La seguridad nacional y la seguridad ciudadana son conceptos relacionados con la protección de personas y bienes, pero difieren en alcance, objetivos y actores involucrados. En principio parece que los retos a los que se enfrentan los países en el hemisferio americano estarían mas vinculados a un concepto de seguridad ciudadana al estar estos retos vinculados a la delincuencia organizada y no a una amenaza de violación de sus fronteras en forma de invasión militar.
Sin embargo, la inestabilidad, la inseguridad, la escalada de episodios violentos en diferentes países y en la crisis que se está produciendo en el país caribeño de Haití, indudablemente puede tener una afectación a la seguridad nacional de los Estados en la región y mas concretamente al Estado vecino dominicano y sus fronteras se pueden ver violentadas por flujos migratorios ilegales.
La delincuencia organizada en toda la legión representa una amenaza significativa tanto para la seguridad ciudadana como para la seguridad nacional, debido a su creciente vinculación con redes transnacionales de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y trata de personas. Aumentando los episodios violentos en la sociedad como consecuencia de luchas territoriales, el sicariato y los ajustes de cuentas entre grupos rivales.
Es indudable que la República Dominicana se ve afectada por estas tipologías delictivas y ha quedado demostrado que esta afectación tiene una dualidad afectiva entre República Dominicana y Haití.
Se estima que a nivel mundial un 30% de la actividad de la delincuencia organizada transnacional está vinculada al narcotráfico seguido por el tráfico de armas y el tráfico de migrantes y la trata de personas. Importante es resaltar los delitos conexos a estas actividades ilícitas como son el blanqueo de capitales y la corrupción.
La delincuencia organizada desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su vez, estimula círculos viciosos de inseguridad, en la medida que los integrantes de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas.
El crimen organizado genera y activa otros riesgos y amenazas, fundamentalmente el blanqueo de capitales, que contribuyen a debilitar al Estado, obstaculizar el crecimiento económico y minar la democracia
Estos grupos cada vez se encuentran más caracterizados por una estructura en forma de red y por disponer de un líder localizado en una jerarquía flexible. A su vez, estos grupos han incrementado la cooperación entre miembros de distintas nacionalidades y son multi delincuenciales.
Los diferentes estados han emprendido esfuerzos para combatir estos fenómenos delictivos, con el reforzamiento institucional de instituciones nacionales dedicadas a combatir estos fenómenos creado cuerpos o unidades especializadas, unidades de análisis financiero y fiscalías especializadas. También es notable el esfuerzo emprendido por diversos gobiernos a lo largo de los años la reforma integral de sus Fuerzas de Seguridad.
Sin embargo, hay espacios de mejoría y un largo camino a recorrer para mejorar la efectividad y la prevención en la delincuencia organizada transnacional, sobre todo en los campos de la coordinación interinstitucional, la cooperación internacional y en la especialización de unidades policiales y judiciales.
Estos conceptos son fundamentales para lograr ser mínimamente eficaces en la lucha contra estos grupos que se caracterizan por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad.
Tráfico de drogas
Es público y notorio que la efectividad en la incautación de sustancias controladas ha crecido exponencialmente a lo largo de los años. El apoyo brindado por el Programa Global de Control de Carga y Pasajeros (PCCP) y el Programa de Delincuencia Marítima (GMCP), ambos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a diferentes instituciones como las Armadas, las Aduanas, organismos especializados en el combato al tráfico de drogas, fuerzas policiales y correspondientes Fiscalías ha sido parte fundamental para lograr estos éxitos.
El mayor número de incautaciones puede ser un indicador para demostrar la efectividad y eficiencia de las instituciones en su combate contra el narcotráfico internacional pero también nos puede indicar el crecimiento en importancia de ciertos países, como puede ser República Dominicana, como plataforma logística para el narcotráfico internacional. Su ubicación geográfica la hace un puente estratégico entre Sudamérica y los mercados de Europa y EE. UU.
