Desde el final, o la fase de tregua, del conflicto amplio entre Hamás e Israel que marcó los últimos años, Gaza vive una fase de fragmentación y violencia interna. Tras la retirada parcial de fuerzas israelíes en algunos sectores y con el territorio devastado y desorganizado, han surgido o se han reactivado milicias locales, clanes armados y facciones rivales.
Son ejemplos el llamado grupo Abu Shabab en Rafah, clanes como los Doghmoush o al-Majayda, y células de movimientos como la Yihad Islámica y el PFLP.
Estas fuerzas, algunas con pasado de colaboración variable con Hamás y otras con una historia de rivalidad, han protagonizado choques con las unidades de seguridad y los cuerpos armados oficiales de Hamás, que se esfuerzan por reafirmar control territorial y monopolizar la violencia.
La dinámica de los enfrentamientos combina varias capas: disputas por control local (puntos de paso, distribución de ayuda, tarifas e impuestos), rivalidades familiares/clánicas con poder militar propio, y la reacción de Hamás que interpreta cualquier desafío como una cuestión de supervivencia política y de seguridad.
Tras ceses temporales de hostilidades con Israel se han producido operaciones de las fuerzas de seguridad de Hamás para desarmar o neutralizar a grupos que consideran «bandidos» o «colaboradores», y esas operaciones han escalado en algunos casos a batallas urbanas, redadas y detenciones masivas. Parte de la violencia responde tanto a la anarquía creada por la guerra como a intentos de actores —internos y externos— por moldear el orden posconflicto.
¿Se puede hablar de guerra civil?
La respuesta corta es que todavía no hay consenso en la comunidad internacional y entre analistas para calificar la situación como una guerra civil en sentido clásico, aunque hay rasgos preocupantes que se le acercan. Una guerra civil implica enfrentamientos sostenidos, a gran escala, entre facciones que disputan el control del Estado o del territorio con fuerzas organizadas y una legitimidad alternativa establecida. En Gaza, en este sentido, hay múltiples episodios violentos relevantes (decenas de muertos en enfrentamientos recientes, según informes), fragmentación del monopolio de la fuerza y desafíos serios a la autoridad de Hamás.
Sin embargo, la violencia es desigual por zonas, muy localizada y a menudo reactiva, es decir, Hamás sigue siendo la autoridad dominante en amplias áreas y algunos grupos rivales no presentan todavía una capacidad homogénea e institucionalizada para gobernar territorio extensamente. No obstante, no pocos analistas advierten que el deterioro y la proliferación de armas, junto con la entrada en escena de clanes respaldados tácita o abiertamente por actores externos, aumentan el riesgo de una escalada hacia una guerra civil si la tendencia continúa.
Sobre los ajusticiamientos y ejecuciones sumarias, varios informes periodísticos y organismos de derechos humanos han documentado casos que parecen corresponder a ejecuciones extrajudiciales y a golpes de fuerza sin debido proceso. Hay registros de videos y comunicados que muestran la ejecución pública de personas acusadas de «colaboración» o «delincuencia».
Organizaciones internacionales (comisiones de derechos humanos palestinas, la ONU y ONG como Human Rights Watch) han expresado su preocupación por ejecuciones sin juicio y por un patrón de detenciones y malos tratos que vulneran el derecho internacional. Los gobiernos y servicios locales controlados por Hamás, por su parte, a veces justifican estas acciones como necesarias para restablecer el orden o castigar a quienes colaboraron con el enemigo, pero eso no exime de la tipificación de ejecuciones sumarias cuando no hay procesos legales imparciales.
En resumen, sí, hay documentación creíble sobre ejecuciones y abusos cometidos en el marco de las operaciones de Hamás contra rivales o supuestos «colaboradores».
Cuantificar víctimas y responsabilidades es complejo y las cifras varían según la fuente. Agencias de noticias locales y regionales citan docenas de muertos en episodios puntuales (por ejemplo, una operación que fuentes atribuyen a Hamás dejó al menos 32 muertos en Gaza City según reportes), mientras que organismos internacionales recogen denuncias de ejecuciones y múltiples detenciones.
Al mismo tiempo, hay reportes sobre grupos que acusan a Hamás de brutalidad y, en algunos barrios, familias o clanes que han reaccionado armándose o aliándose con grupos externos para proteger intereses. El escenario es de polarización interna, con repercusiones humanitarias inmediatas (miedo, desplazamientos internos, inseguridad para la ayuda) y un entorno propicio para la impunidad.
Parte del problema es que la guerra previa con Israel dejó territorios devastados, instituciones erosionadas y un vacío de seguridad y servicios públicos. Además, hay denuncias y señales de que actores externos (estados o servicios de inteligencia que buscan debilitar a Hamás) han intentado activar o favorecer ciertas milicias o clanes locales, lo que alimenta la guerra por procura y complica la reconstrucción de un orden público legítimo.
El reconocimiento público de cooperación con clanes por parte de autoridades israelíes ha provocado inquietud internacional sobre cómo esas alianzas pueden legitimar a actores que al final dañan a la población civil.
¿Qué significa esto para la población? La violencia interna entre Hamás y grupos rivales empeora una crisis humanitaria ya severa: reduce la capacidad de entrega de ayuda, aumenta los riesgos para civiles (incluyendo ejecuciones arbitrarias, desapariciones y saqueos) y complica cualquier proceso de paz o reconstrucción. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos han advertido que, sin medidas claras para proteger a la población y restaurar la legalidad, la situación se puede degradar aún más.
