La guerra que ya ocurrió: por qué Ormuz cerrado cambia todo
Durante décadas, el cierre del Estrecho de Ormuz fue el escenario de pesadilla que los analistas geopolíticos reservaban para sus simulacros de crisis. Un evento límite, teórico, que justificaba mantener reservas estratégicas y diversificar rutas de suministro, pero que nadie esperaba ver materializado en toda su extensión. Ese tiempo terminó y el conflicto iraní escaló. Y Ormuz, el canal de 33 kilómetros por el que transita el 21 por ciento del petróleo mundial y cerca del 20 por ciento del gas licuado del planeta, lleva funcionando bajo condiciones de cierre operativo efectivo durante más tiempo del que ningún modelo de choque externo había contemplado como escenario base.
Cuando hablamos de cierre operativo efectivo no me refiero necesariamente a una obstrucción física total, si no a algo igualmente devastador: una prima de riesgo tan alta, ataques a buques tan frecuentes, seguros marítimos prohibitivos y rutas de circunvalación tan costosas, que el efecto económico sobre los mercados globales de energía, fertilizantes y fletes es prácticamente indistinguible del cierre total. Los armadores, las aseguradoras y los operadores de futuros han recalculado. Y ese recálculo colectivo ha instalado un nuevo piso de precios en los mercados globales del que América Latina, quiera o no, forma parte.
El estrecho no aparece en los noticiarios latinoamericanos con la frecuencia que su impacto merece. No hay imágenes de tanques rodando por las calles de Caracas ni de misiles sobrevolando Buenos Aires. El daño llega de otra manera: más silencioso, más difuso, más difícil de atribuir a una causa única. Llega en el precio del diésel que paga el camionero en Guadalajara. En la factura del gas que no puede cubrir la familia en Bogotá. En el costo del fertilizante que el productor sojero de Mato Grosso no puede asumir y reduce la siembra. En la tasa de interés que sube porque el banco central defiende una moneda que se deprecia. El conflicto en el Golfo Pérsico no produce explosiones en América Latina, produce empobrecimiento, y ese empobrecimiento no tiene fotógrafo.
El mecanismo del daño: cómo el fuego del Golfo llega al sur
Para entender por qué el conflicto iraní golpea tan directamente a América Latina es necesario comprender los canales de transmisión que conectan ese lejano estrecho con la economía cotidiana de la región. Son cuatro, y todos funcionan simultáneamente.
El primero es el canal del precio de la energía. El mercado del petróleo es global y su precio es único: no existe un precio separado para el crudo venezolano, otro para el mexicano y otro para el que transita por Ormuz. Todos los precios del mundo se mueven en torno a referencias comunes —el Brent, el WTI, el Dubai Crude — que incorporan los riesgos del suministro global. Cuando Ormuz se convierte en zona de guerra activa, esas referencias suben, y el alza se transmite de forma casi instantánea a cada litro de combustible vendido en cualquier rincón del planeta. Las economías latinoamericanas que importan petróleo —que son la mayoría— pagan esa prima sin haberla solicitado y sin tener ninguna manera de evitarla.
El segundo canal es el de los fertilizantes. Este es el más subestimado y, a mediano plazo, posiblemente el más dañino. La región produce una fracción enorme de los alimentos que consume el mundo: soja, maíz, trigo, carne, café. Pero esa producción depende de fertilizantes nitrogenados que se fabrican a partir del gas natural, y buena parte del gas natural que alimenta la industria global de fertilizantes venía del Golfo Pérsico y el conflicto ha disrumpido esa cadena. El precio de la urea y el amoníaco se ha disparado. El productor agrícola latinoamericano —que ya venía golpeado por la crisis de suministro de potasio ruso-bielorruso desde la guerra de Ucrania— acumula ahora una segunda presión sobre sus costos de insumos que comprime sus márgenes y, en los casos más extremos, reduce la superficie sembrada. Menos siembra significa menos producción. Menos producción significa más carestía alimentaria. Y más carestía alimentaria en una región donde 180 millones de personas destinan más de la mitad de su ingreso a comer es una catástrofe de baja intensidad permanente.
