Martín González (doctor en Seguridad y Derecho): «¿Cómo es posible que la Ley de Seguridad Privada no goce del rango de ley orgánica?»

En un contexto internacional marcado por conflictos persistentes, tensiones geopolíticas crecientes y un acelerado reajuste del orden global, comprender las claves de la seguridad y la defensa se ha convertido en una tarea imprescindible. Para arrojar luz sobre estos desafíos, conversamos con Martín González y Santiago, profesor e investigador especializado en seguridad, defensa, inteligencia y geoestrategia, reconocido por sus trabajos sobre dinámicas militares, riesgos estratégicos y políticas de seguridad internacional, pero también en seguridad pública y privada, además de en otras áreas de la ciencia.

Su mirada académica y su experiencia en el análisis de escenarios complejos permiten desentrañar las transformaciones que están redefiniendo el equilibrio global y el papel de los Estados en un mundo cada vez más incierto, como también en el marco interno de una seguridad que, como concepto, casi se diría que, como necesidad, trasciende la dicotomía de si pública o privada, cuando el foco debería ponerse en la conjunción ‘y’, y no en la ‘o’.

González y Santiago es doctor en Medicina, Seguridad y Derecho; profesor universitario e investigador; miembro del Grupo de Investigación Reconocido en Seguridad, Inteligencia y Amenazas Híbridas en la Universidad Isabel I e investigador principal del Grupo de Investigación Reconocido en Geoestrategia, Inteligencia, Seguridad, Defensa, Emergencias, Liderazgo y Derecho -GISDELyD- de la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC).

En alguna ocasión anterior usted afirmó que “si no se vende una cultura de prevención, estamos abocados al fracaso”. ¿Qué significa “vender” esa cultura dentro de empresas, instituciones y la sociedad?

Hablar de “vender” una cultura de prevención significa lograr que esta se convierta en un valor compartido y asumido por empresas, instituciones y sociedad. No se trata únicamente de imponer normas o protocolos, sino de convencer, de generar adhesión y compromiso real. Prevenir debe ser percibido como un activo estratégico que protege vidas, garantiza continuidad operativa y fortalece la reputación de cualquier organización. Para alcanzar ese objetivo es imprescindible sensibilizar a las personas mediante información clara y formación oportuna, rigurosa y pertinente. La cultura preventiva no se instala en la conciencia colectiva con discursos vacíos, sino con conocimiento sólido, entrenamiento constante y ejemplos de coherencia en el liderazgo.

En ocasiones, y lo digo en sentido metafórico, no basta con apelar a las conciencias: a veces hay que apalearlas. Es decir, sacudir inercias, confrontar la indiferencia y romper la comodidad que conduce al riesgo. La prevención exige impacto, exige que el mensaje cale y que se entienda que no es una carga burocrática, sino la primera línea de defensa frente a la vulnerabilidad.

En el ámbito de la inteligencia y la seguridad, esta idea es aún más crítica: si no logramos “vender” la prevención, si no conseguimos que se interiorice y se practique de manera sistemática, estamos abocados al fracaso. La verdadera victoria no está en reaccionar ante la crisis, sino en evitar que esta ocurra. Hay una frase que siempre utilizo en contextos de análisis de inteligencia y que ya he publicado con anterioridad: “…en un completo análisis de riesgos, siempre hay que ponerse en lo peor para proteger mejor”.

¿Cómo deben formarse los futuros profesionales de la seguridad para que no solo reaccionen, sino anticipen y prevengan los riesgos?

La formación de los futuros profesionales de la seguridad debe trascender la reacción inmediata y orientarse hacia la anticipación y la prevención. En el ámbito de la inteligencia aplicada, esto significa entrenar la capacidad de identificar vulnerabilidades, interpretar señales débiles y transformar información en conocimiento operativo antes de que el riesgo se materialice. Es fundamental que reciban una formación rigurosa, multidisciplinar y prospectiva, que combine el dominio técnico con pensamiento crítico y visión estratégica. La seguridad no puede ser entendida como un conjunto de protocolos aislados, sino como una cultura que se interioriza y se practica de manera sistemática.

