El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, el dictamen de comisión de la Proposición de Ley sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española. El texto aprobado será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
Ello permitirá adquirir la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante la etapa de administración española y a sus descendientes supone mucho más que una medida de carácter administrativo. Aunque la iniciativa se presenta jurídicamente como una vía de reparación histórica y de reconocimiento de derechos individuales, para Marruecos puede tener una lectura política especialmente delicada, porque afecta directamente a uno de los principales elementos de su estrategia sobre el Sáhara Occidental: la afirmación de que el territorio forma parte de su soberanía y que la población saharaui residente allí es, a todos los efectos, población marroquí.
La proposición establece una vía extraordinaria para que los saharauis nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 puedan obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, incluso sin residir legalmente en España. Además, los descendientes directos en primer grado podrán optar posteriormente a la nacionalidad una vez que su progenitor haya adquirido la española. La norma también introduce una modificación del Código Civil para que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad por residencia después de dos años, en lugar de los diez años establecidos con carácter general.
La iniciativa tiene, por tanto, una dimensión potencialmente muy relevante en el territorio administrado actualmente por Marruecos. Miles de personas nacidas cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española podrían pasar a disponer de un pasaporte de un Estado miembro de la Unión Europea. Las estimaciones sobre el número de posibles beneficiarios varían según las fuentes y el criterio utilizado, pero se sitúan en decenas de miles, mientras que el universo potencial aumenta considerablemente al incorporar a los descendientes.
El problema para Marruecos: una identidad diferenciada
El principal efecto político para Rabat no estaría necesariamente en el número de nuevos españoles, sino en el reconocimiento jurídico de una vinculación específica entre España y la población saharaui. La ley parte de una circunstancia histórica: esas personas nacieron bajo la Administración española y, en muchos casos, conservan documentos expedidos por las autoridades españolas.
Desde la perspectiva marroquí, sin embargo, cualquier medida española que establezca un vínculo jurídico directo entre España y habitantes del Sáhara Occidental puede interpretarse como una interferencia en una cuestión que Rabat considera vinculada a su soberanía territorial.
De hecho, aunque el Gobierno marroquí mantiene oficialmente silencio sobre la iniciativa, medios próximos a las autoridades de Rabat han mostrado preocupación por lo que consideran el posible reconocimiento de una identidad saharaui diferenciada dentro de la población que Marruecos considera propia.
El asunto resulta todavía más sensible porque España había dado en 2022 un giro sustancial a su política sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. La concesión de la nacionalidad española a saharauis puede ser presentada por sectores marroquíes como una contradicción con aquel acercamiento político.
El pasaporte español tiene consecuencias prácticas
Para Marruecos existe además una cuestión de carácter práctico. Un saharaui que obtenga la nacionalidad española no solamente dispondrá de un documento de viaje de la UE. También tendrá los derechos asociados a la ciudadanía europea, incluida la posibilidad de circular, residir, estudiar o trabajar en otros Estados miembros en las condiciones previstas por el Derecho de la Unión.
En el caso de los residentes en el Sáhara Occidental bajo control marroquí, esto puede crear situaciones particularmente delicadas. Un ciudadano que Marruecos considera marroquí podría ser simultáneamente ciudadano español y, por tanto, ciudadano de la Unión Europea.
El problema podría hacerse especialmente visible en situaciones de carácter político. Una eventual detención de un ciudadano hispano-saharaui por motivos relacionados con protestas, activismo político o reivindicaciones sobre el futuro del territorio podría convertirse en un asunto consular entre Madrid y Rabat. La cuestión de la doble nacionalidad podría adquirir así una dimensión diplomática que hasta ahora no existía en esos términos.
El momento elegido aumenta la tensión
El contexto convierte la aprobación de la ley en un asunto todavía más sensible. La votación llega en un momento de especial tensión entre España y Marruecos a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. La iniciativa parlamentaria ha llegado al Pleno precisamente cuando las relaciones bilaterales atraviesan una etapa delicada.
La coincidencia temporal puede ser interpretada en Rabat como una acumulación de decisiones españolas consideradas incómodas. Por un lado, España mantiene su posición sobre la soberanía de Ceuta y Melilla frente a las reivindicaciones marroquíes. Por otro, el Parlamento español avanza en el reconocimiento de derechos de la población saharaui.
