La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha trasladado al Partido Popular su preocupación ante el rumbo que podría tomar la futura reforma impulsada por el Ministerio de Defensa, especialmente en lo relativo al reconocimiento de la profesión militar como actividad de riesgo.
Durante la reunión celebrada entre ambas partes, representantes de la asociación alertaron de que la medida, tal y como se plantea actualmente, podría dejar fuera a un «número significativo» de militares, generando una «situación de desigualdad» dentro de las Fuerzas Armadas.
El encuentro tuvo lugar con la participación de la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, y del senador Díaz de Otazu. En representación de ATME acudieron su presidente, Marco Antonio Gómez, junto al delegado en Extremadura, Juan Carlos Meneses. La reunión sirvió como espacio para exponer las principales reivindicaciones del colectivo de tropa y marinería, así como para advertir de los riesgos que, a juicio de la asociación, entraña la actual orientación de las políticas de Defensa.
Uno de los puntos centrales del debate fue el anuncio del Ministerio de reconocer la profesión militar como profesión de riesgo. ATME advirtió de que, si esta consideración se limita únicamente a los militares integrados en el régimen general de la Seguridad Social —implantado a partir de 2011—, quedarían excluidos todos aquellos adscritos al sistema de Clases Pasivas. Esta diferenciación, según la asociación, supondría una «nueva forma de legislación parcial» que dividiría al colectivo y dejaría sin acceso a determinados beneficios a una parte importante de los efectivos.
Ante este escenario, ATME solicitó al Partido Popular que impulse la creación de una comisión de trabajo temporal en el seno del Ministerio de Defensa, en la que participen las asociaciones profesionales militares. El objetivo sería garantizar que cualquier reforma de calado cuente con la participación directa de los representantes del colectivo, «evitando así decisiones unilaterales» que puedan perjudicar a los afectados. Esta petición, además, ha sido trasladada al resto de asociaciones para promover una respuesta conjunta.
Más allá de esta cuestión, la asociación aprovechó la reunión para poner sobre la mesa otras demandas estructurales que afectan a la tropa y marinería. Entre ellas, destacan la necesidad de mejorar el modelo de carrera militar, incrementar las retribuciones, modernizar las instalaciones y reforzar las medidas de conciliación familiar. Asimismo, se subrayó la preocupación existente por la situación de los reservistas de especial disponibilidad y por la pérdida de efectivos al alcanzar los 45 años, una problemática vinculada a la temporalidad en las filas.
ATME también expresó su desacuerdo con propuestas recientes debatidas en la Comisión de Defensa del Congreso, en particular aquellas relacionadas con la reincorporación de reservistas procedentes de militares de complemento. A juicio de la asociación, «estas iniciativas no abordan las necesidades reales de personal en las Fuerzas Armadas y dejan de lado a los miembros de tropa y marinería, perpetuando desequilibrios dentro del sistema».
Otro de los aspectos señalados durante el encuentro fue la falta de avances en varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular —como Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura o Canarias— en la adaptación de sus leyes de coordinación de Policías Locales. ATME denunció que estas normativas aún no contemplan la reserva de plazas para militares temporales, una medida considerada clave para facilitar su transición al ámbito civil.
Por su parte, Cuca Gamarra mostró receptividad ante las demandas planteadas y destacó la necesidad de acometer reformas estructurales que contribuyan a dignificar la carrera militar. Desde el Partido Popular se trasladó, además, la voluntad de mantener abiertas vías de diálogo con la asociación, reconociendo su papel como interlocutor relevante en la defensa de los intereses de la tropa y marinería.