Y conviene recordarlo con claridad, insisto constantemente en foros internacionales y nacionales, todo sistema de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso, la preparación de los profesionales debe orientarse a reforzar cada nivel, cada persona y cada proceso, evitando que la fragilidad de un componente comprometa la resiliencia del conjunto. La verdadera diferencia entre una seguridad reactiva y una seguridad inteligente está en que la primera llega tarde, mientras que la segunda protege el futuro.

¿Qué papel juegan los directores de seguridad y los responsables de cumplimiento en la creación de esa cultura preventiva? 

El papel del director de seguridad en la creación de una cultura preventiva es absolutamente estratégico. No puede limitarse a custodiar activos o a reaccionar ante incidentes, porque su verdadera misión es ejercer como oficial de cumplimiento legal en todas las cuestiones transversales y tangenciales vinculadas a la seguridad: desde la protección civil y la seguridad física y lógica, hasta la gestión de infraestructuras críticas, las normas internas de las organizaciones y el cumplimiento de marcos regulatorios como la CER, la NIS 2, el Esquema Nacional de Seguridad o las disposiciones de seguridad nacional.

Como he defendido en mis publicaciones, inteligencia y seguridad forman un binomio indisociable: la inteligencia aporta capacidad de análisis y anticipación, mientras que la seguridad garantiza protección y resiliencia. El director de seguridad debe ser un analista de primer nivel, con actualización constante, capaz de interpretar señales débiles, anticipar vulnerabilidades y transformar la normativa en práctica operativa. Su liderazgo no se mide por la reacción ante la crisis, sino por la capacidad de convertir el cumplimiento en hábito colectivo y la prevención en cultura organizacional.

Debe de ser y es, por tanto, el arquitecto de la cultura preventiva y no sólo el líder de las actuaciones reactivas en fase primaria o urgente ante cualquier tipo de emergencia sobrevenida. Su función es integrar la legalidad, la ética y la estrategia en un mismo marco de actuación, asegurando que la organización no solo cumpla con la norma, sino que se anticipe al riesgo y refuerce su resiliencia. Esa es la diferencia entre una seguridad meramente reactiva y una seguridad inteligente (preventiva y proactiva), ejemplos recientes los hemos vivido con la DANA, así como con los incendios de 6ª generación.

¿Cómo se debe articular la seguridad privada (vigilancia, protección de bienes) con la seguridad institucional (cuerpos públicos, gestión de emergencias) para una estrategia global coherente?

La articulación entre la seguridad privada y la institucional sigue siendo un reto pendiente. Durante años se han concebido como ámbitos separados, cuando en realidad deben funcionar como piezas de un mismo engranaje. La seguridad privada aporta proximidad y capacidad preventiva; la institucional, autoridad y gestión de emergencias. Sin embargo, las carencias actuales son evidentes: interoperabilidad limitada, escasa integración de inteligencia y formación fragmentada. Para avanzar hacia una estrategia global coherente, es imprescindible un marco normativo robusto, sistemas capaces de compartir información en tiempo real y programas de capacitación conjunta, conviene subrayarlo: incluso cuando existen protocolos de coordinación, estos exigen una revisión constante para adaptarse a nuevas amenazas, tecnologías y escenarios de riesgo. Solo así se logrará una seguridad inteligente, capaz de anticipar y neutralizar vulnerabilidades, y de ofrecer a la sociedad una respuesta cohesionada y resiliente.

Recientemente, ha puesto de manifiesto la desigualdad existente entre la seguridad privada y pública a partir de las diferencias significativas en medios y sueldos ¿Cómo enfrentar esta circunstancia?

