Hace pocos días, en el estado de Jalisco, México, se descubrió un centro de exterminio operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hallazgo tuvo lugar en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, donde se encontraron hornos crematorios clandestinos, restos óseos calcinados, más de 200 pares de zapatos y otras pertenencias de personas reportadas como desaparecidas.
Este descubrimiento fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes, tras recibir una denuncia anónima, inspeccionaron el lugar y encontraron indicios de actividades delictivas.
Anteriormente, en septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco había intervenido en el mismo predio, deteniendo a 10 personas y liberando a dos secuestrados. Sin embargo, las investigaciones no avanzaron, permitiendo que el sitio continuara siendo utilizado por el crimen organizado.
Amnistía Internacional ha expresado su “profunda consternación” ante el hallazgo de estas fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, a las que se suman otras en Reynosa, Tamaulipas, los días 5 y 11 de marzo, respectivamente. La organización humanitaria ha pedido al Estado mexicano que abra una “investigación inmediata, independiente e integral”, que permita identificar los restos localizados y entregarlos con el debido respeto y cuidado a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos.
El Estado mexicano, recuerda Amnistía, tiene la “obligación de brindar todas las medidas de protección necesarias a las personas buscadoras” que localizaron ambos sitios, ante los eventuales riesgos a su integridad. Esas medidas deberían extenderse en el tiempo con el fin de que las personas buscadoras estén seguras y puedan continuar con sus labores de búsqueda.
“Ante esta tragedia, instamos al Estado mexicano a esclarecer los hechos y a disponer de los recursos necesarios para ello, así como a dar un trato digno y adecuado a las personas que, tras las imágenes difundidas del hallazgo, han advertido que reconocen prendas que portaban sus familiares que han desaparecido”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
A su juicio, el Estado mexicano ha sido el “gran ausente” en el problema de la desaparición forzada en México. De ahí la existencia de colectivos de personas buscadoras, la gran mayoría integrados por mujeres, que han logrado ubicar a centenares de cuerpos de personas desaparecidas. Su trabajo, explica Olivares, “ha generado confianza, por lo que personas con familiares desaparecidos acuden a ellas para pedir su ayuda en lugar de acercarse a las autoridades”.
En este sentido, reitera que el Estado “no puede eludir su obligación de reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, que llevan a cabo su labor con gran dignidad y debe proporcionarles las garantías para que lo sigan realizando”.
La desaparición de personas en México, fenómeno continuo
México sigue enfrentando una grave crisis de desapariciones vinculada al contexto de violencia e inseguridad que se ha acrecentado en el país en las últimas décadas, como lo demuestra el hecho de que en México desaparezcan 30 personas diariamente, de acuerdo con los datos del propio gobierno.
La información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, revela que en el periodo del primero de enero de 1950 al 10 de marzo de 2025 hay 122.821 personas desaparecidas o no localizadas. Jalisco figura con 15.013 personas desaparecidas. Los estados del país que le siguen son el Estado de México con 13.625, personas desaparecidas y Tamaulipas con 13.307.
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expuso en su informe del año 2021, que la desaparición de personas registró en México un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021. Fue justamente en el año 2006 cuando la administración del entonces presidente Felipe Calderón tomó la decisión de desplegar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, proceso que se institucionalizó en septiembre de 2024, el último mes del sexenio pasado.
Amnistía Internacional ha denunciado que la decisión de militarizar e institucionalizar la seguridad pública en México contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El problema de la desaparición forzada en México afecta a hombres, mujeres, niñas, niños, personas de los pueblos originarios, personas migrantes, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, y de la comunidad LGBTI. Las desapariciones están ligadas a violencia sexual, feminicidios, reclutamiento de grupos criminales, secuestros, trata de personas, entre otros delitos.
Amnistía Internacional ha documentado que las mujeres buscadoras en las Américas, y particularmente en México, enfrentan un alto riesgo por su labor de búsqueda. De 2011 a la fecha, 24 familiares de personas desaparecidas (14 mujeres) han sido asesinadas.
