua de riego y a las fresas analizadas del campo de donde salió el lote que dio positivo en esa enfermedad en un punto de entrada de España. Y que la partida de fresas presuntamente con Hepatitis nunca traspasó las fronteras y nunca llegaron a la cadena agroalimentaria española.
La ONNSA realizó las investigaciones necesarias, que permitieron identificar el campo y la unidad de envasado afectados, así como rastrear el envío de fresas exportadas. Los representantes de la gran distribución y los supermercados incluso señalan que, además, iban destinadas a otros mercados. Pero, pese a ello, las ventas de fresas en las tiendas de alimentación españolas cayeron entre un 10% y un 15%, cifran las citadas fuentes.
Otro caso de alerta sanitaria injustificada fue denunciado por empresas del sector de la alimentación ya que la ONG ‘Observatorio del Bienestar Animal’ estaría ‘chantajeando’ a supermercados y marcas para que lleguen a acuerdos de colaboración con ellos, y de no hacerlo les amenazan con sacar informaciones negativas sobre sus productos y sus prácticas contra el bienestar animal.
También fue mediático, poco tiempo después de la alerta por las fresas, cuando la Agencia Español de Seguridad Alimentaria (Aesan) ordenó la retirada de un lote de chocolate negro de la marca blanca de una cadena de supermercados españoles por la presencia de un cuerpo extraño, que se concretó en un pequeño trozo de plástico en una tableta. La agencia emitió la alerta con la única fuente y confirmación de un cliente que había enviado una foto casi dos meses antes.
Este cúmulo de casos, advierte el Instituto en su comunicado, han puesto en alerta y ha aumentado la preocupación en el sector de la distribución de alimentos y supermercados que ven como se incrementan las falsas informaciones y por consiguiente la alarma entre los consumidores, que provocan un descenso en las ventas y un perjuicio económico en toda la cadena, desde el agricultor hasta el cliente final.
Desde el ámbito de la distribución llevan tiempo reclamando a los diferentes ministerios que se realice un control y se gestionen las alertas de la manera correcta. Se pone en primer lugar la seguridad alimentaria, pero también recalcan la importancia del uso de la información porque genera alarma en los consumidores y perjudica a las ventas.
El sector pide confianza en la seguridad alimentaria europea que es eficaz y seguro. Ante este tipo de informaciones, todas las agencias dedicadas al control de alimentos importados en los puertos y aduanas españolas y europeas confirman que son exhaustivos y cuentan con mecanismos de seguridad que resultan efectivos, con reacción inmediata para bloquear, recoger y destruir cualquier alimento sospechoso.
Las alertas sanitarias, que detectan habitualmente tanto la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) en España, como la RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) en Europa, e INFOSAN (Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos) a nivel mundial, impiden que cualquier alimento destinado al consumo humano llegue a los mercados y en consecuencia a los consumidores si no cumplen los muy estrictos controles.
Precisamente este tipo de controles y requisitos forman parte de las demandas de los agricultores europeos, que piden incrementarlos y que se igualen a las exigencias fitosanitarias que ellos tienen que cumplir.
Según los expertos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, crear alarma social en base a las alertas sanitarias o demonizar los productos del norte de África supondría un aumento en los precios a todos los niveles; y reducir el volumen de importaciones, además del descenso de la producción, que repercute directamente en el consumidor.
El Instituto de Coordenadas señala que “la agroindustria española es un éxito reconocido y la capacidad de producir en otros países, con rigor y calidad, forma parte de la ecuación. Otros discursos nacionalistas basados en informaciones sesgadas están fuera de escenario. Habría que recordar que estas importantes inversiones hacen crecer el PIB español y simultáneamente, fijan población y demanda de trabajadores locales, evitando movimientos migratorios desordenados. Los productos que de esos países llegan a Europa cumplen los requerimientos más rigurosos”.