La seguridad no puede sostenerse sobre reconocimientos fragmentados. El carácter jurídico de agente de autoridad debe ser pleno y homogéneo, no solo para el personal operativo de la seguridad privada, sino también para quienes ejercen funciones directivas: directores y jefes de seguridad. Estos profesionales son los grandes técnicos y expertos en materia de seguridad y protección integral, responsables de diseñar, implementar y coordinar sistemas que abarcan seguridad física y lógica, protección civil, gestión de infraestructuras críticas y cumplimiento de marcos regulatorios como la CER, la NIS 2, el ENS y la normativa de seguridad nacional. La Ley de Protección Civil y su normativa dimanante establece obligaciones y competencias claras en situaciones de catástrofe y calamidad pública. En ese contexto, la Ley de Seguridad Privada faculta expresamente a los profesionales del sector para actuar, lo que convierte a directores y jefes de seguridad en actores esenciales de la respuesta coordinada. Sin embargo, la falta de reconocimiento pleno como agentes de autoridad limita su capacidad de liderazgo en emergencias, genera inseguridad jurídica y reduce la eficacia de la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Resulta incoherente que quienes gestionan instalaciones estratégicas y muchas infraestructuras críticas, y que en emergencias deben coordinar recursos y garantizar la continuidad operativa, carezcan de un respaldo legal que les otorgue autoridad plena. La sola autorización y alta del Departamento de Seguridad por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, ya debería de ser suficiente para dotar a quiénes integren el departamento de ese carácter de agente de autoridad, y así debería también de contemplarse. La fragmentación actual no solo afecta a la operatividad, sino también a la percepción social y al prestigio de la profesión. Reconocer al personal operativo, así como a los directores y jefes de seguridad como agentes de autoridad con plenos efectos es una necesidad estratégica, porque son ellos quienes sostienen la arquitectura preventiva y aseguran que la normativa se convierta en práctica viva y eficaz. La seguridad moderna exige una reforma legal, normativa y cultural que dignifique la seguridad privada en su conjunto, otorgando a sus responsables directivos el carácter jurídico que corresponde a la magnitud de su responsabilidad.

¿Cómo deberían los responsables de seguridad prepararse para una guerra híbrida en la que la IA, la desinformación y el espionaje digital estén plenamente presentes?

La preparación de los responsables de seguridad ante una guerra híbrida, donde la inteligencia artificial, la desinformación y el espionaje digital son protagonistas, debe comenzar por la formación oficial y cualificada, acompañada de una actualización constante. Sin una base sólida de conocimiento técnico y estratégico, es imposible interpretar señales débiles, anticipar vulnerabilidades y transformar la información en inteligencia operativa.

A ello se suma la necesidad, como he comentado con anterioridad, de “apalear” a las conciencias: entender que la seguridad no es solo un conjunto de protocolos, sino una responsabilidad ética y social. Los directores y jefes de seguridad deben asumir que su papel es proteger personas, bienes e infraestructuras críticas con visión integral, y que cada decisión tiene impacto en la resiliencia colectiva. En este contexto, la desinformación y las fake news se han convertido en armas de guerra híbrida. No hablamos de simples rumores, sino de operaciones de influencia que buscan erosionar la confianza institucional y desestabilizar organizaciones. Frente a ello, la contrainformación debe ser incorporada como disciplina técnica: análisis de Inteligencia a través de fuentes abiertas (OSINT), construcción de contra narrativas, trazabilidad digital de campañas y operaciones de información (InfoOps) que refuercen la credibilidad y neutralicen el ruido informativo.

El tercer pilar es la experiencia acumulada, la práctica en escenarios reales, la gestión de crisis y la participación en simulacros permiten convertir la teoría en acción eficaz. Solo la combinación de formación cualificada, conciencia profesional y experiencia contrastada garantiza que los responsables de seguridad estén preparados para enfrentar un entorno híbrido, donde lo físico y lo digital se entrelazan y donde la anticipación es la verdadera clave de la protección, traigo nuevamente a colación uno de mis lemas “hay que ponerse en lo peor para proteger mejor”

¿Qué retos éticos conlleva usar tecnologías avanzadas (IA, big data) para la toma de decisiones en seguridad?

De manera sucinta, considero nuevamente que, la clave está en combinar formación cualificada, profesional y experiencia práctica, de modo que la tecnología se convierta en un aliado de la seguridad sin erosionar los valores democráticos ni los derechos fundamentales especialmente protegidos por nuestra “Ley de Leyes”.

Acaba de pedir en una conferencia, por cierto, una reforma estructural de la legislación ante estos nuevos riesgos digitales y físicos, subrayando que la seguridad privada maneja datos de especial sensibilidad y realiza actividades, como opciones de detención, que deberían regularse mediante una ley orgánica ¿Podría explicarse al respecto?

