Determinar el número exacto de cámaras en España es complejo, ya que no existe un registro unificado. Sin embargo, diversas estimaciones coinciden en que hay más de 900 000 cámaras en funcionamiento.
Esto incluye cámaras públicas gestionadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y municipios (tráfico, transporte, vigilancia urbana); y cámaras privadas, tanto de empresas (bancos, comercios, oficinas) como de particulares (hogares, comunidades de vecinos). En términos relativos, esto equivale aproximadamente a una cámara por cada 52 habitantes, cifra que contrasta con países como Reino Unido (una por cada 14 habitantes).
Cámaras públicas son aquellas que dependen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sólo ellos pueden instalar y operar cámaras en la vía pública. En este marco, cada municipio decide cuántas instalar tras obtener la autorización pertinente. Ejemplos concretos son Madrid, que contaría con unas 200; Málaga, con 137; o Barcelona, 61. Estas cámaras se utilizan para control urbano, tráfico y prevención del delito.
Las privadas comprenden un rango muy amplio, empezando por las empresariales, que son las que tienen comercios, oficinas o bancos, que graban sus propios espacios y a veces áreas públicas de forma mínima. Luego estarían las comunitarias, que dependen de vecinos que instalan cámaras en zonas comunes (garajes, portales), siempre sin grabar la vía pública salvo, como en el caso de las empresariales, una franja mínima. Y en tercer lugar estarían las domésticas, que son de uso personal (hogar, jardín), y que están permitidas bajo excepciones domésticas del RGPD.
Normativa que regula la videovigilancia
La videovigilancia en España es regulada por un conjunto de leyes y reglamentos. La Ley Orgánica 4/1997 regula el uso de cámaras por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos y establece autorización anual por Delegación de Gobierno y comisiones autonómicas, con criterios de proporcionalidad y respeto a la intimidad.
Por su parte, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada implica que empresas de seguridad pueden instalar cámaras sin autorización administrativa en ciertos casos (alarmas, instalaciones propias). La Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos rige la protección de datos personales en grabaciones, de modo que debe informarse mediante carteles visibles con responsable, finalidad y derechos.
Las grabaciones pueden conservarse un máximo de 30 días (15 en bancos), salvo motivo legal. En este escenario, se encuentran los llamados Derechos ARCO, por el que los afectados pueden acceder, rectificar, cancelar o oponerse a sus imágenes. No hay que olvidar que solo se pueden recabar imágenes necesarias, sin vulnerar derechos.
Para reforzar la protección de las personas, la Instrucción 1/2006 de la AEPD detalla obligaciones como notificación a este organismo, distintivos informativos, medidas de seguridad, plazos de conservación y acceso restringido. Otras normativas son la Ley Orgánica 1/1982 (derecho al honor, intimidad, imagen); la Ley 15/1999 (antigua LOPD, ahora derogada); Ley Ómnibus 25/2009 (adaptación sector seguridad); y el Estatuto de los Trabajadores, que regula la instalación de cámaras en el trabajo, pero informando previamente a empleados.
El Registro en la AEPD es obligatorio para ficheros de videovigilancia pública y privada y está prohibido grabar vía pública salvo una mínima franja imprescindible. El personal doméstico no entra en la normativa siempre que el uso sea estrictamente privado. Por incumplimiento de la normativa, las sanciones pueden alcanzar hasta los 600 euros por cámaras ángulo peligroso o incluso 3.000 por difusión no autorizada; pueden llegar a millones de euros las sanciones en graves casos conforme a la AEPD.
¿Dónde se concentran las cámaras? Mapa por comunidades
En Madrid capital, según el portal de datos abiertos municipal, existen cientos de cámaras en la vía pública, distribuidas por distrito y barrio, aunque sin cifras concretas públicamente disponibles. A principios de año se activaron 83 cámaras con inteligencia artificial en cuatro distritos (Centro, Carabanchel, Usera y Villaverde), y posteriormente se añadieron 16 dispositivos en la Plaza del Dos de Mayo. Esto sugiere la existencia de cientos de cámaras públicas activas.
En Navarra, la Policía Foral opera más de 2.100 cámaras públicas, distribuidas en espacios oficiales y centros de mando en Navarra, en tanto que en Aragón, en Huesca en concreto, su ayuntamiento obtuvo autorización para 122 cámaras públicas, incluyendo renovación y nuevas instalaciones. El Plan de Seguridad Rural incluye más cámaras en municipios menores, ampliando la vigilancia a zonas rurales.
En grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, se entiende que la densidad de cámaras públicas es elevada, aunque no se han publicado datos abiertos desglosados. En zonas rurales y municipios más pequeños, las instalaciones son puntuales y frecuentemente fruto de proyectos locales, como ha sido el caso citado en Huesca. En cuanto al ranking regional, Madrid, Cataluña y Andalucía suelen encabezar la lista por volumen y densidad, tanto en públicas como privadas.
En Madrid y grandes capitales se produce una alta concentración de cámaras públicas y privadas, con presencia destacada de sistemas con IA. En comunidades medianas, como Navarra o Aragón, están ampliando redes con más de 2.000 y varios cientos de cámaras, respectivamente, evidenciando un esfuerzo de modernización y refuerzo. En zonas rurales hay despliegues selectivos apoyados por planes provinciales o autonómicos, como, una vez más, el señalado caso de Huesca.
