En julio de 2025, el Gobierno de España dio un nuevo paso estratégico en seguridad y soberanía tecnológica con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden por la que se crea el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un órgano colegiado de carácter permanente adscrito a la Presidencia del Gobierno. Esta decisión llega en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la intensificación de las amenazas híbridas y la carrera global por el liderazgo en tecnologías críticas, y responde a la necesidad de reforzar las capacidades nacionales en defensa, innovación y autonomía estratégica.
La aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, en el que se marca la creación del Comité, expresa el compromiso del Estado español con la modernización de sus capacidades de defensa y la integración de España en el núcleo duro de la Unión Europea y la Alianza Atlántica.
El Plan, dotado para 2025 con más de 10,4millones de euros de inversión y encaminado a alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa, destina recursos a la mejora de los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas, al impulso de tecnologías duales —aplicables tanto al ámbito civil como militar— y al fortalecimiento de la innovación, el empleo y el tejido industrial en toda España.
El Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica surge como el órgano coordinador y supervisor encargado de garantizar el cumplimiento y la eficacia del Plan, evitando solapamientos institucionales y alineando todas las actuaciones con la estrategia europea y atlántica de seguridad y defensa.
Composición plural y Consejo Asesor multisectorial
El Comité está presidido por la persona titular del Ministerio de Defensa e integrado por representantes con rango director general de hasta tres ministerios (Defensa, Presidencia, Exteriores, Hacienda, Interior, Educación, Industria, Transición Ecológica, Economía, Ciencia, Digitalización, entre otros) y de los principales organismos y agencias públicas dedicadas a la I+D+i, la financiación y la supervisión tecnológica.
Además, incluye el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Instituto de Crédito Oficial, la Agencia Espacial Española, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, entre otros.
Bajo la dirección del Comité operará un Consejo Asesor compuesto por representantes empresariales (incluyendo CEOE y CEPYME), sindicatos, asociaciones del sector tecnológico y de defensa, universidades y empresas líderes como Indra, Navantia o Airbus, así como federaciones tecnológicas sectoriales. Esta estructura refleja la apuesta por la cuádruple hélice de la innovación: administración, industria, academia y sociedad civil.
El Comité asume funciones de gran calado: velar por la correcta ejecución del Plan, impulsar la cooperación y las sinergias entre organismos, proponer mejoras y simplificaciones, desarrollar nuevos instrumentos de seguimiento, y promover la colaboración entre instituciones públicas, privadas y académicas en tecnologías críticas, innovación, industria y defensa.
También es responsable de impulsar políticas que favorezcan la atracción, formación y retención de talento, la internacionalización de las empresas tecnológicas, el desarrollo del emprendimiento de base tecnológica y la generación de capacidades industriales estratégicas, así como de promover la cultura y los valores democráticos en relación al gasto en seguridad y defensa.
El Comité tiene la capacidad de crear grupos de trabajo específicos (por ejemplo, en desarrollo industrial, I+D+i, digitalización o internacionalización) e invitar a expertos externos, adaptando su funcionamiento a las necesidades cambiantes del ecosistema nacional y europeo. El modelo de gobernanza busca la máxima agilidad, eficiencia y alineamiento con los grandes objetivos estatales y comunitarios.
Retos: autonomía estratégica, innovación y cohesión
En pleno proceso de transformación industrial y tecnológica, la creación del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica representa el salto cualitativo requerido para abordar grandes retos nacionales y europeos: la mejora de la resiliencia frente a nuevas amenazas (ciberseguridad, guerra híbrida, dependencia tecnológica), el refuerzo de la industria nacional y su internacionalización, la vertebración territorial a través de nuevos centros y empleos, el incremento del valor añadido del sector defensa y el alineamiento con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.
Con carácter más específico, este Comité se perfila, además, como un foro estable para la interlocución entre el sector público, las empresas, los centros de investigación y la sociedad civil, canalizando las demandas y propuestas del sector hacia los órganos de decisión del Estado. España da así continuidad a una estrategia en la que la seguridad se entiende como un eje transversal para el progreso tecnológico, la generación de empleo, la modernización productiva, la cohesión territorial y la realización del proyecto europeo, confirmando su apuesta por un liderazgo responsable y sostenible en el nuevo ciclo internacional.
De este modo, el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica asumirá un papel estratégico y coordinador en la protección de la seguridad tecnológica nacional de España. Su función principal será la de órgano supervisor y articulador de todas las políticas y actuaciones estatales en ámbitos críticos como la defensa, la innovación y la autonomía tecnológica, en línea con los objetivos definidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
Entre sus competencias más destacadas se encuentran la coordinación integral, alineando las actuaciones de todos los ministerios y organismos implicados en innovación, defensa, ciberseguridad, inteligencia artificial, industria y financiación tecnológica, evitando solapamientos y asegurando la aplicación efectiva de la estrategia nacional.
Como también el impulso a la soberanía tecnológica, promoviendo el desarrollo y la adopción de tecnologías críticas —tanto civiles como militares—, fomentando capacidades propias en software, hardware, inteligencia artificial, ciberseguridad, espacio, comunicaciones y sensores avanzados, para reducir dependencias externas, así como la suupervisión de riesgos e innovación, mediante el seguimiento y evaluación de los desafíos emergentes en ciberseguridad, guerra híbrida, espionaje industrial y amenazas tecnológicas, diseñando mecanismos anticipados de protección y resiliencia.
No menos importante es la atracción y retención de talento, generando políticas de formación y atracción de especialistas y científicos, canalizando recursos para el empleo cualificado y la formación avanzada en sectores tecnológicos estratégicos, y proponiendo la implementación de regulaciones que refuercen la seguridad digital, la protección de infraestructuras críticas y la gestión ética e inclusiva del avance tecnológico.
Por último, se subraya su rol de servir de foro estable entre el sector público, la industria, universidades y sociedad civil, a través del Consejo Asesor, para identificar necesidades, consolidar sinergias y reforzar la internacionalización del sector tecnológico nacional, y el de promover, junto a la innovación, los valores y principios democráticos, asegurando que la modernización de las capacidades de seguridad tecnológica se realice bajo los máximos estándares de derechos humanos, ética y transparencia.
De esta forma, el Comité será responsable no solo de coordinar y supervisar la acción estatal en materia de seguridad tecnológica, sino de anticipar amenazas emergentes, dinamizar el progreso científico-tecnológico y garantizar que la soberanía tecnológica de España no sea una meta retórica, sino una realidad efectiva y sostenible en el nuevo escenario internacional.