Mire, hay dos aberraciones que siempre he destacado, la primera la extemporaneidad de un reglamento del 1994 que desarrolla una Ley del 2014 por la desidia política y, la segunda es que siempre me he preguntado cómo es posible que la Ley de Seguridad Privada nunca haya sido dotada del rango de ley orgánica, pero no solo me lo he preguntado: lo he comunicado en congresos nacionales e internacionales, porque considero que estamos ante una norma que regula actuaciones que inciden directamente en derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer lugar, debemos hablar con rigor de la detención. El personal de seguridad privada puede realizar detenciones hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esa acción afecta de lleno al derecho fundamental a la libertad personal, recogido en el artículo 17 de la Constitución. Aquí es imprescindible ser claros: la figura de la retención no existe jurídicamente. Se ha utilizado de manera imprecisa en el lenguaje común, pero en derecho lo que existe es la detención.

Del mismo modo, debemos desterrar el uso del verbo “arrestar”, que tampoco existe en nuestro ordenamiento jurídico. Es un término importado de las películas americanas, influenciado por el verbo inglés “to arrest”. Si en una emergencia utilizamos un léxico incorrecto, la confusión conceptual puede llevarnos al fracaso operativo. Por eso insisto: o nos formamos con rigor en seguridad, o el lenguaje impreciso se convierte en un riesgo añadido. Un claro ejemplo lo tenemos en técnicos competentes o redactores de Planes de Autoprotección que, confunden el punto de encuentro con el punto de reunión, el primero hace referencia al lugar al que han de ir los distintos equipos de emergencia internos de la organización a recibir nuevas instrucciones para reforzar aquellas zonas o actuar en donde se requiera hasta la llegada de los equipos externos de emergencias y, el segundo el sitio al que han de ir todas las personas evacuadas para su ulterior recuento y si faltase alguien, dirigir a los equipos de emergencias a las zonas probables en las que hayan podido quedar.

En segundo lugar, la videovigilancia y el tratamiento de datos personales. Cámaras que graban, sistemas que almacenan imágenes, controles de acceso que registran identidades y, cada vez más, tecnologías que incorporan datos o características biométricas ¿Cómo puede ser que una actividad que maneja información tan sensible se regule con una ley ordinaria? En tercer lugar, el control de accesos a instituciones y espacios públicos o privados. Aquí el personal de seguridad privada no solo decide quién entra y quién no: tiene derecho a verificar la identidad de las personas mediante documentos oficiales como el DNI, pasaportes u otros análogos. Esa facultad implica manejar datos personales de máxima sensibilidad y condiciona directamente el ejercicio de derechos como la libertad de circulación y el acceso a servicios esenciales. Una capacidad de este alcance exige un marco normativo reforzado, con garantías constitucionales.

Además, la dimensión tecnológica multiplica el impacto, la seguridad privada ya no se limita a un vigilante en una puerta: hablamos de drones, sistemas de inteligencia artificial, algoritmos de predicción y bases de datos interconectadas. Cada avance tecnológico aumenta el riesgo de vulneración de derechos fundamentales si no existe una regulación con rango orgánico que establezca límites claros y garantías efectivas. Por último, la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado convierte a la seguridad privada en un engranaje complementario al de la seguridad pública. Esa relación implica compartir información sensible y actuar en escenarios donde se ejercen derechos fundamentales.

En definitiva, la pregunta que siempre me hago, y que he planteado en foros nacionales e internacionales, es cómo es posible que una norma que regula la detención de personas, la verificación de identidades mediante documentos oficiales, la videovigilancia, el control de accesos y el uso de tecnologías invasivas no tenga rango de ley orgánica. La seguridad privada no es un servicio accesorio, es un actor que incide directamente en derechos fundamentales como la libertad, la intimidad y la dignidad de las personas. Y si realmente queremos proteger esos valores ¿No es acaso evidente que la única vía coherente y constitucional es dotar a su regulación del rango de ley orgánica? Al “legislador” no sólo hay que pedirle coherencia y asesoramiento experto, hay que exigírselo y si no lo tienen, que cambien de asesores y técnicos.

Usted también ha trabajado en metodologías de autoprotección para víctimas de violencia de género. ¿Qué aprendizajes de esa área se pueden aplicar a la seguridad global o corporativa?

