Controversia en Argentina por la licitación internacional de un buque logístico con capacidad polar para la Armada

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La Armada Argentina ha abierto una licitación internacional para incorporar un buque de apoyo logístico con capacidad para operar en aguas polares, una adquisición destinada a reforzar el sostenimiento de las campañas antárticas del país. La convocatoria permite optar por una unidad nueva o de segunda mano y ha generado un debate en torno a la conveniencia de adquirir el buque en el exterior frente a la posibilidad de impulsar su construcción en astilleros argentinos.

El procedimiento está siendo gestionado por la Misión de Logística Naval Argentina en Washington y contempla no solamente la adquisición del buque, sino también la capacitación de parte de la futura tripulación y el traslado de la unidad desde su puerto de origen hasta Buenos Aires. La apertura de las ofertas está prevista para el próximo 19 de octubre, según la documentación y las informaciones publicadas sobre la convocatoria.

La futura unidad se incorporaría a la Flota de Mar y tendría como misión principal transportar personal, equipos, combustible, víveres y otros suministros necesarios para las operaciones argentinas en la Antártida. Su función sería complementar al ARA Almirante Irízar, el rompehielos que constituye uno de los principales medios navales argentinos para el sostenimiento de las campañas antárticas.

El pliego establece unos requisitos técnicos concretos. El buque deberá haber entrado en servicio en 2010 o posteriormente, tener una eslora de entre 108 y 132 metros, una manga de entre 19,5 y 24,5 metros y un calado máximo de 7,3 metros. Asimismo, deberá disponer de unas 6.000 toneladas de peso muerto y al menos 6.000 metros cúbicos de capacidad de bodega.

Entre sus capacidades de transporte figura la posibilidad de embarcar hasta 350 contenedores TEU, además de disponer de conexiones para al menos diez contenedores refrigerados. El buque deberá contar igualmente con grúas propias capaces de levantar cargas de al menos 40 toneladas, una característica especialmente relevante para las operaciones en lugares en los que la infraestructura portuaria es limitada.

La capacidad polar constituye otro de los requisitos centrales. La Armada exige una clasificación Polar Class 7 (PC7) o una equivalente certificada por una sociedad perteneciente a la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS). La unidad deberá alcanzar una velocidad de servicio mínima de 12 nudos y disponer de una autonomía de al menos 8.000 millas náuticas.

La convocatoria también contempla la transferencia de conocimientos a la Armada. El adjudicatario deberá facilitar la tripulación necesaria para el traslado del barco y formar durante la navegación a un máximo de 15 integrantes de la Armada, además de proporcionar diez días adicionales de instrucción en Buenos Aires. La entrega definitiva deberá producirse dentro de los 180 días corridos posteriores a la emisión de la orden de compra.

El debate sobre la construcción nacional

La licitación ha abierto un debate en Argentina sobre la decisión de recurrir al mercado internacional cuando existen antecedentes de proyectos destinados a desarrollar una capacidad similar dentro del país.

Trabajadores del Astillero Río Santiago, a través de la representación sindical de ATE Ensenada, han cuestionado que la adquisición se plantee en el exterior. Su posición es que el proceso debería tener en cuenta la capacidad de los astilleros nacionales para construir una unidad de estas características. El sindicato ha invocado, además, la legislación argentina sobre industria naval y la prioridad que establece para los astilleros nacionales cuando disponen de las capacidades técnicas necesarias.

La controversia tiene como antecedente el proyecto ARC 133, desarrollado con participación de Tandanor, Astillero Río Santiago y la compañía finlandesa Aker Arctic Technology. La iniciativa contemplaba precisamente el desarrollo de un buque polar destinado a reforzar la capacidad logística argentina en la Antártida.

El proyecto nacional llegó a contar con respaldo administrativo. En 2021, el Ministerio de Defensa aprobó una contratación con Tandanor para desarrollar la ingeniería básica y el plan de construcción de un buque polar para la Armada. El Boletín Oficial señaló entonces que el proyecto contribuiría al sostenimiento logístico del programa antártico argentino.

La existencia de ese precedente es uno de los elementos que alimentan actualmente el debate. La discusión no se limita al precio de adquisición de la plataforma, sino que afecta a cuestiones relacionadas con la soberanía industrial, la generación de capacidades navales propias, los plazos de disponibilidad y el coste de sostenimiento durante la vida útil del buque.

Por el contrario, una adquisición internacional permitiría a la Armada acceder potencialmente a una unidad ya construida y con experiencia operativa, evitando los plazos asociados al diseño detallado, construcción y pruebas de un buque completamente nuevo. La convocatoria admite precisamente unidades usadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Una capacidad estratégica para la Antártida

La adquisición se plantea en un contexto en el que Argentina mantiene una intensa actividad logística en la Antártida. El país necesita transportar periódicamente alimentos, combustible, equipos, repuestos y personal hacia sus bases y disponer de medios capaces de operar en condiciones meteorológicas y marítimas particularmente exigentes.

La incorporación de un buque logístico polar permitiría disponer de una segunda plataforma especializada, complementaria al ARA Almirante Irízar, y reducir la dependencia de un único gran buque para determinadas operaciones logísticas. La Armada pretende así incrementar la capacidad de transporte y apoyo durante las campañas antárticas.

La propia actividad administrativa del Ministerio de Defensa refleja la importancia de esta logística. Para la campaña antártica 2026-2027, el Gobierno argentino ha abierto también procedimientos específicos destinados a garantizar la cadena logística y el suministro de víveres necesarios para las operaciones.

La controversia por el nuevo buque se sitúa, por tanto, en una cuestión más amplia: cómo debe Argentina recuperar y mantener sus capacidades navales antárticas y qué parte de ese esfuerzo debe ejecutarse mediante industria nacional y qué parte mediante adquisiciones internacionales.

La licitación permitirá conocer qué ofertas existen en el mercado internacional y si alguna de las unidades propuestas cumple simultáneamente los exigentes requisitos de capacidad polar, transporte, autonomía y operación logística establecidos por la Armada. Hasta entonces, el debate continuará enfrentando dos prioridades: disponer de una capacidad operativa en los plazos requeridos y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de la industria naval argentina.

 

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