El tercer canal es el financiero. En cada episodio de tensión geopolítica global, el capital internacional huye de los activos considerados de mayor riesgo hacia los refugios tradicionales: el dólar, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el oro. América Latina, clasificada como mercado emergente en la jerga financiera global, queda automáticamente del lado equivocado de esa ecuación. Sus monedas se deprecian. Sus tasas de interés soberanas suben. El servicio de su deuda externa se encarece. Y el espacio de maniobra para política económica doméstica —que ya era estrecho en muchos países— se comprime todavía más. Este mecanismo no discrimina entre las economías bien gestionadas y las mal gestionadas: golpea a todas por el mero hecho de estar clasificadas en la misma categoría de riesgo percibido.
El cuarto canal es el del comercio marítimo en su conjunto. Ormuz no solo mueve petróleo: mueve también contenedores con manufacturas asiáticas, componentes industriales, productos farmacéuticos. Cuando los armadores tienen que calcular rutas alternativas bordeando el cabo de Buena Esperanza —añadiendo entre doce y dieciséis días de navegación y costos adicionales de millones de dólares por viaje— esos costos se trasladan a los fletes, y los fletes se trasladan al precio de todo lo que se importa. Para economías latinoamericanas que dependen del comercio con Asia —y China es ya el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Argentina— esa presión sobre los costos logísticos tiene consecuencias directas sobre la competitividad industrial y el precio al consumidor de bienes importados.
El daño diferencial: no todos sangran igual
América Latina no es un bloque homogéneo ante este shock. El impacto varía con brutalidad según el perfil energético de cada economía, su grado de endeudamiento externo, la solidez de sus reservas internacionales y la capacidad de sus gobiernos para absorber el golpe sin trasladarlo en su totalidad a la población más vulnerable.
Chile es el caso de mayor exposición entre las economías medianas de la región. Importa prácticamente la totalidad de sus hidrocarburos, depende del cobre como su principal fuente de divisas —y el cobre cae de precio cuando el crecimiento global se desacelera por el encarecimiento de la energía— y tiene una deuda soberana cuya carga se eleva cada vez que el peso se deprecia. No hay colchón y cada dólar de alza en el Brent es un dólar que Chile paga sin posibilidad de compensación. Los modelos más conservadores estiman que un período de cierre sostenido de Ormuz de entre cuatro y seis meses puede costarle a la economía chilena entre dos y tres puntos porcentuales de crecimiento en el año en curso, la diferencia entre expansión modesta y recesión efectiva.
México presenta la paradoja más kafkiana del continente. Es exportador neto de petróleo —lo que en teoría debería darle un colchón ante las alzas del Brent— pero importa gasolinas y diésel refinados de las refinerías de Texas porque PEMEX, acumulando décadas de desinversión y deuda, no tiene capacidad de refinación suficiente. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene subsidios a los combustibles para contener la presión social, lo que convierte el alza del precio internacional en un agujero fiscal directo sobre las cuentas públicas. El resultado es que México gana, por un lado —más ingresos de exportación de crudo— y pierde por dos: más gasto en subsidios y más costo de importación de refinados.
Brasil tiene más amortiguadores que el resto. PETROBAS produce volúmenes crecientes del presal offshore, exporta crudo a Asia directamente y tiene un sector agroindustrial capaz de trasladar parte de los costos elevados hacia los precios de exportación. Sin embargo, esos amortiguadores no son ilimitados. La presión sobre los fertilizantes afecta directamente a su agronegocio, que es el motor central de su crecimiento. El real se deprecia en cada episodio de aversión al riesgo global, encareciendo sus importaciones en moneda doméstica. Y la inflación que resulta de ese ciclo erosiona el consumo de una clase media que costó décadas construir.
Argentina es la paradoja más dolorosa. Tiene bajo sus pies el segundo yacimiento de shale gas del mundo —Vaca Muerta— y cada invierno sigue importando gas licuado a precio spot internacional porque los gasoductos necesarios para evacuar la producción doméstica no están terminados. Cada barco de GNL que llega a sus puertos con el precio disparado por el conflicto iraní es la demostración más perfecta de cómo la incapacidad de invertir en infraestructura convierte la riqueza del subsuelo en una burla. El país más dotado de recursos energéticos de la región paga entre las facturas más altas por el gas que importa.