Tráfico de armas y municiones
La región enfrenta crecientes desafíos de seguridad vinculados a la proliferación, desvío y tráfico ilícito de armas de fuego, especialmente en la zona del Caribe, donde, dentro de sus fronteras como especialmente en Haití, este aumento ha sido significativo. Aunque los países han realizado esfuerzos significativos para modernizar sus fuerzas de seguridad y fortalecer la legislación de control de armas, permanecen vacíos críticos en el control administrativo de armas, la coordinación interinstitucional y la seguridad fronteriza. Estas debilidades continúan socavando los esfuerzos para contener el crimen organizado y prevenir que las armas de fuego lleguen a manos de actores criminales y terroristas.
La creciente inestabilidad en Haití, alimentada por pandillas armadas y el colapso de las instituciones estatales, ha intensificado la presión sobre las fronteras y los sistemas de seguridad de la República Dominicana. Las pandillas haitianas, muchas de las cuales están fuertemente armadas con armas traficadas, han creado una amenaza regional que se extiende más allá de Puerto Príncipe, impactando a las comunidades en la República Dominicana a través del contrabando transfronterizo, el aumento de la actividad criminal y el riesgo de desvío de armas de fuego. Estas dinámicas también ponen en peligro la seguridad regional más amplia, la estabilidad económica y la seguridad pública.
La situación de seguridad en Haití se caracteriza por el control efectivo que ejercen coaliciones de bandas armadas como la alianza “Viv Ansanm” que dominan amplias zonas del área metropolitana de Puerto Príncipe, incluyendo barrios estratégicos y rutas comerciales clave. Desde marzo de 2024, estas pandillas han ampliado su control hacia el interior del país, tomando ciudades como Mirbalais, en el Departamento Central del país donde el Estado no ha logrado restablecer su autoridad.
Equipados con armamento pesado y financiados a través del secuestro, la extorsión de comerciantes, el tráfico de drogas y el control de los mercados de combustible y productos básicos, estos grupos han establecido estructuras paramilitares y redes de corrupción que penetran sectores institucionales y privados. La falta de una respuesta coordinada y sostenida por parte de las fuerzas de seguridad haitianas ha permitido que los grupos criminales controlen puntos neurálgicos como las zonas de acceso a los puertos marítimos en Puerto Principe, las zonas aledañas al aeropuerto de Puerto Príncipe y pasos fronterizos clave como Belladere y Malpasse, dificultando tanto el comercio legítimo como la asistencia humanitaria y profundizando la crisis humanitaria y socioeconómica que afecta a la población.
En este contexto, fortalecer las capacidades de loa estados en la detección e interceptación de armas de fuego a través de los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, hacer cumplir el control administrativo de las armas y mejorar la coordinación entre agencias es esencial para prevenir la desviación, hacer cumplir la legalidad y reducir el riesgo de tráfico. El establecimiento de mecanismos integrados para la supervisión, el mantenimiento de registros, la concesión de licencias y el control fronterizo reforzará la resiliencia nacional y contribuirá a los esfuerzos regionales más amplios bajo la Hoja de Ruta de Armas de Fuego del Caribe.
Durante el período de 2018 a 2024, las unidades de control, establecidas en el marco del Programa Global de Control de Carga y Pasajeros de UNODC, lograron interdicciones en un total de 42 casos relacionados con armas de fuego y municiones, sumando un total de 99.087 armas de fuego y municiones incautadas.
La mayoría de los casos fueron realizados por la Unidad de Control Portuario en el puerto de Haina, donde se han interceptado grandes cantidades de armas de fuego que intentaban ser contrabandeadas al país para alimentar a grupos del crimen organizado locales, vinculados al tráfico internacional de drogas.
Parte de estas armas de fuego y municiones también están siendo contrabandeadas a través de la frontera terrestre para alimentar a las pandillas haitianas en su lucha por el control territorial.[1]
Tráfico ilegal de inmigrantes y trata de personas
En el actual contexto de movilidad humana y criminalidad transnacional, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas representan amenazas crecientes a la seguridad nacional.
