“La UTE Indra-Escribano no tiene capacidad para acometer el proyecto”, el ambicioso programa de artillería autopropulsada del Ejército de Tierra, valorado en más de 7.000 millones de euros: “Quien sí tiene esa capacidad es GDELS-Santa Bárbara”, afirmó este lunes Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, tras confirmar que recurrirá por la vía administrativa, acompañado de una solicitud de medidas cautelares, la decisión del Gobierno de favorecer a aquellos.
Sus declaraciones, este lunes en rueda de prensa, se producen en un momento de máxima tensión para la industria de defensa terrestre en España. Page insiste desde el inicio en que este escenario no era deseable para la empresa y subraya que el recurso no responde a una estrategia de confrontación, sino a la “ausencia de alternativas tras meses de silencio institucional y falta de respuesta a múltiples ofrecimientos”.
Según el relato de Santa Bárbara Sistemas, la compañía española nunca manifestó inicialmente su intención de recurrir, pero, según Page, se vio empujada a ello al convertirse en la “única vía posible” para mantener viva la opción de participar en un programa que considera estratégico no solo para la empresa, sino para la autonomía industrial y tecnológica de España.
El recurso, explica, se articula en dos planos distintos pero vinculados: por un lado, el recurso a los préstamos asociados al programa, y por otro, el eventual recurso a la adjudicación. Mientras el Tribunal Supremo deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la aplicación de las medidas cautelares, el fondo del recurso seguirá su curso con independencia de esa decisión.
Page sitúa el origen del conflicto mucho antes de la presentación formal del recurso. Santa Bárbara Sistemas, empresa con más de 200 años de historia vinculada a la artillería, comenzó hace quince años el desarrollo de un sistema de artillería autopropulsada que, lejos de ser improvisado, ha sido objeto de una modernización constante. Ese proceso culminó con la presentación en 2024 de dos sistemas, el Nemesis y el 10×10, ambos equipados con un módulo de artillería propio. Durante ese mismo año se realizaron pruebas de fuego y movilidad con la asistencia del Mando de Artillería de Campaña, pruebas que, según el directivo, dieron lugar a informes positivos que avalaban la idoneidad del sistema para las necesidades del Ejército.
Sin embargo, a pesar de esos antecedentes técnicos, la empresa asegura que durante gran parte de 2024 y la primera mitad de 2025 desconocía por completo la existencia de un programa de artillería de gran envergadura. Mientras tanto, Santa Bárbara continuó invirtiendo recursos humanos e industriales en el desarrollo de sus sistemas, trabajando en el diseño durante 2024 y en la fabricación a finales de ese año y comienzos de 2025 para poder presentar los prototipos en la feria Feindef. El interés mostrado por ejércitos y actores internacionales contrastaba, según Page, con la “falta de comunicación oficial” sobre cualquier proceso de adquisición en marcha.
La presentación de los sistemas en Feindef marcó un punto de inflexión. El Nemesis y el 10×10, basados en plataformas ya existentes en el Ejército de Tierra como el ASCOD y el Piraña VCR, fueron bien recibidos tanto a nivel nacional como internacional. Page destaca las ventajas logísticas y de entrenamiento que supondría emplear plataformas ya conocidas por las Fuerzas Armadas, así como su idoneidad para cubrir una necesidad crítica de artillería autopropulsada. Aun así, insiste en que en ese momento “la empresa no era consciente” de que se estuviera gestando el mayor programa de artillería de la historia del Ejército de Tierra.
Ante el creciente discurso político sobre la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica, Santa Bárbara decidió actuar de forma proactiva. En junio de 2025 presentó, sin que hubiera sido solicitado, un plan industrial que involucraba a más de 200 empresas españolas dentro de su cadena de suministro. El objetivo era demostrar que existía un ecosistema industrial nacional capaz de sostener un programa de esa magnitud. Un mes después, en julio, la empresa remitió una carta a la Secretaría de Estado en la que defendía que sus sistemas cumplían uno por uno los requisitos que previsiblemente exigiría el futuro programa, requisitos que, según Page, en muchos casos estaban directamente inspirados en capacidades desarrolladas por la propia compañía.
Pese a estos movimientos, la empresa asegura que no recibió respuesta alguna. En septiembre, ante la persistencia del silencio, Santa Bárbara optó por presentar una oferta no solicitada más detallada, con la esperanza de abrir un canal de diálogo que permitiera su participación. De nuevo, según el relato de Page, no hubo contestación. Esa falta de interlocución llevó a la compañía a explorar fórmulas alternativas, incluyendo conversaciones con los posibles adjudicatarios, en un intento de encontrar encajes que permitieran aprovechar la tecnología española desarrollada durante años.