Pero el daño más severo, medido en términos de sufrimiento humano proporcional, no ocurre en las economías medianas. Ocurre en las pequeñas: Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Haití, República Dominicana. Estas economías no tienen petróleo propio, no tienen reservas estratégicas dignas de ese nombre, no tienen espacio fiscal para subsidios y sus ciudadanos ya viven con márgenes de supervivencia económica tan estrechos que un alza del 30 o 40 por ciento en el precio del combustible no es un indicador macroeconómico. Es la decisión de si la familia come o paga la electricidad. Es el cierre de la microempresa de transporte. Es una nueva ola de migración hacia el norte.
Lo que viene: el futuro que ya está siendo escrito
El análisis de lo que está ocurriendo hoy sería incompleto sin una mirada honesta hacia lo que viene. Porque el conflicto iraní y el cierre de Ormuz no son eventos de impacto inmediato que luego ceden: son perturbaciones que se acumulan y cuyos efectos más profundos sobre América Latina aún no se han materializado en su totalidad.
El primer efecto diferido que ya está en marcha es el agrícola. Las decisiones de siembra que los productores latinoamericanos tomaron —o dejaron de tomar— durante los meses de precios elevados de fertilizantes se traducirán en niveles de producción reducidos en las cosechas de los próximos uno a dos ciclos. Ese impacto llegará a los mercados de alimentos con un rezago que puede ser de seis a doce meses, y cuando llegue, lo hará sobre poblaciones que ya están debilitadas por meses de inflación acumulada. La combinación de menor oferta de alimentos y menor poder adquisitivo real es la receta más directa para una crisis alimentaria a escala regional.
El segundo efecto diferido es el fiscal. Los gobiernos que sostuvieron subsidios a los combustibles para proteger a sus ciudadanos del alza de precios lo hicieron acumulando déficits o agotando reservas que ahora no están disponibles para responder a la siguiente fase de la crisis. Los que no subsidiaron transfirieron el costo directamente a sus ciudadanos, generando presión inflacionaria y social que en varios casos ya se ha traducido en inestabilidad política. En ambos casos, el margen de maniobra fiscal con el que los gobiernos latinoamericanos llegan a la siguiente fase del conflicto es más estrecho que con el que llegaron a la primera.
El tercer efecto diferido es el de la deuda. Varios países de la región que están necesitando financiamiento externo durante el período de shock —para sostener reservas, para financiar importaciones energéticas más caras, para cubrir déficits fiscales ampliados— lo hacen en condiciones de mercado adversas, con tasas más altas y plazos más cortos que los que habrían obtenido en condiciones normales. Esa deuda vencerá y cuando venza, si el conflicto sigue activo y las condiciones de los mercados financieros no han mejorado sustancialmente, el refinanciamiento será costoso o directamente imposible para los más vulnerables.
El cuarto efecto diferido, y quizás el más profundo a largo plazo, es el político. Las crisis económicas prolongadas no solo destruyen PIB: destruyen confianza institucional, erosionan el capital social y abren espacio para respuestas políticas de emergencia que suelen ser costosas y difíciles de revertir. América Latina tiene una historia bien documentada de cómo las crisis externas de origen energético —los shocks del petróleo de los años setenta, la crisis de la deuda de los ochenta— terminaron como catalizadores de rupturas democráticas, populismos de distinto signo y ciclos de inestabilidad que tardaron décadas en cerrarse. Nada garantiza que el ciclo actual sea diferente si la duración y la intensidad del shock siguen la trayectoria actual.
La respuesta que la región debe darse: sin excusas y sin más tiempo
El diagnóstico es severo, pero el análisis que termina en diagnóstico, sin señalar salidas, es intelectualmente cómodo y políticamente inútil. Hay respuestas posibles. Son costosas, requieren voluntad política sostenida y van contra los intereses de grupos que se benefician del statu quo. Pero existen, y su aplicación está dentro de las posibilidades reales de los gobiernos de la región si deciden actuar con la urgencia que la situación demanda.
La primera es la construcción de reservas estratégicas de energía. La Agencia Internacional de Energía establece en 90 días el estándar mínimo de reservas para los países miembros. La mayoría de los países latinoamericanos tiene entre 10 y 20 días. Esa brecha es la diferencia entre tener un colchón ante el siguiente shock y quedar expuesto desde el primer día. Construir esas reservas requiere inversión, pero es la inversión más barata disponible para reducir la vulnerabilidad energética estructural: infinitamente menos costosa que las crisis que su ausencia garantiza.
