En España solo existen tres colegios oficiales de detectives privados, en Cataluña, Galicia y Valencia, y a las puertas se encuentran los de Andalucía y Canarias, pero el resto son asociaciones, sin aquella calificación jurídica. Existe, además, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), que viene a aglutinar al conjunto del colectivo.
Precisamente, la APDPE celebra en unas pocas semanas su Congreso y Asamblea General, en el transcurso de los cuales este asunto será objeto de información y debate.
Entre tanto, y al hilo de esta cuestión, el Partido Popular acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa en forma de PNL, proposición no de ley, que, aún no siendo vinculante para el Gobierno, parece que cuenta con el beneplácito del PSOE, de modo que tiene todos los visos de ser aprobada en la Comisión de Interior, que es donde ha recaído su debate. Lo que se pide es la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España.
Argumenta el PP en su propuesta la necesidad de que este colectivo cuente con una “mejor defensa” de sus derechos como colectivo profesional, al tiempo que se regule de manera más eficiente, si cabe, su relación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que tan estrecha relación tienen en muchas de sus actividades.
No menos importante es que con la creación de este Consejo General se velaría por el cumplimiento de un estricto y riguroso ejercicio de las funciones del detective privado, oficializando su labor y combatiendo el intrusismo, que daña su reputación y genera, en ocasiones, la desconfianza de los potenciales clientes y de la sociedad en su conjunto.
La investigación privada en España es una actividad reservada a los detectives privados legalmente habilitados, reconocida y regularizada en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y en el Real Decreto 2364/1994.
El detective es un experto con funciones reconocidas y reguladas por ley. Tiene atribuciones exclusivas para investigar y las conclusiones de su trabajo tienen rango de prueba judicial. El detective investiga con rigor personas y hechos, colaborando con la justicia.
El Detective Privado es, además, un profesional liberal acreditado por el Ministerio del Interior (a través de la Dirección General de Policía) que realiza investigaciones de carácter privado, siempre en el marco de la ley.
