El Tribunal Supremo ha aceptado para su consideración un recurso que interpuesto por La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en contra de una orden para reducir los salarios de los guardias civiles, emitida por María Gámez, quien anteriormente ocupaba el cargo de directora de la Guardia Civil bajo la supervisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La Orden busca reducir los salarios de los guardias civiles a través de un sistema de cálculos matemáticos «irracionales» por medio de los incentivos de productividad para los agentes, a juicio de la AUGC. Dicho documento ya fue rechazado en otra instancia por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.
Ahora el Tribunal Supremo cuestiona e investiga el tipo de documento, en este caso la Orden General que el Ministro utilizó para fijar el cálculo de los pluses salariales en la Guardia Civil, ya que, «si dado el contenido y la finalidad de la Orden General número 4, de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, esta ha de ser calificada como un acto administrativo con pluralidad de destinatarios, o si se trata de una disposición general de carácter reglamentario, o si pudiera calificarse como una categoría intermedia entre las dos anteriores».
Por ello, la Sala Tercera del Supremo, de lo Contencioso-Administrativo, ha aceptado la propuesta de la AUGC de unificar jurisprudencia. En un auto del 28 de noviembre, el Supremo declara varias cuestiones que presentan interés casacional.
Para AUGC el ministro Grande-Marlaska «no ha estado a la altura de las circunstancias en la última legislatura por lo que desde esta organización demandamos cambios urgentes».