La segunda es acelerar sin más dilaciones la transición hacia fuentes de energía renovables domésticas. No como declaración de principios medioambientales si no como imperativo de seguridad económica nacional. Chile tiene en el desierto de Atacama la mayor irradiación solar del planeta. Argentina tiene el viento de la Patagonia y el gas de Vaca Muerta esperando gasoductos que llevan años en carpeta. Brasil tiene biocombustibles, hidroeléctrica e ingeniería agroindustrial de nivel mundial. Uruguay y Costa Rica ya demuestran que es posible: generan más del 90 por ciento de su electricidad desde renovables y la subida del Brent no los sacude con la misma violencia que al resto de la región. Ese camino existe y la diferencia entre quienes lo transitaron y quienes no lo hicieron se mide, hoy mismo, en puntos de inflación y en reservas internacionales.
La tercera respuesta es la integración energética regional real, no la de los comunicados de cada cumbre. Una región que puede mover energía de donde sobra hacia donde falta —hidroeléctrica paraguaya hacia industrias brasileñas, gas de Vaca Muerta hacia Chile y Uruguay, solar del norte chileno hacia el sur peruano y boliviana— es una región que puede absorber shocks que hoy la destruyen porque los enfrenta atomizada. La interconexión eléctrica, los gasoductos transcontinentales, las plataformas regionales de intercambio de GNL: no son proyectos de largo plazo para las próximas generaciones. Son la infraestructura de resiliencia que la crisis actual está exigiendo ahora.
Y la cuarta respuesta —la más estructural de todas— es construir una posición política regional coordinada ante los grandes choques externos. América Latina lleva décadas siendo precio-aceptante en los mercados de energía y precio-aceptante en los mercados financieros porque actúa como suma de países pequeños en lugar de como bloque con peso propio. El conflicto del Golfo Pérsico no va a resolverse porque a la región le convenga que se resuelva. Pero la capacidad de la región para protegerse de sus consecuencias sí depende de si negocia con una voz única y coordinada o con veinte voces dispersas.
El precio final de haber llegado sin preparación
El Estrecho de Ormuz ya lleva tiempo cerrado y la guerra contra Irán lleva meses activa. Y América Latina lleva meses pagando una cuenta que no pidió, por una crisis que no eligió, con reservas que no acumuló y con la integración regional que nunca construyó. Eso es lo que resume este análisis en su dimensión más descarnada.
La región tiene todos los recursos para ser energéticamente soberana: litio en el altiplano boliviano-argentino-chileno, sol en el Atacama, viento en la Patagonia, gas en Vaca Muerta, etanol en Brasil, hidroeléctrica en los Andes. Lo que no ha tenido, de manera sistemática, es la decisión política de convertir esos recursos en infraestructura, en política pública coordinada y en independencia real respecto de los vaivenes de un mercado global que otros controlan.
El costo de esa decisión postergada se está pagando hoy. Se paga en la factura del gas de la familia argentina que tiene Vaca Muerta bajo sus pies. Se paga en el precio del pan en Tegucigalpa, donde ningún pozo de petróleo ni ningún yacimiento de gas puede explicar por qué cuesta lo que cuesta. Se paga en la deuda que varios gobiernos contrajeron para financiar importaciones energéticas que, con mejor planificación previa, habrían podido evitarse. Se paga en la inflación que destruye el ahorro de una clase media que tardó décadas en construirse.
Lo que viene no tiene por qué ser peor que lo que ya está ocurriendo. Pero solo será menos peor si los gobiernos, las empresas y la sociedad civil de la región actúan con una velocidad y una coordinación que hasta ahora han brillado por su ausencia. El tiempo de los análisis meramente diagnósticos terminó hace meses, cuando el primer barco en el Golfo ardió y el primer precio al consumidor en América Latina subió sin que nadie en las cancillerías de la región supiera muy bien por qué.
La Historia no premia la espera y América Latina ya lleva demasiado tiempo esperando que los problemas que creó la omisión política de la región se resuelvan solos.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
