La relación entre inmigración y delincuencia en España está marcada por factores sociales, económicos y administrativos más que por la condición de extranjero en sí misma. Esa es una de las principales conclusiones del estudio «Análisis de los niveles de delincuencia de la población adulta en España según nacionalidad (2007-2023)», elaborado por el sociólogo Jesús Javier Sánchez Barricarte y publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), el cual se puede descargar aquí.
El trabajo sostiene que, aunque las estadísticas muestran que la población extranjera presenta tasas delictivas superiores a las de los españoles, estos datos no permiten atribuir una mayor propensión al delito a la condición de inmigrante, sino que obligan a tener en cuenta numerosos condicionantes estructurales y metodológicos.
El estudio advierte de que uno de los principales errores consiste en equiparar los conceptos de extranjero e inmigrante. Las estadísticas oficiales recogen la nacionalidad de los condenados, pero no su situación residencial, por lo que incluyen tanto a inmigrantes asentados en España como a turistas o delincuentes itinerantes que actúan temporalmente en el país.
El autor recuerda que España recibió una media anual de 62,3 millones de turistas internacionales entre 2007 y 2023 y que las actividades de grupos criminales transnacionales especializados en robos y hurtos contribuyen a elevar las cifras de delincuencia atribuidas a extranjeros, generando una sobreestimación cuando se utilizan estos datos para analizar exclusivamente la población inmigrante.
La investigación también señala que determinadas prácticas policiales y judiciales pueden contribuir a una sobrerrepresentación de los inmigrantes en las estadísticas penales. El trabajo cita estudios sobre el denominado «gerencialismo», un modelo centrado en la eficiencia administrativa que concentra la vigilancia sobre colectivos considerados de riesgo y que puede favorecer identificaciones basadas en perfiles étnicos.
Además, menciona las dificultades de acceso a una defensa adecuada, la falta de intérpretes o la aceptación de acuerdos judiciales sin plena comprensión de sus consecuencias, factores que afectan especialmente a la población extranjera. Entre 1996 y 2022, el 44,4 % de las personas condenadas erróneamente en España eran extranjeras, una proporción superior a su peso en la población penitenciaria.
Otro de los elementos analizados es la situación administrativa irregular. El estudio subraya que mantener durante años a una parte de la población inmigrante fuera del mercado laboral formal favorece la economía sumergida y aumenta la vulnerabilidad social. Según el autor, las políticas de regularización pueden tener un efecto positivo sobre la seguridad, al facilitar el acceso al empleo y elevar el coste de oportunidad de delinquir.
El trabajo recuerda que la regularización masiva de unos 600.000 inmigrantes llevada a cabo en España en 2005 no tuvo efectos negativos sobre los salarios ni sobre el empleo de los españoles y sí incrementó las cotizaciones a la Seguridad Social.
La investigación pone asimismo el foco sobre la pobreza y la exclusión social como variables determinantes. Las personas con menores ingresos y peores condiciones de acceso a la vivienda, la educación o los servicios sociales presentan un mayor riesgo de incurrir en determinados delitos, independientemente de su nacionalidad. El estudio destaca que el aumento de la delincuencia observado entre algunos grupos extranjeros parece estar más relacionado con las dificultades de acceso a recursos esenciales que con la condición migratoria propiamente dicha.
El autor también analiza el papel económico de la inmigración y recuerda que, entre 2019 y 2024, alrededor del 76 % de los nuevos empleos creados en España fueron ocupados por extranjeros, especialmente en sectores con problemas de cobertura como la agricultura, la construcción, la hostelería o los cuidados personales. Además, estima que la población nacida fuera de España aportó cerca del 24 % del crecimiento anual del PIB per cápita entre 2022 y 2024, una contribución superior a su peso demográfico.
La violencia de género, la línea distintiva
No obstante, el estudio también señala ámbitos en los que existen diferencias significativas, como la violencia de género. A partir de los datos del Ministerio de Igualdad, el investigador aprecia una incidencia más elevada de feminicidios entre la población nacida en el extranjero, especialmente entre víctimas y agresores extranjeros, aunque atribuye parte de esta realidad a factores culturales y, sobre todo, a condicionantes estructurales como la dependencia económica, las barreras lingüísticas o el desconocimiento de los mecanismos de protección.
Finalmente, el trabajo concluye que las políticas migratorias no deberían centrarse exclusivamente en las expulsiones o en el control de fronteras, sino en facilitar vías legales de entrada, reforzar los procesos de integración y reducir la marginalidad.
Según el autor, la mejora del acceso al empleo, la vivienda y los servicios públicos constituye una herramienta más eficaz para fortalecer la cohesión social y reducir la delincuencia que las políticas de exclusión, en un contexto en el que la inmigración se ha convertido en un elemento estructural para el funcionamiento de la economía española.
