El Gobierno de Aragón ha incorporado efectivos de seguridad privada en dos centros de atención a menores migrantes no acompañados de Zaragoza, una medida que pretende reforzar la protección tanto de los menores como de los profesionales que trabajan en estas instalaciones.
En concreto, el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero cuenta desde el 1 de septiembre con dos vigilantes, mientras que otros dos comenzaron a prestar servicio el 4 de septiembre en el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIMA) de Movera.
La decisión se produce después de que el Gobierno autonómico contabilizara 163 incidencias relacionadas con delitos y alteraciones de la convivencia entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. De ellas, 93 se registraron en el centro de Torrero y 70 en el de Movera. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido que la incorporación de los vigilantes responde a la necesidad de mejorar la seguridad en los centros y proteger a sus trabajadores y residentes.
El dispositivo tiene inicialmente un horario de 14.30 a 23.30 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes y sábados se prolonga de 14.00 a 00.00 horas. Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, la medida había sido anunciada al comienzo de la legislatura y se fundamenta en un acuerdo alcanzado con una empresa de seguridad privada. La intención manifestada por el Gobierno aragonés es estudiar una ampliación progresiva de la cobertura.
Uno de los aspectos destacados por el Ejecutivo es que los vigilantes no sustituyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni asumen funciones policiales. Sus competencias están delimitadas por el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado mediante el Real Decreto 2364/1994, y por el artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. El Gobierno de Aragón ha insistido en que la actuación de estos profesionales se mantiene dentro de las atribuciones que la legislación concede a la seguridad privada.
Entre las funciones previstas se encuentran las actuaciones propias de vigilancia y protección de los centros, además de comprobaciones y registros dentro de las competencias legalmente atribuidas. En caso de producirse un incidente grave que requiera una intervención policial, los vigilantes deben poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De este modo, el dispositivo pretende establecer una primera línea de prevención y protección sin convertir a la seguridad privada en un sustituto de la actuación policial.
La medida se enmarca en las competencias que Aragón ejerce en materia de protección de menores. El propio Gobierno autonómico señala que la protección de la infancia comprende las actuaciones destinadas a prevenir, detectar y corregir situaciones de riesgo o desamparo, mientras que los centros destinados a menores en conflicto social cuentan también con medidas y personal de seguridad para garantizar el desarrollo de sus objetivos educativos y de protección.
El debate sobre la seguridad en estos centros llega además en un momento de creciente atención política y social sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados. La incorporación de vigilantes plantea así un modelo en el que la atención educativa y asistencial se complementa con mecanismos específicos de seguridad, especialmente en instalaciones donde la Administración considera que determinadas situaciones de conflictividad pueden afectar tanto a los menores como a los trabajadores.
La experiencia de Torrero y Movera podría convertirse, por tanto, en un precedente para la extensión de este tipo de dispositivos a otros centros de la Comunidad Autónoma. El Gobierno aragonés sostiene que el objetivo último no es modificar el carácter asistencial de estas instalaciones, sino garantizar que educadores, trabajadores y menores puedan desarrollar su actividad en unas condiciones de seguridad adecuadas y dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
