El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Acuerdo por el que se autoriza a Enresa la contratación del servicio de «Ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz«, necesario para cumplir lo previsto en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Enresa está iniciando las labores previas al desmantelamiento de la planta, entre las que se incluye la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización correspondiente, y precisa de los servicios de ingeniería previstos en el contrato para cumplir el calendario establecido.
El importe máximo del contrato, cuya licitación se iniciará próximamente, es de 23,7 millones de euros, IVA excluido; abarca la elaboración de la documentación y herramientas de gestión del proyecto, la preparación de estudios iniciales e ingeniería de diseño, la preparación de especificaciones técnicas y proyectos de obra, y la elaboración de documentación para la autorización de desmantelamiento.
El de Almaraz es el primer proyecto de desmantelamiento en España de dos reactores nucleares situados en un mismo emplazamiento.
El cierre programado de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027 y 2028, ha generado una amplia gama de reacciones en diversos sectores de la sociedad española. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el reactor I de Almaraz cesará su actividad en noviembre de 2027 y el reactor II en octubre de 2028. Este cronograma fue acordado en 2019 entre el Gobierno y las empresas propietarias: Iberdrola, Endesa y Naturgy .
El pasado mes de enero, miles de personas se manifestaron en Almaraz para expresar su oposición al cierre de la central. Vecinos, asociaciones y partidos políticos denunciaron los riesgos asociados al despoblamiento, la pérdida de empleo y la seguridad energética. La plataforma «Almaraz Sí» ha declarado su intención de continuar luchando contra el cierre, a pesar de la negativa del Gobierno central a reconsiderar la decisión .
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, afirmó que las empresas propietarias firmaron el cierre de los reactores y que el Ejecutivo tiene la obligación de ejecutarlo, dado que no se ha solicitado una prórroga oficial. No obstante, las compañías propietarias, agrupadas en CNAT, han convocado una junta de socios para el 20 de mayo, con el objetivo de decidir si solicitan al Gobierno una ampliación de la vida útil de la central .
A pesar de las presiones para mantener la central operativa, el Gobierno ha activado contratos por valor de 28 millones de euros para el diseño del desmantelamiento de la planta, reafirmando su compromiso con el calendario de cierre establecido.
El cierre de Almaraz se enmarca en una estrategia más amplia de clausura progresiva de las centrales nucleares en España, prevista hasta 2035. Sin embargo, la dependencia del 20% de la electricidad nacional de la energía nuclear y la falta de capacidad de almacenamiento renovable plantean desafíos significativos. Además, las tensiones geopolíticas, como la guerra en Ucrania, han reavivado el debate sobre la necesidad de mantener fuentes de energía estables y seguras .
