Un estudio publicado en Nature Communications titulado “Sea level rise and flooding of hazardous sites in marginalized communities across the United States” analiza cómo el aumento del nivel del mar provocará inundaciones en zonas con sustancias peligrosas y afectará de forma desigual a comunidades marginadas de Estados Unidos.
Un equipo internacional de científicos ha documentado, en este artículo que el aumento del nivel del mar (SLR), impulsado por el cambio climático, no solo amenaza zonas costeras con inundaciones más frecuentes e intensas, sino que también aumenta significativamente el riesgo de que instalaciones que manejan sustancias peligrosas queden bajo el agua, con consecuencias potenciales para la salud pública y la justicia ambiental.
La investigación, liderada por expertos como Lara J. Cushing y Rachel Morello-Frosch, identifica más de 5.500 instalaciones en riesgo de inundación para finales de este siglo (2100) bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estos lugares se incluyen centrales eléctricas costeras, plantas de tratamiento de aguas residuales, infraestructuras de combustibles fósiles, instalaciones industriales y sitios de defensa anteriormente usados, muchos de ellos con sustancias que podrían contaminar el agua y el suelo si se liberan durante una inundación.
Geográficamente, el estudio muestra que siete estados concentran cerca del 80 % de las instalaciones en riesgo: Luisiana, Florida, Nueva Jersey, Texas, California, Nueva York y Massachusetts. Esto significa que, aunque el fenómeno del aumento del nivel del mar es global, sus consecuencias más graves para infraestructura peligrosa están centralizadas en regiones con alta densidad de desarrollo costero.
Las proyecciones se basan en estimaciones de eventos de inundación con probabilidad de ocurrir una vez cada 100 años, en un contexto de emisiones sin reducciones significativas, lo que acelera el ascenso del nivel del mar y la frecuencia de episodios extremos. Los mapas generados por el equipo muestran claramente cómo se expanden las áreas inundables y se solapan con instalaciones que contienen materiales potencialmente peligrosos, planteando escenarios preocupantes de exposición futura.
Desigualdades sociales detrás de los números
Uno de los hallazgos más relevantes y preocupantes del estudio es que el riesgo de estar cerca de instalaciones peligrosas inundadas no es distribuido de manera equitativa entre la población estadounidense. El artículo analiza cómo diferentes características sociodemográficas se asocian con la probabilidad de que una comunidad tenga un sitio de riesgo dentro de un kilómetro, aun controlando por densidad de población y ubicación geográfica.
Según los resultados del análisis, un aumento de una desviación estándar en ciertos indicadores sociodemográficos, como el porcentaje de hogares con aislamiento lingüístico, residentes que se identifican como hispanos, hogares con ingresos por debajo del doble de la línea federal de pobreza, hogares sin vehículo, personas que no votan, y hogares de inquilinos, se asocia con una probabilidad entre un 19 % y un 41 % mayor de tener un sitio en riesgo de SLR en el entorno cercano (dentro de 1 km).
Esto sugiere que comunidades con mayor vulnerabilidad socioeconómica y menor acceso a recursos son más propensas a vivir cerca de instalaciones que podrían inundarse y liberar contaminantes.
Este patrón evidencia una intersección crítica entre cambio climático, desigualdad social y riesgos ambientales, advierten los científicos. A medida que sube el nivel del mar, no solo aumenta la probabilidad de que ocurran inundaciones, sino también la probabilidad de que estas inundaciones tengan consecuencias peores para comunidades que ya enfrentan barreras económicas y sociales. Estas comunidades no solo tienen menos recursos para adaptarse o reubicarse, sino que además están más expuestas a instalaciones que podrían liberar sustancias tóxicas en caso de inundación, avisan los autores.
Destacan, así mismo, que poblaciones con mayores porcentajes de personas que no poseen vehículo o que son inquilinos, lo que puede limitar la capacidad de evacuación o de rehúso de viviendas inseguras, son particularmente vulnerables. Además, la asociación con hogares que no participan en votaciones o que tienen barreras lingüísticas puede indicar una menor representación política y acceso a mecanismos de toma de decisiones que podrían mitigar estos riesgos.
Implicaciones para la planificación urbana y las políticas públicas
Frente a estos hallazgos, los investigadores subrayan la necesidad urgente de incorporar consideraciones de justicia ambiental en la planificación climática y en las decisiones de uso de suelo. El mapeo de instalaciones vulnerables debe integrarse con estrategias de adaptación costera que prioricen la protección de comunidades marginadas, incluyendo recursos para la reubicación, infraestructura de defensa costera resistente y mecanismos que reduzcan la probabilidad de liberación de sustancias peligrosas.
También se subraya que las políticas de mitigación del cambio climático —como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero— son fundamentales para limitar la magnitud de los riesgos proyectados. Bajo escenarios con reducciones significativas de emisiones, el crecimiento del nivel del mar sería más lento y la frecuencia de inundaciones extremas sería menor, reduciendo así la amenaza a infraestructuras peligrosas y a las comunidades circundantes.
El estudio evidencia cómo fenómenos físicos como el aumento del nivel del mar pueden traducirse en problemas complejos de salud pública cuando se intersectan con instalaciones que contienen sustancias químicas peligrosas. La liberación de contaminantes durante inundaciones tiene precedentes en desastres naturales, como huracanes que provocan rupturas de contenedores, fugas de combustible o liberación de desechos tóxicos, con efectos documentados en la calidad del agua, aire y suelo.
Cuando estas amenazas se combinan con comunidades que enfrentan desigualdades preexistentes en acceso a servicios de salud, educación, transporte y recursos económicos, los impactos potenciales se magnifican. El estudio sugiere que la evaluación de riesgos climáticos debe evolucionar para integrar no solo la probabilidad física de inundaciones, sino también la vulnerabilidad social y la capacidad de respuesta comunitaria.
Al concluir su análisis, los autores del artículo hacen un llamamiento a integrar las perspectivas de justicia ambiental en las estrategias de adaptación climática y planificación de infraestructuras. Advierten que sin una acción deliberada que tenga en cuenta quiénes corren mayor riesgo, el cambio climático no solo seguirá elevando el nivel del mar, sino que ampliará las desigualdades existentes, exponiendo a las comunidades más vulnerables a peligros ambientales que podrían evitarse con anticipación y planificación.
Este enfoque integrado, que combina ciencia climática, geografía y demografía, ofrece una hoja de ruta para que gobiernos, planificadores urbanos y organizaciones comunitarias puedan diseñar respuestas más equitativas ante una de las consecuencias más visibles y extendidas del calentamiento global: la subida del mar y los riesgos que trae consigo para la salud y la seguridad de las personas.