Para enfrentar de manera efectiva el tráfico ilícito de migrantes, se requiere continuar promoviendo un enfoque institucional robusto que priorice la formación continua, estructurada y especializada del personal migratorio, fronterizo y de seguridad.
Esta capacitación debe permitir identificar y abordar el delito tanto en su modalidad de entrada al país — especialmente en el contexto de personas migrantes haitianas— como en su modalidad de salida, dada la creciente participación de ciudadanos dominicanos como facilitadores u objeto del delito.
Dichos procesos formativos deben institucionalizarse, con personal dedicado a su implementación, evaluación y actualización, integrando enfoques de género y derechos humanos, promoviendo la no criminalización de las personas migrantes, y articulando mecanismos efectivos de referimiento a las unidades especializadas de policía y procuraduría.
Además, se vuelve prioritario consolidar procedimientos interinstitucionales estandarizados, con indicadores claros para la detección de casos y delimitación de competencias, y fortalecer la cooperación internacional mediante el uso estratégico de canales de intercambio de información y asistencia jurídica disponibles para el país.
En el ámbito de la trata de personas, resulta prioritario continuar promoviendo y desarrollando programas de prevención y sensibilización a nivel comunitario, especialmente en localidades fronterizas donde se registran mayores vulnerabilidades.
Ante el preocupante aumento de niñas y adolescentes como víctimas, estas intervenciones comunitarias adquieren un carácter urgente y estratégico. En este sentido, los miembros de las fuerzas del orden deben contar con protocolos y procesos que permitan identificar indicios de trata de personas en contextos como operativos migratorios, casos de violencia basada en género, investigaciones relacionadas con tráfico ilícito de migrantes entre otros delitos conexos.
Además, se debe fomentar el intercambio continuo de información entre fiscales y consolidar estructuras ya existentes, como la figura de los fiscales enlaces, como canales efectivos para la cooperación interinstitucional. Igualmente, se recomienda continuar promoviendo mesas de trabajo interinstitucionales sobre trata de personas, especialmente en zonas fronterizas, que permitan fortalecer la articulación territorial. Finalmente, es crucial garantizar la diferenciación en los procesos de protección y respuesta, distinguiendo adecuadamente entre personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata, a fin de asegurar que cada grupo reciba la atención y los recursos adecuados conforme a su situación.
En paralelo, es necesario seguir fortaleciendo las iniciativas orientadas a la judicialización del delito de trata, mediante el trabajo directo con fiscales y jueces, promoviendo no solo el desarrollo de capacidades técnicas sino también procesos de sensibilización que integren enfoques centrados en la víctima.
Este esfuerzo debe articularse con mecanismos efectivos de cooperación internacional, fomentando el uso de la asistencia jurídica mutua, los equipos conjuntos de investigación y el intercambio de buenas prácticas a nivel regional para mejorar la respuesta penal y combatir la impunidad.
Asimismo, se recomienda continuar incorporando de forma sistemática el análisis de los flujos financieros ilícitos en las investigaciones de trata como un componente clave para la disrupción de redes criminales y estructuras del crimen organizado.
El crimen organizado como proveedor de bienes o servicios regulados o prohibidos por ley se rige por los principios empresariales de la oferta y la demanda y la maximización de sus ganancias.
Hablar de actividades desarrolladas por el crimen organizado es hablar de productos y servicios que demanda parte de la población, y cuyas fases de producción, distribución, comercialización, adquisición y prestación, están prohibidas o reguladas por el Estado.
De lo enunciado se infiere que el desarrollo de actividades económicas por parte de organizaciones criminales en un país implica la penetración en sus estructuras económicas y en muchos casos lleva aparejado una competencia desleal.
Unas economías en constante crecimiento y su facilidad de captar inversiones extranjeras, facilita el blanqueo de capitales y la hace sensible a la implantación y penetración por parte del crimen organizado para sus propósitos de introducir sus ganancias ocultas en el circuito económico legal.
