La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) trasladó recientemente a la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) una relación de propuestas de mejora en el ámbito de la seguridad privada. Al encuentro asistió el presidente de FES, Nassim Rais; el vicepresidente primero, Roberto Ureña, y el vocal y presidente de AESCRA, Pepe Becerra.
En esta reunión, además de ser informada la FES sobre el trabajo de esta unidad y desarrollar la propuesta de modificación de la Orden Ministerial INT 316/2011, para cual, ya hizo la federación aportaciones en su día, entregó en esta ocasión unas propuestas de mejoras para el sector.
El objetivo es reforzar la profesionalización, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y la adaptación a las nuevas necesidades del entorno, de modo que se aumente la eficacia operativa, la protección de los profesionales y el valor añadido del sector para la seguridad ciudadana.
Las propuestas, explica la FES en un comunicado, se presentan «en coherencia» con lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y en el actual Reglamento aprobado por el Real Decreto 2364/1994. Se entiende que la evolución normativa pendiente de desarrollo reglamentario constituye, a juicio de la FES, «una oportunidad para reforzar la colaboración público-privada y la profesionalización del sector».
En materia de formación y capacitación, se propone implementar un programa de formación continua en materias emergentes (ciberseguridad, drones, gestión de crisis e infraestructuras críticas). Esto se explica en que la rápida evolución tecnológica y las nuevas amenazas requieren profesionales actualizados. Entre los beneficios estaría la mayor capacidad preventiva, mejor preparación en incidentes complejos y alineación con los estándares europeos.
En cuanto a la coordinación y comunicación, se pide establecer canales de comunicación digital seguros entre empresas de seguridad privada y FFCCSE. Actualmente, la comunicación en tiempo real puede verse limitada por trámites intermedios. El fin sería lograr mayor rapidez en la gestión de incidentes y colaboración más eficiente en emergencias.
Sobre las condiciones profesionales, se reclama revisar ratios de personal en servicios sensibles (hospitales, aeropuertos, estaciones, plantas fotovoltaicas, eventos) y reforzar la protección jurídica del vigilante. Existen entornos donde, según la FES, «la dotación es insuficiente y los profesionales sufren agresiones frecuentes». Con ello se lograría una «reducción de riesgos, mayor seguridad para usuarios y profesionales, y dignificación de la figura del vigilante».
En el apartado de innovación tecnológica, se propone potenciar el uso de sistemas de videovigilancia inteligente, drones y plataformas unificadas de control, porque, como recuerda la FES, la tecnología actual permite anticipar incidentes y mejorar la trazabilidad. Con ello se conseguiría una prevención más eficaz, reducción de costes a largo plazo y mejor integración con las FFCCSE.
También se propone incorporar protocolos de detección temprana de radicalización, medidas de ciberseguridad y planes de resiliencia ante emergencias climáticas. Las amenazas no tradicionales (terrorismo, ciberataques, emergencias medioambientales) requieren preparación específica y el primer beneficio será el incremento de la seguridad integral y mayor preparación del sector frente a escenarios críticos.
En el marco de la relación con la ciudadanía, la FES señala la oportunidad de impulsar campañas institucionales de sensibilización sobre el papel de la seguridad privada y programas de mediación en entornos sensibles, pues considera que existe desconocimiento social sobre las funciones del sector, lo que dificulta su reconocimiento.
Un aspecto clave que ha trasladado la FES es la mejora del marco legal. Así, se propone actualizar la Orden Ministerial INT 316/2011, lo que justifica en que «el contexto legal es irregular y anacrónico, genera inseguridad jurídica a CRAs e instaladores«.
Apunta la FES que «no hay perspectiva de la ya necesaria actualización de la Ley de Seguridad Privada de 2014, tampoco de la publicación del nuevo Reglamento que sustituya al de 1994. Ante esto, la única iniciativa de mejora a corto plazo que vemos viable es la actualización de esta Orden que solo dependerá de la voluntad de un Ministerio, el de Interior».
Agrega que, al respecto, «es imperioso mejorar la seguridad jurídica de las empresas, sobre todo para las pymes. También se requiere mejorar la eficacia en la gestión, aclarar conceptos confusos o indefinidos, dar mayor entrada a la digitalización, suprimir burocracia inútil, mejorar la capacidad de filtrar más falsas alarmas y reducirlas, etc.
De este modo, se conseguiría mejorar la eficiencia en la gestión, suprimir la inseguridad jurídica para minimizar reclamaciones y sanciones que ayudará a la viabilidad y supervivencia de las empresas de seguridad, sobre todo de las pymes, aumentar el filtrado de falsas alarmas, aumentar la involucración de los usuarios para reducirlas, cortar los casos de reiteración, reducir intervenciones policiales innecesarias en labores de control, administrativas y de comprobación de alarmas confirmadas que acaban siendo también falsas, ahorrando al Estado ese coste económico y de tiempo que podría emplearse en otras actuaciones, etc.
Y no se han planteado hacer atractivo el sector incrementado el salario del vigilante??
Porque al final si no hay un vigilante que de el Do de pecho, de nada sirven todas esas peticiones.
Si no hay profesionales, tampoco habrán empresas.