La respuesta policial a las protestas contra las operaciones de control migratorio impulsadas por la Administración de Donald Trump en Estados Unidos ha abierto un nuevo debate sobre los límites del uso de la fuerza. Una investigación conjunta de Physicians for Human Rights (PHR) y el Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, ha documentado 412 incidentes de presunto uso indebido de armas de control de masas en 16 ciudades estadounidenses entre junio de 2025 y mayo de 2026. El análisis identifica 203 lesiones en 119 de esos episodios, aunque sus autores advierten de que la cifra real probablemente sea superior.
El informe, titulado Charting the Crackdown, se basa en una investigación de fuentes abiertas que ha utilizado vídeos verificados, fotografías, imágenes de medios de comunicación y otros materiales audiovisuales para reconstruir los incidentes. El objetivo ha sido establecer no solo dónde se produjeron las intervenciones, sino también qué armas fueron utilizadas, cómo se emplearon y cuáles fueron sus consecuencias.
La investigación concluye que los principales problemas se concentraron en el uso de irritantes químicos, proyectiles de impacto cinético y armas híbridas, como las conocidas pepper balls. Estas últimas representaron más de una cuarta parte de los incidentes documentados. Los investigadores denuncian prácticas como disparar proyectiles directamente contra la cabeza de personas, emplearlos desde distancias consideradas inseguras o lanzar gases lacrimógenos contra individuos concretos.
Lesiones graves y daños permanentes
Entre las consecuencias registradas figuran traumatismos craneales y casos de pérdida de visión. Los autores sostienen que muchas de las lesiones no pueden determinarse únicamente mediante imágenes, como ocurre con determinadas exposiciones químicas o daños auditivos. Por ello, consideran que los 203 daños documentados constituyen probablemente un recuento mínimo.
El informe también señala que algunas armas fueron utilizadas contra personas que, según la investigación, no disponían de una vía segura de escape. Asimismo, se documentaron actuaciones contra periodistas, observadores legales y otros grupos protegidos, lo que eleva la preocupación de los investigadores al considerar que el uso de la fuerza habría afectado a personas que no participaban directamente en actos violentos.
La cuestión central planteada por el estudio es que el carácter denominado “menos letal” de determinadas armas no elimina el riesgo de producir lesiones graves. La forma en que se emplean, la distancia, el tipo de munición, el lugar de impacto y las características de la persona afectada pueden convertir una herramienta diseñada para dispersar una concentración en un instrumento capaz de provocar daños permanentes.
Cinco ciudades concentran la mayoría de los casos
Más del 90 % de los incidentes documentados se produjo en cinco áreas metropolitanas: Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Newark y Portland. Se trata, según los investigadores, de algunos de los lugares donde las operaciones federales de control migratorio fueron más intensas y donde se desarrollaron movimientos de protesta prolongados.
El análisis atribuye directamente el 86 % de los incidentes al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales. La excepción más destacada fue Los Ángeles, donde las fuerzas locales participaron en más de la mitad de los casos documentados.
El informe observa además incrementos significativos en el número de incidentes después de directrices federales destinadas a intensificar las operaciones. Los investigadores relacionan parte de esos aumentos con la llegada de Greg Bovino, presentado en el documento como comandante general de la Patrulla Fronteriza y responsable de operaciones en distintos puntos del país.
El problema de la transparencia
Más allá de los casos individuales, la investigación pone el foco en la dificultad de supervisar el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante operaciones de control de protestas. Los autores consideran que existe una limitada disponibilidad de información oficial fiable sobre los incidentes y que esa carencia dificulta evaluar si las actuaciones se ajustaron a los protocolos internos, a las instrucciones de los fabricantes o a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
El recurso a la investigación de fuentes abiertas se convierte, en este contexto, en una herramienta de documentación. Los investigadores han contrastado imágenes y materiales públicos para reconstruir secuencias, identificar armas y analizar distancias y circunstancias de los disparos. La metodología se apoya en estándares internacionales de investigación digital, incluido el denominado Protocolo de Berkeley para la investigación de violaciones de derechos humanos mediante información de fuentes abiertas.
El resultado es una base de datos interactiva que permite consultar los incidentes por ciudad, agencia, tipo de arma y consecuencias. Según sus autores, se trata de uno de los mayores conjuntos de datos públicos sobre el uso de armas de control de masas durante este periodo.
El debate sobre el uso de la fuerza
La investigación no cuestiona la necesidad de que las fuerzas de seguridad dispongan de herramientas para gestionar situaciones violentas o controlar alteraciones graves del orden público. Su advertencia se centra en la necesidad de que esas herramientas se utilicen bajo criterios estrictos de proporcionalidad, necesidad y precaución.
El debate adquiere una especial relevancia en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos. Las operaciones migratorias se han convertido en uno de los principales ejes de confrontación entre la Administración federal, las autoridades locales, las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y los movimientos de protesta.
En ese escenario, la respuesta policial se ha transformado también en un elemento de disputa política. Para los defensores de una política migratoria más restrictiva, las fuerzas de seguridad deben disponer de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de las órdenes federales. Para las organizaciones de derechos humanos, el problema reside en que la aplicación de la ley no puede traducirse en el uso indiscriminado o desproporcionado de armas capaces de causar lesiones graves.
La investigación de Berkeley y Physicians for Human Rights sitúa el foco precisamente en esa frontera. Sus autores sostienen que numerosos daños eran previsibles cuando las armas se empleaban contra personas vulnerables, en espacios cerrados o de manera contraria a las instrucciones de uso y a los estándares internacionales.
El informe reclama una respuesta institucional que incluya una mayor transparencia, una supervisión independiente y una revisión de las armas cuyo riesgo de provocar lesiones graves resulte excesivo. Su conclusión plantea una cuestión que trasciende las protestas migratorias en Estados Unidos: cuando una herramienta concebida para controlar una multitud puede causar ceguera, traumatismos craneales u otras lesiones permanentes, la responsabilidad no termina con la decisión de utilizarla, sino que comienza con la obligación de hacerlo de forma estrictamente necesaria, proporcional y controlada.