Blanqueo de capitales, recuperación de activos y decomiso de bienes
La lucha contra el crimen organizado requiere, para su efectividad, atacar el componente patrimonial de estos grupos. De hecho, conseguir afectar a ese componente puede suponer la diferencia entre la mera detención de los miembros del grupo investigado y la desarticulación real del mismo, al afectar gravemente a la estructura, los recursos, las capacidades y la resiliencia de los grupos desarticulados.
En este sentido premia focalizar el trabajo investigativo no tanto en las meras incautaciones de cualquier tipo de ilícito sino en la desarticulación de estructuras criminales complejas y sus infraestructuras económicas a través de investigaciones de blanqueo de capitales, la recuperación de activos y el decomiso de bienes provenientes de actividades delictivas.
Los Estados han hecho esfuerzos significativos en adaptar sus leyes de blanqueo de capitales, recuperación de activos, y de decomiso a los estándares internacionales, como son las leyes: Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley núm. 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, en República Dominicana
Además, los países cuentan con unidades policiales y fiscalías especializadas en la materia sin embargo a pesar de tener los instrumentos jurídicos propicios, la complejidad asociada a la materia invoca la necesidad de contar una alta especialización y personal altamente cualificado para llegar a ser efectivos, por lo que se requiere invertir en la capacitación de este personal que debe ser seleccionado por sus capacidades y conocimientos técnicos.
La cultura de rotación del funcionariado a diferentes puestos de trabajo mina significativamente la calidad de estas unidades especializadas que requieren de una capacitación técnica continua y experiencia en la materia, para ser efectivos.
La inteligencia
La inteligencia es una herramienta indispensable para luchar eficazmente contra las organizaciones criminales. Los productos de inteligencia constituyen un elemento esencial en la planificación de cuantas acciones de carácter nacional o internacional se hayan de tomar para erradicar el crimen organizado, puesto que aporta diversas respuestas a múltiples desafíos a los que se enfrentan los Estados: desestabilización política, desestabilización económica, corrupción, blanqueo de capitales, tráficos ilícitos (drogas, armas, seres humanos).
La inteligencia ha de prever de manera temprana los daños que estas organizaciones generan, identificando primariamente los elementos que pueden activar estos riesgos y amenazas, para aportar soluciones eficaces.
La inteligencia permite tomar decisiones de tipo estratégico (que definen las líneas de actuación a largo plazo) y táctico (que materializan las acciones inmediatas a realizar), complementa los métodos tradicionales de investigación e implementa planteamientos nuevos con el fin de crear entornos hostiles que disuadan la criminalidad de los grupos que intentan establecerse.
La inteligencia debe conocer la situación del momento y, además, adelantarse a los posibles cambios de la criminalidad, tanto en sus estructuras organizativas como en sus actividades criminales.
Las diferentes fuerzas del orden en los ámbitos policial, militar y aduanero cuentan dentro de sus estructuras con las correspondientes unidades de inteligencia que enfocan su trabajo en la obtención de información en materia de seguridad que afecta sus competencias, generando productos de inteligencia que en muchas ocasiones no son compartidos de forma sistemática con otras instituciones cuando afecte a la competencia de estos, lo que en muchas ocasiones conlleva la perdida de numerosa información valiosa. Sería altamente positivo que la inteligencia obtenida por las diferentes instituciones pueda ser compartida entre instituciones y estados de forma sistemática.
La cooperación interinstitucional, bilateral, regional e internacional
En prácticamente la totalidad de los países, la seguridad, es una responsabilidad compartida entre diferentes instituciones de carácter militar, policial y aduanero. Teniendo en cuenta que una lucha eficaz contra el crimen organizado requiere de una actuación coordinada y conjunta de todas las instituciones, es necesario tener mecanismos de coordinación efectivos. Además, la coordinación institucional también facilita la optimización de recursos, que por lo general siempre son escasos.
Teniendo en cuenta estos factores es lógico plantear la necesidad de que las instituciones aúnan esfuerzos en su lucha contra los grupos de crimen organizada en el país.
