La Comunidad de Madrid ha aprobado un Decreto que regular la figura del experto facilitador que prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales: juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes en la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.
Una iniciativa pionera porque Madrid se convierte en la primera de España en formalizar legalmente este recurso público y también porque por primera vez incluye a los graduados y licenciados en Criminología para poder optar a estas plazas, según informa la institución que representa a los criminólogos madrileños.
Y todo gracias a las negociaciones que desde hace meses ha liderado el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y que «ahora dan los primeros resultados, que esperemos no sean los únicos».
El Ejecutivo autonómico ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que respalda al experto facilitador y donde destaca el carácter “precursor” de esta iniciativa que, según expone, “constituye un hito en aras a garantizar la participación de la persona con discapacidad en plena igualdad dentro del proceso”.
La normativa establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales. Deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica -cursos con una duración mínima de 100 horas- en este ámbito.
El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se instruirá a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y apoyen a los individuos con discapacidad en situación de víctima.
Sus funciones
El facilitador es un profesional experto encargado de trabajar con el personal de justicia y con las personas con discapacidad para asegurar una comunicación efectiva durante los procesos judiciales. Su rol es apoyar a estas personas para que comprendan el proceso y tomen decisiones informadas, garantizando que la información se transmita en un lenguaje accesible y proporcionando los ajustes necesarios para su participación.
El experto facilitador debe informar al órgano judicial y a los operadores jurídicos sobre los ajustes necesarios para garantizar la participación efectiva de la persona con discapacidad, proporcionando explicaciones adaptadas de los procedimientos y acompañamiento durante todo el proceso judicial.
Los informes deben incluir objetivos, metodología, identificación de necesidades específicas y justificación de los ajustes propuestos, asegurando que estos se prioricen según las necesidades y preferencias del individuo.
Los servicios de facilitación serán remunerados, con tarifas específicas para la elaboración de informes y el acompañamiento en sede judicial, ajustándose estas tarifas según la complejidad del servicio prestado. El órgano judicial solicitará la designación de un facilitador cuando se identifique la necesidad de realizar adaptaciones para garantizar la participación efectiva de la persona con discapacidad.
Más información en el BOCM del 10 de mayo: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/05/10/BOCM-20240510-17.PDF
