La Ciudad Autónoma de Ceuta ha contratado un servicio extraordinario de seguridad privada para reforzar la vigilancia y protección de sus playas, una medida adoptada después de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio y de la posterior ocupación de distintos espacios públicos, entre ellos varios puntos del litoral.
El dispositivo contempla la presencia de 22 vigilantes diarios, distribuidos entre ocho zonas de baño: La Ribera, El Chorrillo, Benítez, San Amaro, Los Corrales, Almadraba, Tarajal y Benzú. El servicio funcionará de lunes a domingo, entre las 11.30 y las 20.30 horas, hasta la finalización de la temporada de baño.
La contratación ha sido impulsada por la Consejería de Presidencia y Gobernación y tiene como objetivo reforzar la protección de las instalaciones, equipamientos y espacios de uso público de las playas. El Gobierno ceutí presenta el dispositivo como una medida auxiliar y preventiva, destinada también a favorecer la convivencia y garantizar un uso adecuado de estos espacios en un escenario marcado por la situación excepcional que atraviesa la ciudad.
Las funciones de los vigilantes estarán delimitadas por la normativa de seguridad privada. Entre sus cometidos figura la vigilancia y protección de elementos e instalaciones, así como la realización de requerimientos relacionados con el correcto uso de los espacios. Cuando se produzcan situaciones que requieran una intervención policial, los vigilantes deberán comunicar inmediatamente los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Ciudad Autónoma subraya que el personal de seguridad privada no sustituirá a la Policía Local, la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. El objetivo es establecer un dispositivo complementario que permita mantener una presencia permanente en las playas mientras los cuerpos policiales concentran sus efectivos en otras zonas de Ceuta que también están experimentando una elevada presión.
La decisión llega después de varias semanas de especial tensión en la ciudad autónoma. El litoral se convirtió en uno de los principales escenarios de la crisis tras la llegada masiva de personas a finales de julio. En los últimos días, además, las autoridades han tenido que desplegar dispositivos policiales para desalojar asentamientos en la playa del Trampolín, donde llegaron a concentrarse centenares de personas.
El operativo de seguridad privada adquiere especial relevancia después del desalojo de la playa del Trampolín. El 20 de agosto, alrededor de 1.700 migrantes abandonaron la zona escoltados por la Policía Nacional y fueron trasladados a diferentes espacios temporales de acogida. Sin embargo, parte de estas personas regresó posteriormente al litoral, obligando a las autoridades a mantener la vigilancia y a continuar trabajando en la recuperación de la zona.
La situación ha obligado a las administraciones a combinar medidas policiales, humanitarias y de seguridad. El Gobierno central ha habilitado alrededor de 1.500 plazas temporales de acogida y ha reforzado los recursos destinados a atender a las personas que permanecen en la ciudad, mientras las autoridades locales reclaman una respuesta sostenida ante las consecuencias de la crisis migratoria.
En paralelo, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen reforzados sus dispositivos. El Ejecutivo central ha anunciado la permanencia de cientos de agentes adicionales en Ceuta, mientras se estudian soluciones de carácter más estable para reforzar la protección de la frontera y hacer frente a futuros episodios de presión migratoria.
La utilización de vigilantes privados en las playas abre además un debate sobre el papel que puede desempeñar la seguridad privada en espacios especialmente sensibles como el litoral de una ciudad fronteriza. La normativa establece una diferenciación clara entre las funciones de vigilancia y protección que pueden asumir los profesionales habilitados y aquellas competencias reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El caso de Ceuta no parte, sin embargo, de cero en materia de seguridad privada en instalaciones vinculadas al ámbito marítimo. La Autoridad Portuaria de Ceuta ya licitó en febrero un servicio de vigilancia privada para el control de pasajeros y vehículos en diferentes puntos del puerto, incluida la terminal de pasajeros, los accesos al Muelle Cañonero Dato y la Dársena Pesquera.
El nuevo dispositivo en las playas representa, por tanto, una ampliación de la presencia de la seguridad privada en un momento extraordinario para la ciudad. La clave estará en determinar si se trata de una medida estrictamente vinculada a la actual emergencia o si la experiencia termina consolidando fórmulas permanentes de colaboración entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en determinados espacios del litoral ceutí.
La medida refleja, en último término, la presión que continúa soportando Ceuta semanas después de la entrada masiva de finales de julio. Mientras las administraciones trabajan en el alojamiento y traslado de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad, el refuerzo de la vigilancia de playas pretende evitar que estos espacios vuelvan a convertirse en asentamientos improvisados y garantizar su recuperación para el uso ciudadano.
