La empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha asegurado que no ha recibido, hasta la fecha, ninguna notificación oficial por parte del Ministerio de Defensa de España respecto a la resolución del recurso de alzada que interpuso contra la adjudicación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de artillería. La compañía, una de las principales firmas del sector industrial militar en España, ha salido así al paso de las informaciones surgidas en torno a una supuesta decisión administrativa, subrayando que carece de constancia tanto de una resolución favorable como desfavorable.
En un comunicado, la empresa recalca que el recurso de alzada presentado constituía un paso imprescindible dentro del procedimiento administrativo, necesario para poder agotar esta vía antes de acudir a instancias judiciales. En este sentido, la compañía confirma que seguirá adelante con la hoja de ruta que ya había anunciado previamente y que pasa por llevar el caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Este movimiento implica que el conflicto en torno a la adjudicación de los programas de artillería se trasladará a los tribunales, donde se dirimirá la legalidad del proceso y las posibles irregularidades denunciadas por la empresa.
Fuentes de la compañía insisten en que esta decisión no supone un cambio de estrategia, sino la continuación lógica de un proceso iniciado tras la adjudicación de los contratos, cuyo contenido ha sido objeto de controversia en el sector. Desde Santa Bárbara Sistemas se defiende que su recurso no solo responde a intereses empresariales, sino también a la necesidad de proteger el tejido industrial de defensa en España. La empresa sostiene que sus alegaciones incluyen argumentos orientados a preservar las capacidades estratégicas nacionales, así como a garantizar la continuidad de los puestos de trabajo vinculados a este tipo de programas.
La adjudicación de los PEM de artillería, cuyo alcance económico y tecnológico resulta clave para el desarrollo de las Fuerzas Armadas, ha generado inquietud en distintos ámbitos del sector. Santa Bárbara Sistemas, integrada en el grupo europeo General Dynamics European Land Systems, considera que el proceso debe ser revisado con detenimiento para asegurar que se ajusta plenamente a los principios de transparencia, concurrencia y legalidad que rigen la contratación pública.
En este contexto, la compañía subraya que mantiene una “plena confianza” en la solidez jurídica de sus argumentos y en que estos serán valorados adecuadamente en sede judicial. La apertura de la vía contencioso-administrativa marcará una nueva fase en el conflicto, en la que los tribunales tendrán la última palabra sobre la validez del procedimiento seguido por la Administración.
Pese a la disputa, Santa Bárbara Sistemas ha querido transmitir un mensaje de colaboración institucional, reiterando su disposición a trabajar conjuntamente con otras empresas del sector y con las administraciones públicas. La firma insiste en que comparte los objetivos estratégicos del Ministerio de Defensa, especialmente en lo relativo a dotar a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios para cumplir sus misiones en un contexto internacional cada vez más exigente.
Asimismo, la empresa ha indicado que no realizará una valoración detallada sobre el fondo del asunto hasta que tenga conocimiento oficial de la resolución del Ministerio. Esta cautela responde, según explican, a la necesidad de actuar con rigor jurídico y evitar interpretaciones basadas en informaciones no confirmadas.
El caso se enmarca en un momento de especial relevancia para la industria de defensa en España, marcada por el incremento del gasto militar y por la apuesta por reforzar las capacidades industriales propias. En este escenario, conflictos como el de los PEM de artillería ponen de relieve las tensiones existentes en torno a la adjudicación de grandes contratos públicos y el papel de las empresas nacionales en proyectos estratégicos.
