A las 16:53 del jueves 17 de agosto de 2017, una furgoneta blanca irrumpió en el paseo central de La Rambla de Barcelona. Durante más de medio kilómetro, zigzagueó contra peatones hasta detenerse a la altura del mosaico de Miró. Aquella carrera homicida dejó 13 muertos en el acto y más de un centenar de heridos; la cifra de víctimas mortales ascendería a 16 en los días siguientes, cuando fallecieron una mujer atacada en Cambrils y una turista alemana herida en Barcelona.
La autoría fue reivindicada horas después por el autodenominado Estado Islámico. El conductor, Younes Abouyaaqoub, logró huir a pie cruzando La Boqueria y, ya en la zona universitaria, apuñaló a Pau Pérez para robarle el coche y escapar. Cuatro días más tarde, el 21 de agosto, fue localizado y abatido por los Mossos d’Esquadra en Subirats, con un falso cinturón explosivo y cuchillos, dando por desarticulada la célula operativa.
La noche del 17 al 18 de agosto, la amenaza se trasladó 120 kilómetros al sur. En Cambrils (Tarragona), cinco miembros de la misma red intentaron saltarse un control policial y arrollaron a varias personas en el paseo marítimo. Armados con cuchillos y portando falsos cinturones explosivos, fueron abatidos por los Mossos en minutos, pero el ataque se cobró la vida de Ana María Suárez, zaragozana de 61 años, e hirió a varias personas, entre ellas agentes. Con Cambrils, el país comprendió que no se trataba de un “lobo solitario”, sino de una célula coordinada que actuaba a contrarreloj.
La génesis del 17-A estaba, sin embargo, a 180 kilómetros al sur de Barcelona y 24 horas antes. La madrugada del 16 de agosto, una potente explosión derribó una casa en la urbanización Montecarlo de Alcanar (Tarragona). Entre los escombros, los investigadores hallaron bombonas de butano y precursores de TATP: el grupo fabricaba explosivos para una matanza de mayor escala. Allí murió el imán Abdelbaki Es Satty —considerado el cerebro y radicalizador de la célula—, lo que precipitó el cambio de plan hacia los atropellos de Barcelona y Cambrils.
La reconstrucción policial y judicial acreditó que los terroristas pretendían ataques con “furgonetas bomba” contra objetivos emblemáticos, con especial obsesión por la Sagrada Familia; en sus deliberaciones llegaron a barajar París como teatro paralelo de la masacre. La deflagración de Alcanar frustró ese salto cualitativo.
La célula, conocida como la “célula de Ripoll” por la localidad gerundense donde se agruparon la mayoría de sus miembros, reprodujo patrones ya observados en otras tramas europeas de la era Estado Islámico: jóvenes nacidos o criados en Europa, lazos familiares y de amistad muy densos, una figura de autoridad religiosa que actúa como “emprendedor” del terrorismo y un proceso de cohesión grupal que acelera la radicalización.
En Ripoll, Es Satty dirigió la captación y la logística; bajo su ascendiente se movían Younes y Houssaine Abouyaaqoub, los hermanos Mohamed y Omar Hychami, Moussa y Driss Oukabir, y Said Aalla, entre otros. La aparente integración social —estudios, trabajos precarios, fútbol, amistades— enmascaró señales de riesgo hasta que fue demasiado tarde.
En las horas febriles que siguieron a La Rambla, Cataluña activó su gabinete antiterrorista. La ciudadanía respondió con el lema “No tinc por” (No tengo miedo), pero también con escenas de pánico, evacuaciones y controles masivos. El operativo policial —apoyado por alertas a la población y difusión de imágenes del huido— terminó cercando a Abouyaaqoub en un viñedo de Subirats el 21 de agosto. La presión de la caza al hombre fue total: Cataluña y media España estaban pendientes de un nombre y una fotografía. Su neutralización cerró la fase estrictamente operativa de la crisis.
El balance humano fue devastador. La secuencia de Barcelona y Cambrils dejó 16 personas asesinadas —de diversas nacionalidades y edades, incluidos dos menores— y más de 140 heridos, además de un impacto psicológico profundo en supervivientes y testigos. En La Rambla, algunos afectados han contado que caminar de nuevo por el mosaico de Miró supuso un ritual de duelo; para otros, la herida permanece demasiado abierta como para regresar.
La investigación judicial quedó condicionada por un elemento clave: los autores materiales de los asesinatos murieron en Alcanar o fueron abatidos en Cambrils y Subirats. Por ello, la Audiencia Nacional juzgó a tres integrantes de la trama por terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos, estragos y lesiones vinculadas a Alcanar, y colaboración.
En 2021-2022, las condenas firmes se situaron en 43 años de prisión para Mohamed Houli y 36 para Driss Oukabir; a Said Ben Iazza, colaborador logístico, se le impuso una pena que el Supremo acabaría rebajando a 18 meses por imprudencia. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó las penas largas y la rebaja al colaborador, rechazando atribuirles los 16 asesinatos —como pretendían las acusaciones— al no acreditarse su conocimiento o participación directa en las matanzas.
En el plano político e institucional, el 17-A abrió debates aún vivos: coordinación policial y de inteligencia, seguimiento del imán Es Satty —quien había pasado por prisión y evitó su expulsión—, la gestión de la alerta antiterrorista y el tratamiento a las víctimas. En 2024, el Gobierno expresó su disposición a desclasificar documentación del Centro Nacional de Inteligencia sobre el caso a petición de una comisión investigadora, en un intento por arrojar más luz sobre las relaciones previas del imán con el Estado. La controversia sobre lo que se supo y lo que se pudo prevenir no ha desaparecido del todo.
Un recuerdo vivo
Ocho años después, Barcelona y Cambrils siguen conmemorando a las víctimas cada agosto. La Rambla acoge ofrendas discretas —flores, velas, tarjetas en silencio— y en Cambrils se recuerda a Ana María Suárez en el paseo marítimo. La memoria del 17-A convive con la vida cotidiana: los turistas vuelven a fotografiar el mosaico, los vendedores despliegan sus puestos, la ciudad recuperó su pulso.
Pero para quienes estuvieron allí, el paisaje lleva una segunda capa, invisible y persistente: la certeza de que la rutina puede quebrarse en un instante, y la convicción —compartida por servicios de emergencia, sanitarios y vecinos— de que la respuesta colectiva importa. Ese es, quizá, el legado cívico más sólido frente al terror: no la ausencia del miedo, sino la decisión consciente de no vivir bajo su dictado.
