España cerró el año 2024 con un total de 234 víctimas mortales por incendios y explosiones, una cifra que, aunque supone un ligero descenso respecto al año anterior, mantiene al país en niveles especialmente elevados de siniestralidad. Así lo recoge el Estudio de Víctimas de Incendios en España 2024, elaborado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, un informe de referencia que analiza de forma exhaustiva la evolución de estos sucesos y sus consecuencias en las últimas décadas.
El dato, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, sitúa al pasado año como el tercer peor desde que se elabora este estudio de forma sistemática (2010). Aunque se registraron 15 fallecidos menos que en 2023 —año en el que se alcanzó el máximo histórico reciente con 249 muertes—, los expertos advierten de que esta reducción podría ser engañosa. La proximidad de la cifra con los datos de 2022, cuando se contabilizaron 235 fallecidos, hace temer que se trate de un descenso coyuntural y no de un cambio de tendencia consolidado.
El informe señala que el grueso de las víctimas se concentra en incendios ocurridos en viviendas, donde fallecieron 172 personas, lo que representa el 74% del total. Esta cifra confirma que el ámbito doméstico sigue siendo el principal escenario de riesgo, un hecho que ha llevado a los especialistas a centrar gran parte del análisis en este tipo de siniestros.
La reiteración de estos datos año tras año evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el hogar, desde la instalación de detectores de humo hasta la mejora de la concienciación ciudadana sobre los riesgos asociados al fuego.
Fuera del ámbito residencial, el estudio identifica otros escenarios significativos. Destacan los 35 fallecimientos en exteriores, que incluyen incendios y explosiones al aire libre (15 casos), siniestros de tráfico (17) y accidentes aéreos (3). A estos se suman las víctimas registradas en residencias de mayores (15), instalaciones industriales (4), almacenes (1) y otros edificios (7), entre los que figuran espacios tan diversos como campings, conventos, centros penitenciarios o establecimientos de restauración. Esta dispersión refleja la diversidad de contextos en los que pueden producirse estos incidentes, así como la complejidad de su prevención.
La evolución histórica permite contextualizar la gravedad de la situación actual. Aunque los 234 fallecidos de 2024 suponen una reducción del 6% respecto a 2023, el dato sigue muy por encima de los niveles más bajos registrados en la serie. En 2018, por ejemplo, se contabilizaron 123 muertes, lo que significa que la cifra actual representa un incremento cercano al 90% en apenas seis años. Esta tendencia al alza, especialmente marcada desde 2021, ha generado una creciente preocupación entre los profesionales del sector.
A largo plazo, sin embargo, la evolución muestra una mejora significativa. Si se comparan los datos actuales con los de 1980, cuando se estimaron 351 víctimas mortales, el descenso es notable: el índice ha pasado de 9,30 fallecidos por millón de habitantes a 4,81 en 2024, prácticamente la mitad. Este progreso refleja el impacto positivo de las mejoras en la normativa, la profesionalización de los servicios de emergencia y el avance tecnológico en materia de seguridad contra incendios. No obstante, los expertos advierten de que esta tendencia histórica no debe ocultar los repuntes recientes.
Desde que el estudio comenzó a elaborarse de forma anual en 2010, la evolución ha sido irregular. Aquel año se registraron 192 víctimas mortales, cifra que descendió de forma continuada hasta 2013, cuando se alcanzaron 132 fallecidos. Sin embargo, a partir de 2014 se inició una nueva fase de crecimiento, interrumpida únicamente por descensos puntuales como el de 2018. Desde 2019, la tendencia ha vuelto a ser claramente ascendente, con cifras estabilizadas en torno a la media durante dos años y un repunte significativo a partir de 2021 que culminó en los máximos de 2022 y 2023.
En este contexto, los datos de 2024 se interpretan como un posible punto de inflexión, aunque aún insuficiente para confirmar un cambio estructural. El leve descenso registrado podría responder a factores coyunturales y no necesariamente a una mejora sostenida en la prevención o en la gestión de emergencias. De hecho, el propio estudio advierte de que situaciones similares en el pasado han sido seguidas por nuevos incrementos en el número de víctimas.
Más allá de las cifras, el informe plantea una serie de conclusiones orientadas a la acción. Entre ellas destaca la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar la formación de la ciudadanía en materia de autoprotección y potenciar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia. Asimismo, se subraya la importancia de seguir investigando las causas de los incendios y de adaptar las estrategias de intervención a los nuevos riesgos asociados a la evolución de los entornos urbanos y tecnológicos.
El balance de 2024 deja, en definitiva, una lectura ambivalente. Por un lado, se rompe la tendencia alcista de los últimos años; por otro, se mantienen cifras que evidencian un problema persistente. Con más de dos centenares de víctimas mortales en un solo año, los incendios y explosiones continúan siendo una de las principales amenazas en términos de seguridad ciudadana en España, un desafío que exige respuestas coordinadas, sostenidas y basadas en el análisis riguroso de los datos.
