El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su «absoluto rechazo» a cualquier manifestación que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad y la lealtad institucional de los agentes destinados en las unidades de protección de autoridades.
En un comunicado difundido este sábado, en alusión al auto del juez Juan Carlos Peinado sobre la retirada de pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde insinúa que su servicio de protección pudiera ayudarla a fugarse del país, lo que justificaría su medida preventiva, la organización considera «inaceptable» que se formulen hipótesis que sugieran una eventual colaboración de policías nacionales en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, y subraya que los miembros del cuerpo actúan siempre sometidos a la legalidad y al Estado de Derecho.
La organización sindical recuerda que los agentes que integran estos servicios de protección acceden a ellos tras superar exigentes procesos de selección y formación, desempeñando una labor de especial responsabilidad bajo estrictos protocolos de actuación. El SUP destaca que estos funcionarios están sujetos a los principios de legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, ante el comentario del juez de que estos policías podrían verse obligados a actuar en atención a órdenes superiores, recalca que ningún policía está obligado a obedecer órdenes que sean manifiestamente ilegales.
En este contexto, el sindicato manifiesta su preocupación por la difusión de teorías o insinuaciones que puedan trasladar a la opinión pública la idea de que los agentes encargados de la protección de autoridades podrían actuar al margen de la ley o siguiendo instrucciones contrarias a las resoluciones judiciales. Según el SUP, este tipo de afirmaciones, realizadas sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyectan una sombra de sospecha sobre miles de policías y pueden erosionar la confianza que la sociedad deposita en la institución.
El comunicado insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituyen una de las principales garantías del Estado de Derecho y que su función es precisamente asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y servir a los intereses generales con absoluta neutralidad. El sindicato sostiene que el prestigio de la Policía Nacional se fundamenta en la profesionalidad y la vocación de servicio de sus integrantes, elementos que, a su juicio, no deben verse comprometidos por declaraciones genéricas o especulaciones.
Por último, el SUP ha trasladado públicamente su respaldo a los policías nacionales que forman parte de las unidades de protección y al conjunto de los miembros del cuerpo. La organización sindical concluye que la Policía Nacional «no es un riesgo para el Estado de Derecho; es una de sus principales garantías», reivindicando el compromiso de los agentes con la legalidad y con el servicio a los ciudadanos.
Otro sindicato policial, JUPOL, también expresó su indignación por la insinuación del juez, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una misiva protestando por ello al Consejo General del Poder Judicial.
