La reciente aprobación en España de un proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes en situación irregular —concebido para integrar a cientos de miles de residentes sin papeles— ha dejado fuera a un colectivo especialmente vulnerable: los ciudadanos saharauis.
Esta exclusión no responde a una única causa, sino a la intersección de factores legales, administrativos y políticos que hunden sus raíces en la compleja relación histórica entre España y el Sáhara Occidental.
En primer lugar, el elemento clave que explica esta situación es la condición jurídica de apatridia que afecta a la mayoría de saharauis residentes en España. A diferencia de otros migrantes, muchos saharauis no son reconocidos como nacionales de ningún Estado, ya que España no reconoce oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática y, al mismo tiempo, muchos de ellos no poseen nacionalidad marroquí o la rechazan.
Esta situación los coloca en un limbo legal: no son extranjeros con nacionalidad definida, pero tampoco ciudadanos españoles. Según diversas estimaciones, más del 90% de los apátridas en España son saharauis.
El problema se agrava porque el propio diseño de la regularización extraordinaria excluye explícitamente a las personas apátridas o en trámite de reconocimiento de apatridia. El argumento del Gobierno es que este colectivo ya dispone de un procedimiento específico de protección, distinto del régimen general de extranjería. Sin embargo, en la práctica, este sistema paralelo resulta mucho más lento e ineficaz. Mientras que la regularización extraordinaria permite obtener permisos de residencia y trabajo en pocos meses, el reconocimiento de la apatridia puede tardar años en resolverse.
Esta dualidad normativa genera una paradoja: los saharauis no pueden acogerse a la regularización por estar en proceso de apatridia, pero tampoco obtienen rápidamente ese estatus que, en teoría, debería protegerlos. El resultado es una situación de bloqueo administrativo en la que miles de personas quedan atrapadas sin derechos laborales ni estabilidad jurídica. En algunos casos documentados, los solicitantes han esperado más de dos o incluso tres años sin resolución, viviendo en condiciones de precariedad extrema.
A ello se suma un problema estructural vinculado a los requisitos formales de la regularización. El proceso exige, entre otras condiciones, acreditar identidad, antecedentes penales del país de origen y vínculos documentales con España. Sin embargo, para los saharauis esto supone un obstáculo adicional: al carecer de un Estado reconocido, no siempre pueden obtener documentación oficial válida, como certificados penales o pasaportes. Esta carencia documental dificulta cumplir con los criterios exigidos al resto de inmigrantes.
Más allá de las cuestiones técnicas, la exclusión de los saharauis también tiene un trasfondo político e histórico. España fue la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta 1975, y muchos saharauis nacieron bajo soberanía española o mantuvieron vínculos jurídicos con el Estado. Sin embargo, tras la descolonización y el Real Decreto de 1976 que permitía optar por la nacionalidad española en un plazo limitado, miles de saharauis quedaron fuera de ese proceso y perdieron la posibilidad de ser reconocidos como españoles.
Desde entonces, la situación de este colectivo ha estado marcada por una ambigüedad jurídica constante. Por un lado, existen propuestas políticas para facilitar su acceso a la nacionalidad española o reconocer su vínculo histórico; por otro, las decisiones judiciales más recientes han limitado ese reconocimiento, estableciendo que el Sáhara no puede considerarse territorio español a efectos de nacionalidad. Esta falta de consenso institucional se traduce en políticas migratorias que no terminan de encajar la singularidad saharaui.
En el plano social, organizaciones humanitarias y asociaciones pro-saharauis denuncian que la exclusión del proceso de regularización es discriminatoria y carente de justificación suficiente, especialmente teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de España en el conflicto del Sáhara Occidental. Argumentan que, lejos de contar con un sistema de protección eficaz, los saharauis sufren una doble vulnerabilidad: como migrantes irregulares y como personas sin nacionalidad reconocida.
El resultado de todos estos factores es una realidad compleja: mientras otros colectivos pueden regularizar su situación y acceder al mercado laboral, a la vivienda o a derechos básicos, muchos saharauis permanecen en un estado de invisibilidad legal. No pueden acogerse a la vía rápida de regularización, pero tampoco obtienen soluciones efectivas a través de la vía de la apatridia. Este vacío normativo no solo afecta a su estabilidad jurídica, sino que tiene consecuencias directas en su vida cotidiana: empleo precario, dificultades para alquilar vivienda y ausencia de protección social.