En mi experiencia formando en autoprotección frente a la violencia de género, doméstica y contra agresiones sexuales, no solo he trabajado con mujeres en programas de Autoprotección y Defensa Personal Femenina en sus distintos ámbitos desde el año 2003 (siendo pionero en estas materias, inclusive antes de la propia Ley de Violencia Contra la Mujer), sino también como instructor policial y militar desde el año 1988, con formación contrastada desde 1990. Esa trayectoria de polivalencia, en el ámbito civil, Militar y policial, me ha permitido comprobar que los aprendizajes de la autoprotección son plenamente aplicables a la seguridad y a la protección integral, así como corporativa. La clave está en la anticipación del riesgo, el rigor conceptual y metodológico, la gestión emocional y las técnicas de respuesta instintivas. Los escenarios de entrenamiento deben ser lo más reales posibles, porque si no se genera un nivel de estrés que active las respuestas reactivas, lo aprendido no se transfiere y se pierde en la impronta. Ese es el gran fallo de muchas formaciones: se entrenan en condiciones artificiales que nunca consolidan la reacción. Por eso insisto en metodologías basadas en Incidentes Críticos, que fijan el aprendizaje bajo presión y conectan conocimiento con ejecución.

La máxima es clara: “Serás tan bueno, como tu último entrenamiento”. Este principio es universal, en cualquier ámbito, tanto para la autoprotección individual como para la seguridad corporativa. Sin realismo, sin rigor y sin estrés controlado, la seguridad se convierte en teoría y fracasa en la práctica. Hemos de huir de las exhibiciones y realizar simulacros o formaciones capacitantes en situaciones de estrés, a veces quiénes imparten estas formaciones desconocen la metodología adecuada al efecto, quizás por falta de conocimientos y formación en pedagogías y didácticas aplicadas.

En definitiva, la seguridad no es un accesorio, es un derecho y una responsabilidad. Y quienes cuestionan estas apreciaciones, avaladas no solo por décadas de formación e instrucción operativa, el respaldo de las ciencias de la educación en materia de pedagogía, psicología y didáctica, se autodefinen por su desconocimiento. La práctica demuestra que, sin rigor, realismo y formación seria, lo aprendido no se transfiere y fracasa en el momento crítico. Como señaló Paulo Freire, uno de los grandes referentes de la pedagogía crítica, “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, la formación no es un trámite, es un proceso transformador que debe preparar a las personas para actuar con eficacia en escenarios reales y bajo presión.

Por ello, la seguridad exige un enfoque integral que combine experiencia operativa con fundamentos pedagógicos sólidos, porque solo así se garantiza que el conocimiento se convierta en acción eficaz cuando realmente importa.

Además de profesional y experto, como profesor universitario e investigador en grupos de Investigación Reconocidos y validados en materia de geoestrategia, inteligencia, seguridad y defensa podría decirnos ¿cuáles son los cambios que ve en el perfil de los estudiantes actuales frente a generaciones anteriores?

Los estudiantes actuales en geoestrategia, inteligencia, seguridad y defensa presentan un perfil claramente distinto al de generaciones anteriores. Se caracterizan por una sólida familiaridad con herramientas digitales, una visión global y una marcada capacidad interdisciplinar, acompañadas de una sensibilidad ética y social más acusada. Frente a la tendencia pasada hacia procesos largos y especializados, hoy predomina la búsqueda de resultados inmediatos, lo que obliga a canalizar esa rapidez hacia el rigor analítico. En su mayoría, no se trata del estudiante universitario tradicional, que constituye una minoría en estas titulaciones, sino de profesionales contrastados que combinan su faceta académica con una trayectoria operativa.

Entre ellos se encuentran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS), de las Fuerzas Armadas (FAS), de la Seguridad Privada, así como integrantes de Servicios de Emergencia (SEM), Protección Civil (PC) y de los cuerpos de Extinción de Incendios y Salvamento (EIS). Este bagaje práctico les aporta experiencia directa y conocimiento aplicado, que se integra con la formación universitaria para afrontar los retos contemporáneos en escenarios híbridos, tanto físicos como virtuales. De este modo, el perfil dominante es el de un profesional en activo que busca reforzar su preparación académica para responder a las exigencias de un entorno estratégico cada vez más complejo.