La coordinación interinstitucional es existente y se da a menudo a modo informal entre los diferentes componentes de las diferentes instituciones, pero es altamente recomendable que la coordinación se oficialice y se eleva a canales formales de coordinación y cooperación, donde las diferentes investigaciones, pueden compartir inteligencia sobre objetivos de interés y redes criminales y que además permita la coordinación de las respectivas investigaciones cruzadas.
Un claro ejemplo de formalización de la cooperación y coordinación interinstitucional puede ser el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Reino de España.
En este centro las diferentes instituciones policiales, penitenciarias y aduaneras comparten su inteligencia sobre grupos terroristas y grupos de crimen organizada y además permite la efectiva cooperación y coordinación de las diferentes investigaciones que los diferentes cuerpos llevan a cabo a través de sus Sistema de Registro de Investigaciones (SRI), a modo de que si diferentes instituciones investigan los mismos objetivos (personas físicas, personas jurídicas, vehículos, números de teléfono, etc) se cruzan estas investigaciones son coordinadas y la información es compartida entre los cuerpos interesados, logrando una mayor eficacia en las operaciones y una optimización de recursos.
A la hora de afrontar la lucha contra el crimen organizado o cualquier otra amenaza debe partirse de la base de que no se disponen de toda la información, por lo que abordar el problema de una forma integral requiere, además de la coordinación interna y la adecuada canalización de la información propia, el contacto e intercambio de información con otros actores y países que disponen, en ocasiones sin saberlo, de información clave para la detección y lucha contra el crimen organizado.
La necesidad de conocer de las autoridades requiere de un conjunto de medidas multidisciplinares (colaboración entre cuerpos, con otros ministerios y organismos, sector privado, organismos internacionales, agentes sociales, sector judicial, etc), y que refuerzan, en la mayoría de los casos, la lucha y efectividad contra el crimen organizado.
En este sentido la cooperación internacional cobra una gran importancia y se convierte en un elemento esencial.
La cooperación policial y judicial entre Estados resulta compleja. Cada Estado cuenta con su propio marco jurídico y unas fuerzas y cuerpos de seguridad/sistema judicial con diferentes estructuras que abordan la seguridad interior, la gestión de situaciones de crisis y el mantenimiento del orden público bajo diferentes estrategias y perspectivas.
Por ello, sigue siendo necesario el continuar con el trabajo focalizado en diferentes avances a nivel internacional en aras de que esa cooperación internacional sea lo más fluida, efectiva y coordinada posible.
Teniendo en cuenta estos factores resulta comprensible que apremia la necesidad de establecer canales de bilaterales de intercambio de información policial y judicial entre República Dominicana y Haití que resultaría fundamental para ayudar estabilizar un estado fallido y prevenir la implementación de grupos de crimen organizado en ambos lados de la frontera.
Sería altamente recomendable que cada vez mas países hagan un esfuerzo para abrir los canales de intercambio de información no solo bilateralmente entre si, pero también en el espectro regional y global. Es necesario posicionar mas y mejor a estas instituciones encargadas de la seguridad, en organismos internacionales de cooperación como son AMERIPOL, EUROPOL, EUROJUST, JIATF, MAOC, etcétera, y aumentar el número de enlaces policiales, militares y aduaneros en los países de interés y garantizar un flujo constante de información operativa.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como depositaria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000) cuyo objetivo es combatir el crimen organizado transnacional mediante la cooperación internacional ha impulsado e impulsa diferentes proyectos e iniciativas en la región que promueven el intercambio de información a través de la cooperación internacional.
[1] Informes trimestrales emitido por UNODC al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2692 (2023) renovada por la resolución del Consejo de Seguridad 2743 (2024).
Alberto Arean Varela (subteniente de la Guardia Civil en servicios especiales) es Jefe de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en República Dominicana; Coordinador Regional para Latinoamérica y el Caribe, del Programa Global de Control de Carga y Pasajeros (PCCP) de la División de Gestión de Fronteras de UNODC.
