Desde febrero de 2025, Amnistía Internacional ha recibido “información fidedigna” que indica que al menos 36 mujeres y niñas alauíes, de edades comprendidas entre los 3 y los 40 años, han sido secuestradas en las gobernaciones de Latakia, Tartús, Homs y Hama por personas no identificadas. Amnistía Internacional documentó entre esos casos el secuestro a plena luz del día de cinco niñas alauíes menores de 18 años.
En todos salvo en uno de los casos documentados, la policía y los agentes de seguridad “no investigaron de manera efectiva la suerte y paradero de las mujeres y niñas secuestradas”, según la organización humanitaria. El 22 de julio, el comité de investigación creado por el presidente Al Sharaa para investigar los homicidios en la costa siria declaró que no había recibido ninguna información acerca del secuestro de niñas o mujeres.
“Las autoridades sirias han prometido en reiteradas ocasiones construir una Siria para toda la ciudadanía; sin embargo, no están poniendo fin a los secuestros de mujeres y niñas, impidiendo los malos tratos físicos, los matrimonios forzados y, probablemente, la trata de seres humanos, ni llevando a cabo una investigación efectiva y enjuiciando a los responsables. La comunidad alauí, ya devastada por masacres anteriores, se ha visto profundamente afectada por esta ola de secuestros. Las mujeres y las niñas tienen miedo a salir de casa o a caminar solas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
En los ocho casos que ha documentado Amnistía Internacional, las familias denunciaron ante la policía o los servicios de seguridad el secuestro de familiares de sexo femenino. En cuatro casos, se rechazaron o nunca se admitieron nuevos indicios proporcionados por las familias. “De manera sistemática”, las familias no recibieron información sobre los avances en las investigaciones. En dos casos, la policía y agentes de seguridad culparon del secuestro a la familia de la mujer o la niña, según la versión de Amnistía.
En un caso, explica la ONG, el secuestrador envió a la familia de la víctima una fotografía de ésta, que parecía haber recibido una paliza. En dos casos, el secuestrador o un intermediario pidió a las familias un rescate de entre 10.000 y 14.000 dólares estadounidenses. Sólo una de las dos familias pudo pagarlo, pero el captor no liberó a la mujer. En al menos tres casos, las personas secuestradas, una de ellas menor de edad, “fueron probablemente sometidas a matrimonio forzado por el captor”.
Muchas de las personas entrevistadas contaron que las mujeres y las niñas, principalmente las pertenecientes a la comunidad alauí, aunque también otras que viven en las gobernaciones afectadas, ahora tienen miedo o son extremadamente cautas cuando salen de casa para ir a la escuela, la universidad o el trabajo.
Aministía pide a las autoridades sirias que actúen con rapidez y transparencia para localizar a las mujeres y las niñas desaparecidas, para hacer rendir cuentas a los responsables y para proporcionar a las familias información y apoyo oportunos, creíbles y que tengan en cuenta el género.
Amnistía Internacional entrevistó a familiares cercanos de ocho mujeres y niñas secuestradas entre febrero y junio de 2025. En cuatro casos, los secuestradores se pusieron en contacto con las familias desde números de teléfono de Siria o de otros países, como Irak, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, para pedir un rescate o amenazar a las familias si buscaban a sus seres queridos. Sólo dos de las ocho víctimas han podido volver con sus familias. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya producido ninguna detención ni de que se hayan presentado cargos o iniciado procesamientos contra responsables de alguno de los ocho casos de secuestro.
La organización también recibió informes de dos activistas, dos periodistas y de la organización de derechos humanos independiente Syrian Feminist Lobby sobre otros 28 secuestros. En dichos casos, 14 de las mujeres y niñas han sido liberadas. La suerte y el paradero de las demás sigue sin conocerse.
La organización cotejó estos casos con otras fuentes, por ejemplo conversaciones telefónicas, mensajes de voz y capturas de pantalla de conversaciones escritas entre los secuestradores o las mujeres y las niñas y familiares; testimonios en vídeo publicados en Internet por familiares, que incluían peticiones directas de ayuda dirigidas a la población o peticiones a las autoridades para que actuaran, y exigencias o amenazas enviadas por los secuestradores a las familias.
El 27 de junio, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria declaró que había documentado los secuestros de al menos seis mujeres alauíes por parte de “personas no identificadas” y que “se habían recibido informes creíbles de otros secuestros”. La Comisión añadió que las autoridades habían abierto investigaciones “sobre algunos de estos casos”.
Con anterioridad, en mayo, Amnistía Internacional abordó durante una reunión con el ministro del Interior celebrada en Damasco el tema de los secuestros de mujeres y niñas alauíes. El ministro dijo que había ordenado a las autoridades pertinentes investigar. El 13 de julio, Amnistía Internacional se dirigió por escrito al ministro para trasladarle sus conclusiones preliminares y solicitar información sobre las medidas que las autoridades habían adoptado para garantizar la protección de las mujeres y las niñas, sobre la situación de las investigaciones y sobre las medidas adoptadas hasta la fecha para hacer rendir cuentas a los responsables.
En seis de los casos, las familias recibieron llamadas telefónicas o mensajes de voz de los secuestradores, todos ellos varones, o de las mujeres y las niñas secuestradas. Esas llamadas y mensajes de voz incluían peticiones de rescate, ofertas de pruebas de vida, o breves garantías del secuestrador o de las mujeres y las niñas en las que se afirmaba que éstas gozaban de buena salud.
Violencia de género
Aunque algunos familiares siguen sin saber qué le ha pasado a sus seres queridos desaparecidos, dos mujeres secuestradas, que en el momento del secuestro estaban casadas, se pusieron en contacto con sus familias para pedir el divorcio, y les informaron de que iban a casarse con su secuestrador o de que ya lo habían hecho, lo que indica que habían sido sometidas a matrimonio forzado o habían sido obligadas a pedir el divorcio.
En otro caso, una menor de edad fue secuestrada para exigir un rescate. Posteriormente, Seguridad General —las fuerzas de seguridad sirias— informó a la familia de que la niña había “contraído matrimonio”. Amnistía Internacional verificó de manera independiente la información sobre el caso y confirmó que el matrimonio se había contraído sin el consentimiento de los padres de la niña y probablemente sin aprobación judicial, por lo que era ilegal en virtud de la legislación siria.
Amnistía Internacional recibió una fotografía en la que se veía a una menor de 18 años secuestrada para exigir un rescate que había sido golpeada, presuntamente por su captor. En otro caso, Amnistía Internacional examinó un vídeo de una persona que explicaba que el captor de una familiar suya y del hijo de ésta le había afeitado la cabeza a la mujer por negarse a casarse con él.