¿Qué competencias nuevas considera esenciales para los graduados en seguridad en un mundo donde los riesgos son cada vez más sistémicos?

En un mundo donde los riesgos son cada vez más sistémicos, el protagonismo lo asumen los graduados en Ciencias de la Seguridad, en Seguridad o en Control de Riesgos, junto con los posgraduados oficiales que continúan su formación mediante másteres universitarios. Se distinguen por una preparación transversal y cualitativamente superior, que integra competencias en ciberseguridad, inteligencia, gestión de riesgos complejos, comunicación estratégica, resiliencia organizacional y ética en la dirección y gestión. La diferencia es sustancial: mientras el grado aporta la base académica y el máster oficial profundiza en la especialización y la visión estratégica, ambos perfiles se convierten en el fundamento que, al integrarse con la habilitación profesional otorgada por el Ministerio del Interior, proyecta la figura del Director de Seguridad.

El Director de Seguridad, habilitado legalmente para planificar, gestionar y coordinar la seguridad integral en organizaciones públicas y privadas, encuentra en la formación universitaria oficial, (grados o posgrados oficiales), un refuerzo decisivo. La habilitación ministerial asegura el marco legal y profesional, mientras que la formación académica avanzada dota de visión prospectiva, rigor científico y capacidad multidisciplinar. El resultado es un perfil integral: profesionales que, gracias a la combinación de experiencia operativa, habilitación oficial y formación universitaria superior, están preparados para liderar la seguridad en escenarios híbridos e interconectados, enfrentando riesgos sistémicos con legitimidad institucional, excelencia académica y capacidad de adaptación.

Por tanto, esta nueva generación de graduados y posgraduados oficiales que acceden a la habilitación como Directores de Seguridad representa un salto cualitativo: gestores estratégicos capaces de transformar la seguridad en un ámbito de liderazgo integral y prospectivo.

¿Dónde ve el principal punto de fragilidad en el modelo de seguridad global hoy: energía, ciber, infraestructuras, gobernanza?

Cuando me preguntan por el principal punto de fragilidad del modelo de seguridad global, mi respuesta es que hoy debemos hablar de entidades críticas y no solo de infraestructuras críticas. Esta transición responde a la inminente derogación de la normativa vigente, ya que el borrador del anteproyecto de ley se encuentra en trámite en las Cortes Generales, en el marco de la adaptación al nuevo esquema europeo de Critical Entities Resilience (CER).

La vulnerabilidad se concentra en la convergencia entre lo energético y lo digital, donde un ataque o fallo puede desencadenar un colapso sistémico. De ahí surgen conceptos que he acuñado: el “Global Blackout”, ese binomio indisociable hoy por hoy en el que confluye el cero energético con otro de los conceptos que referencio, el “cero digital”, expresión que refleja la fragilidad absoluta cuando ambos vectores fallan de manera simultánea, poque el segundo no puede coexistir sin el primero. En ese escenario, los sistemas redundantes y de respaldo dejan de ser un complemento y se convierten en un requisito estratégico para garantizar la resiliencia. A esta fragilidad se añade el riesgo derivado del incumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y de la Directiva NIS 2, que imponen obligaciones estrictas en materia de ciberseguridad y resiliencia digital. No cumplir con estos marcos normativos no solo implica sanciones, sino que incrementa la exposición sistémica al dejar desprotegidos los sistemas de información que sostienen las entidades críticas.

Entiendo que el reto de esta nueva generación de seguridad es triple: adaptar el modelo nacional a la directiva europea sobre entidades críticas, garantizar la redundancia energética y digital para evitar el “global blackout” y cumplir con los estándares del ENS y la NIS 2 para que la resiliencia sea una práctica efectiva y verificable. Este desafío se ve agravado por la irrupción de las amenazas híbridas, que combinan acciones físicas y digitales, y por la disputa en los global commons (ciberespacio, espacio exterior, mares, etc.), donde la cibercriminalidad y el ciberterrorismo operan sin fronteras ni limitaciones jurisdiccionales. En este contexto, la seguridad ya no puede concebirse como un ámbito sectorial, sino como un sistema integral que exige una cooperación internacional, una visión integral y, además una capacidad de respuesta inmediata.

