La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular en el marco de la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado. El tribunal avala así la continuación del procedimiento, aunque limita el alcance de la acusación a dos delitos: tráfico de influencias y malversación.
La resolución supone que la Sala mantiene la vía del jurado popular planteada por el magistrado instructor, pero corrige parcialmente su decisión inicial al dejar fuera los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. La causa queda así centrada en las actuaciones relacionadas con la actividad desarrollada por Gómez en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid y, en particular, con el software vinculado a la cátedra que dirigía.
La Audiencia considera que existen elementos suficientes para que el procedimiento siga adelante y entiende que el auto de apertura de juicio oral contiene una argumentación suficiente para continuar la causa. La decisión no supone, en ningún caso, una declaración de culpabilidad, sino que permite que las acusaciones y la defensa expongan sus argumentos ante el tribunal que deberá resolver sobre la responsabilidad penal de la investigada.
El tribunal también ha acordado dejar sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, incluida la retirada de sus pasaportes y la prohibición de abandonar España, por lo que ambas recuperan sus documentos de viaje. La decisión llega después de la polémica suscitada por el viaje de Gómez al Reino Unido para asistir a la graduación de su hija y por la exigencia del juez Peinado de que acreditara las circunstancias del desplazamiento.
La causa se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y desde entonces ha generado una intensa controversia política y jurídica. La Fiscalía ha defendido en distintos momentos el archivo de la investigación, mientras que las acusaciones populares han sostenido la existencia de indicios de posibles irregularidades en la actuación de Gómez y en su relación con determinadas actividades profesionales y universitarias.
La celebración de un juicio con jurado popular convierte el procedimiento en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política de los últimos años. Será ahora el tribunal competente el que deberá fijar los siguientes pasos procesales y, llegado el momento, la composición del jurado que tendrá que pronunciarse sobre los hechos y la eventual responsabilidad penal de Begoña Gómez.
