Las asociaciones de víctimas del terrorismo (AVT) han vuelto a alzar la voz ante lo que consideran una nueva fase de flexibilización penitenciaria para presos de la banda terrorista ETA. Según el documento difundido este martes, al menos 14 reclusos vinculados a la organización estarían ya disfrutando de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida que permite salidas laborales de lunes a viernes bajo determinadas condiciones.
El escrito, de marcado tono crítico, sostiene que la utilización de este mecanismo supone “un nuevo varapalo para las víctimas del terrorismo” y denuncia que se estaría empleando de forma “encubierta” para anticipar situaciones propias del tercer grado penitenciario. Entre los nombres citados figuran históricos miembros de la organización como Henri Parot, Juan Carlos Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi.
Críticas al mecanismo del artículo 100.2
El núcleo de la denuncia se centra en el uso del artículo 100.2, una figura jurídica que permite aplicar un régimen de vida flexible dentro del segundo grado penitenciario cuando existen circunstancias específicas de tratamiento. Las víctimas sostienen que esta vía se estaría utilizando como un “paso previo” al tercer grado para internos que todavía no cumplirían los requisitos ordinarios.
Según el documento, a diferencia del tercer grado —cuyo recurso por parte de la Fiscalía tiene efectos suspensivos—, la aplicación del 100.2 solo requiere ratificación judicial y no implica, en su interpretación, un control material tan exhaustivo. Esta circunstancia es presentada por los firmantes como un elemento que facilita su extensión.
El texto denuncia además que estas decisiones no se comunican a las víctimas, lo que, a su juicio, incrementa la sensación de falta de transparencia en la política penitenciaria.
La percepción de un “vaciamiento progresivo” de las cárceles
Las asociaciones firmantes interpretan la sucesión de medidas de flexibilización como parte de una tendencia de fondo orientada a reducir progresivamente la presencia de presos de ETA en las cárceles. El documento afirma que la “premisa está clara: poco a poco vaciar las cárceles”, una lectura que refleja la profunda desconfianza de estos colectivos hacia la evolución reciente de la política penitenciaria.
En su argumentación, las víctimas advierten del impacto emocional que estas decisiones pueden tener sobre quienes sufrieron directamente la violencia terrorista. El escrito plantea incluso la posibilidad de que víctimas y antiguos miembros de la organización puedan coincidir en la vida cotidiana debido a las salidas laborales autorizadas.
El texto formula preguntas retóricas de fuerte carga simbólica sobre el lugar que ocupan hoy las víctimas en las políticas públicas y denuncia lo que consideran una inversión de prioridades institucionales.
Exigencia de reformas legales
Como principal reivindicación, las asociaciones reclaman una modificación de la legislación penitenciaria que permita a las víctimas personarse y recurrir las decisiones que supongan salidas frecuentes de prisión para condenados por terrorismo.
El documento insiste en que el actual marco normativo deja a las víctimas en una posición de “periferia” dentro del sistema, frente a lo que consideran una creciente centralidad de los derechos de los internos. Por ello, anuncian que continuarán su labor de presión institucional y social.
La cuestión de la política penitenciaria respecto a presos de ETA sigue siendo uno de los asuntos más sensibles del escenario político y social español más de una década después del cese definitivo de la actividad armada de la organización.
Mientras el marco legal permite la aplicación individualizada de beneficios penitenciarios conforme a la evolución de cada interno, los colectivos de víctimas mantienen una vigilancia constante sobre estos procesos y reclaman mayor transparencia, control y participación.
El documento de la AVT vuelve a evidenciar que el debate sobre memoria, justicia y política penitenciaria continúa plenamente vigente en España, con posiciones aún muy distantes entre las asociaciones de víctimas y las autoridades competentes.