Entiendo que, la fragilidad principal del modelo de seguridad global reside en la interdependencia de lo energético y lo digital, (como he constatado en artículos técnico-científicos), en el cumplimiento riguroso de los marcos normativos y en la capacidad de anticipar y neutralizar amenazas híbridas desplegadas en los espacios comunes globales. Ese es, a mi juicio, el verdadero reto de nuestro tiempo.

Por cierto, y dado que usted también ha expresado sus consideraciones al respecto en ocasiones anteriores, en su opinión ¿cuáles son las tres inversiones más urgentes que debería hacer un Estado para aumentar su resiliencia frente a apagones, ciberataques o crisis híbridas?

La transición desde la noción de infraestructuras críticas hacia la de entidades críticas refleja un cambio de paradigma impulsado por la Directiva CER, que busca reforzar la resiliencia de los sectores esenciales frente a amenazas físicas, digitales e híbridas. Ya no se trata únicamente de proteger instalaciones o activos concretos, sino de garantizar la continuidad de servicios vitales (energía, transporte, agua, salud, finanzas, administración pública) en un entorno interdependiente y globalizado. En este marco, el Estado debe invertir en redundancia energética y digital, en ciberseguridad con cumplimiento normativo estricto y en la resiliencia de entidades críticas bajo el esquema CER. A ello se suma la necesidad de apostar decididamente por la formación especializada, que no puede limitarse a la capacitación técnica de profesionales, sino que debe incluir campañas de concienciación dirigidas a la sociedad y la realización de simulacros operativos reales, concebidos para fortalecer la preparación colectiva y no como meras exhibiciones políticas de imagen.

Como ya he señalado en publicaciones anteriores, el análisis del “Global Blackout” puso de relieve la interdependencia de las entidades críticas y la vulnerabilidad que emerge cuando se alcanza el binomio indisociable de “cero energético y cero digital”. Ese escenario extremo evidencia cómo un fallo en el sector energético puede desencadenar un efecto dominó, lo que conceptualmente denomino “Colapso Dominó Infraestructural (CDI)”, comprometiendo la seguridad y el funcionamiento de otros sectores esenciales en un sistema interconectado. Hemos de entender que solo con este enfoque integral (entidades críticas resilientes, cumplimiento normativo, capital humano altamente cualificado y una ciudadanía consciente y entrenada) podrá evitarse cualquier tipo de emergencia, convencional o un apagón masivo, un ciberataque o una crisis híbrida desemboquen en un auténtico “global blackout”, con efectos en cadena sobre la gobernanza y la estabilidad internacional.

Por último, ¿qué mensaje dejaría para los ciudadanos sobre la importancia de entender la seguridad como algo más que patrullas o cámaras, sino como una construcción colectiva?

La seguridad no puede reducirse a patrullas o cámaras; es una responsabilidad compartida que abarca la protección de las entidades críticas, el mantenimiento del orden público y la preparación frente a emergencias. Requiere un compromiso integral: instituciones que inviertan en resiliencia, profesionales altamente cualificados y ciudadanos conscientes que participen en campañas y simulacros reales. En este esfuerzo, el binomio entre seguridad pública y seguridad privada (antes concebido como auxiliar y hoy reconocido legalmente como complementario) debe dejar de ser una declaración en la norma para convertirse en práctica efectiva. No basta con que esté escrito en la ley: hay que aplicarlo con coherencia, interoperabilidad y cooperación cotidiana, porque solo desde esa complementariedad real podremos construir una seguridad ciudadana sólida.

Pero este reto se ve enturbiado por la desinformación, los intereses políticos y las tertulias de “expertos en café” sin formación específica, que opinan sobre cuestiones altamente complejas y terminan polarizando a la sociedad. Frente a esa superficialidad, la seguridad exige conocimiento técnico, responsabilidad institucional y cultura ciudadana, porque no hablamos de un debate trivial, sino de la capacidad de un país para resistir crisis híbridas y proteger su estabilidad. Entender la seguridad como un bien común (basado en resiliencia, cooperación público‑privada y ciudadanía consciente) es la mejor garantía de confianza y estabilidad en tiempos de crisis.