Los centros educativos de Ceuta afrontan desde este martes, 8 de septiembre, el comienzo del curso escolar con un dispositivo extraordinario de seguridad que combinará vigilancia privada en el interior de los colegios e institutos y presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el exterior, además del refuerzo de la protección en las rutas y paradas del transporte escolar. La medida se adopta en un contexto excepcional para la ciudad autónoma después de la crisis migratoria iniciada a finales de julio y tras haberse registrado intrusiones en varios centros durante las últimas semanas.
El Ministerio de Educación ha anunciado que la seguridad privada se desplegará en todos los centros educativos, tanto para controlar los accesos durante la jornada lectiva como para mantener la vigilancia durante la noche. La finalidad principal será impedir la entrada de personas no autorizadas y reforzar el control de las instalaciones, una cuestión que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los equipos directivos, docentes y familias ante el regreso de cerca de 20.000 alumnos a las aulas.
La decisión supone que los vigilantes privados tendrán una función fundamentalmente centrada en la seguridad interior de los edificios escolares. Su cometido será controlar quién accede a las instalaciones y evitar nuevas entradas no autorizadas, especialmente fuera del horario lectivo. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, explicó que el Ministerio se ocuparía directamente de esta parte del dispositivo mediante la contratación de empresas de seguridad privada.
El modelo de protección diseñado para Ceuta diferencia así entre seguridad interior y seguridad exterior. Mientras los vigilantes privados estarán destinados al control de los propios centros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asumirán la protección de los accesos, los alrededores y los desplazamientos de los estudiantes. La planificación anunciada por el Gobierno contempla presencia policial en las entradas y salidas de los colegios, así como acompañamiento en las rutas escolares y vigilancia en las paradas de autobús.
En el dispositivo exterior participarán efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Fuerzas Armadas, además de Protección Civil en las tareas previstas dentro del operativo. La Junta Local de Seguridad ha coordinado el despliegue con el objetivo de garantizar que los alumnos puedan llegar a los centros y regresar a sus domicilios con mayores garantías de seguridad.
La distribución territorial de la vigilancia policial también ha sido objeto de planificación específica. La Policía Nacional y la Policía Local han identificado los puntos considerados más vulnerables y se han repartido la protección de los centros por diferentes sectores de la ciudad, mientras que la Guardia Civil asumirá la zona de Benzú. Este dispositivo pretende complementar la vigilancia privada que se desarrollará dentro de los colegios e institutos.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades educativas es precisamente la protección de los centros durante las horas en las que no hay actividad académica. El Ministerio ya había señalado que se reforzaría la seguridad de las inmediaciones durante las tardes y las noches para impedir nuevas entradas en los edificios. La contratación de vigilancia privada permitirá trasladar ese refuerzo también al interior de las instalaciones.
La medida llega después de que varios centros educativos ceutíes hayan sufrido intrusiones durante las semanas previas al comienzo del curso. Según la información difundida por medios locales, se detectaron entradas en siete centros desde finales de julio, circunstancia que llevó al Ministerio a plantear la contratación de vigilantes para toda la red educativa. El objetivo es evitar que situaciones similares vuelvan a producirse cuando los edificios estén ocupados diariamente por alumnos y trabajadores.
El refuerzo de la seguridad forma parte de un paquete de medidas extraordinarias para la educación ceutí. El Gobierno ha reservado 3,2 millones de euros para actuaciones relacionadas con la comunidad educativa, incluyendo la contratación de seguridad privada, el refuerzo de los cerramientos perimetrales de determinados centros, aulas matinales en algunos institutos y actuaciones de apoyo psicosocial.
Los vallados constituyen el segundo gran elemento de protección física de los colegios. El Ministerio ha previsto reforzar el cerramiento perimetral de determinados centros de Educación Infantil y Primaria para dificultar los accesos no autorizados. No obstante, el Ejecutivo no ha detallado públicamente el número definitivo de centros que serán objeto de estas actuaciones ni el alcance concreto de cada intervención.
La seguridad privada no sustituirá, por tanto, a la Policía ni a la Guardia Civil. El diseño anunciado establece una especie de sistema de protección por capas: vigilantes privados en el interior de los edificios, controles policiales en accesos y alrededores, vigilancia de las rutas escolares y refuerzo de los perímetros en aquellos colegios que lo necesiten. De esta manera, las autoridades pretenden cubrir tanto el momento de entrada y salida de los alumnos como el periodo en el que permanecen dentro de los centros y las horas en las que los edificios están cerrados.
La Junta de Personal Docente había reclamado precisamente un refuerzo de la vigilancia privada en los centros que, por sus dimensiones, características o dispersión de edificios, presentan mayores necesidades de control, incluyendo institutos, la Escuela Oficial de Idiomas y colegios de mayores dimensiones. Los representantes de los trabajadores también han solicitado que las medidas de protección estén activas mientras los centros permanezcan abiertos y que se refuercen con la llegada del alumnado.
Preocupación entre las familias y personal
El despliegue de esta mañana se produce, además, en un clima de preocupación entre una parte de las familias y del profesorado. La comunidad educativa ha reclamado que las medidas no se limiten a la presencia de vigilantes, sino que incluyan rutas escolares seguras, suficiente personal de conserjería, controles de acceso, vallados adicionales y mecanismos de respuesta ante cualquier incidente.
El Gobierno, por su parte, mantiene que el curso comenzará con normalidad y ha defendido que se han adoptado los medios necesarios para garantizar la seguridad. El Ministerio confirmó que el curso comenzará mañana, 8 de septiembre, después de que los centros utilizados temporalmente para alojar a menores migrantes fueran desalojados y sometidos a trabajos de limpieza, acondicionamiento y reparación.
La situación convierte a Ceuta en un caso excepcional dentro del sistema educativo español: los centros escolares comenzarán el curso protegidos mediante un dispositivo mixto de seguridad privada y seguridad pública, con vigilancia interior permanente, controles policiales en los accesos y protección específica de las rutas escolares. La eficacia real del operativo comenzará a comprobarse desde hoy, cuando miles de alumnos regresen simultáneamente a las aulas y el sistema de seguridad pase de la planificación sobre el papel a su funcionamiento cotidiano.
La cuestión central será determinar cómo se coordinarán durante las próximas semanas los vigilantes privados con los equipos directivos, conserjes y agentes policiales y qué protocolo se aplicará ante una eventual intrusión o incidente. También quedará por comprobar si la presencia privada se mantiene con carácter permanente durante todo el curso o si su duración y distribución se modifican en función de la evolución de la situación en Ceuta.