Barrer para casa
Uno de los ejes centrales del discurso de Page es la defensa del carácter español de Santa Bárbara Sistemas. Frente a lo que califica como bulos y falacias, insiste en que la empresa cuenta con propiedad intelectual, patentes y autoridad de diseño plenamente españolas. Todo el diseño, desarrollo y fabricación, subraya, se realiza en España, con ingenieros y técnicos repartidos entre los centros de Madrid, Asturias y Andalucía. La pertenencia al grupo General Dynamics no implica, según explica, importación de tecnología extranjera, sino una relación descentralizada en la que, en muchos casos, es Santa Bárbara la que aporta conocimiento al grupo.
En ese contexto se enmarcan también las conversaciones con Indra, reconocidas públicamente por ambas partes. Page asegura que se presentaron propuestas concretas basadas en la colaboración, en las que Santa Bárbara se mostraba dispuesta a no ser contratista principal siempre que se utilizara tecnología desarrollada en España. Tampoco en este caso, afirma, se obtuvo respuesta. Esa sucesión de negativas tácitas y silencios administrativos desembocó en la decisión de agotar el plazo legal y presentar el recurso el 17 de diciembre, último día posible para hacerlo.
El directivo rechaza la idea de que el recurso tenga como objetivo bloquear o destruir la industria. Al contrario, sostiene que busca “proteger la tecnología española y el tejido industrial de defensa a largo plazo”. A corto plazo, reconoce, puede generar incomodidad, pero a su juicio es una herramienta para evitar que se opte por soluciones extranjeras cuando existen capacidades nacionales probadas. Page insiste en que no se trata de imponer una única solución, sino de garantizar que la tecnología desarrollada en España sea tenida en cuenta.
La dimensión humana ocupa un lugar destacado en su intervención. Santa Bárbara emplea a unas 1.200 personas que, según Page, “viven con frustración” la posibilidad de quedar al margen de un programa para el que saben que su trabajo cumple los requisitos. El directivo habla de un sentimiento de desprecio percibido entre los trabajadores, especialmente en plantas históricas como Trubia, donde se fabrican actualmente cañones y sistemas de artillería. Para la empresa, quedarse inmóvil ante esa situación no era una opción.
En cuanto a la adjudicación, Page se muestra cuidadoso, pero introduce un elemento que considera objetivo: la afirmación de que la UTE Indra-Escribano es la única con capacidad para ejecutar el programa. A su juicio, existen evidencias de que esa afirmación no es cierta, dado que Santa Bárbara cuenta con vehículos reales en pruebas y con capacidad industrial ya operativa. Diferencia entre tener capacidad en el momento de la adjudicación y poder crearla en el futuro, y plantea una pregunta de fondo: si España puede permitirse destruir capacidades existentes para crear otras nuevas con tiempo y dinero.
El directivo rechaza cualquier planteamiento de confrontación territorial o empresarial. “No se trata”, dice, “de que Indra desaparezca de Asturias, sino de garantizar la coexistencia”. Excluir completamente a Santa Bárbara de programas estratégicos pondría en riesgo, a medio y largo plazo, el futuro industrial, no solo de la empresa, sino del ecosistema que la rodea. Además, recuerda que la falta de un cliente nacional dificulta enormemente la exportación de sistemas de defensa.
Page aborda también la cuestión de la fuga de talento, reconociendo salidas de personal, pero contextualizándolas en un sector dinámico donde también se producen incorporaciones. Lo que rechaza de plano es la idea de crear capacidades trasladando personal de una empresa a otra, lo que, a su juicio, destruye una sin generar inmediatamente otra nueva.
Mirando al futuro, el directivo señala la modernización de los carros Leopard como otro programa clave. Santa Bárbara, recuerda, fabricó los Leopard 2E en España y actualmente se encarga de su mantenimiento, por lo que considera lógico desempeñar un papel central en su modernización. En un contexto geopolítico complejo, advierte, las Fuerzas Armadas no pueden permitirse largos plazos de desarrollo que dejen inoperativas capacidades críticas.
En su conclusión, Page defiende que las medidas cautelares, lejos de perjudicar, pueden proteger al propio Gobierno al evitar compromisos financieros irreversibles mientras se clarifica el proceso. Reitera su voluntad de diálogo y cooperación, y deja abierta la puerta a un entendimiento que permita levantar el recurso si se alcanza una solución. De no ser así, el proceso seguirá adelante, convencidos de que optar por soluciones extranjeras cuando existe capacidad nacional causaría un daño profundo a la industria española de defensa.
Para Santa Bárbara Sistemas, afirma, la defensa de la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica y el compromiso con las Fuerzas Armadas y sus trabajadores no es un eslogan, sino la razón última de su actuación. Blanco y en botella, y sin malgastar más munición de la cuenta.