No significa necesariamente que España esté modificando su posición oficial sobre el Sáhara Occidental. La ley no reconoce la independencia del territorio ni determina su soberanía, y sus promotores defienden que se trata de una norma de nacionalidad y de reparación histórica. El propio texto legislativo fundamenta la medida en la vinculación histórica entre España y el Sáhara y en circunstancias individuales de quienes nacieron durante la Administración española.
Pero en política exterior no siempre importa únicamente el contenido jurídico de una decisión. También importa cómo la interpreta el Estado afectado.
¿Puede Marruecos responder?
El principal riesgo para España es que Marruecos decida utilizar la cuestión como nuevo elemento de presión bilateral. No necesariamente mediante una ruptura diplomática, algo que resultaría muy costoso para ambas partes, sino mediante medidas de menor intensidad.
Entre ellas podrían encontrarse un endurecimiento de las posiciones sobre inmigración, una reducción de la cooperación policial o una mayor presión diplomática sobre Madrid. También podría aumentar la tensión alrededor de Ceuta y Melilla, especialmente después de las recientes reivindicaciones marroquíes sobre ambas ciudades.
La cooperación migratoria constituye uno de los instrumentos más sensibles. España necesita la colaboración marroquí para controlar las rutas migratorias procedentes del norte de África y para combatir a las redes de tráfico de personas. Cualquier deterioro de esa cooperación tendría un impacto directo sobre las fronteras españolas.
También existe una dimensión económica. Marruecos se ha convertido en un socio comercial, industrial y logístico de creciente importancia para España, por lo que una crisis diplomática profunda perjudicaría a ambos países. Precisamente por ello, lo más probable ante una eventual reacción marroquí sería una estrategia de presión gradual antes que una ruptura abierta.
Una cuestión especialmente sensible para Rabat
El elemento que probablemente más preocupa a Marruecos no es, por tanto, la posibilidad de que decenas de miles de saharauis se conviertan en españoles. Es el precedente jurídico y político.
Si España reconoce mediante una ley que existe una vinculación histórica y jurídica específica entre los saharauis nacidos durante la Administración española y el Estado español, Rabat puede considerar que se está reabriendo una cuestión que pretendía quedar subordinada a la nueva relación bilateral construida desde 2022.
Además, la propia ley reconoce documentalmente la existencia de una población que estuvo sometida a la Administración española. Entre las pruebas que podrán utilizarse aparecen antiguos DNI españoles, documentos administrativos españoles, certificados de nacimiento, documentación del censo de Naciones Unidas, libros de familia, permisos de conducir, documentos de escolarización y otros registros oficiales.
Un nuevo equilibrio en la relación Madrid-Rabat
La aprobación de la norma, por tanto, coloca a España ante un delicado equilibrio. El Gobierno puede defender que la nacionalidad es una competencia soberana del Parlamento español y que la decisión no pretende modificar la posición española sobre el futuro político del Sáhara Occidental. De hecho, el Ejecutivo ha defendido esa interpretación durante la tramitación parlamentaria.
Marruecos, sin embargo, puede interpretar la decisión como una señal de que la cuestión saharaui vuelve a adquirir protagonismo en la política española después del giro diplomático de 2022.
Y ahí reside la principal consecuencia geopolítica de la ley: puede convertir una cuestión aparentemente interna de nacionalidad en un nuevo elemento de negociación dentro de la relación España-Marruecos.
En un momento en el que Ceuta, Melilla, inmigración, seguridad fronteriza y Sáhara Occidental se encuentran simultáneamente sobre la mesa, cualquier desencuentro adicional puede tener un efecto multiplicador. España necesita mantener la cooperación con Rabat, pero el Parlamento reivindica su capacidad para legislar sobre quién puede adquirir la nacionalidad española. El resultado es una nueva zona de fricción en una relación bilateral que, por su importancia estratégica, probablemente seguirá marcada durante los próximos meses por la necesidad de combinar cooperación y firmeza.
En definitiva, para Marruecos la ley representa menos una amenaza demográfica que un desafío político y simbólico: abre una vía de ciudadanía europea para una parte de la población saharaui, refuerza su vínculo histórico con España y puede dificultar que Rabat consiga que la cuestión del Sáhara quede definitivamente integrada en el marco de su soberanía. Para España, el riesgo es que Rabat utilice los instrumentos de los que dispone —especialmente inmigración, cooperación policial y diplomacia— para elevar el coste de una decisión que Madrid considera, jurídicamente, competencia soberana de sus instituciones.
