La decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de desistir de la licitación para el servicio de vigilancia y seguridad en diez enclaves históricos del Estado ha supuesto un importante revés para el procedimiento iniciado por el organismo público y una victoria estratégica para la patronal del sector de la seguridad privada. La resolución, adoptada el pasado 17 de marzo, llega después de que la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) presentara un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos administrativos y técnicos que regían el concurso público.
El contrato afectaba a la prestación de servicios de vigilancia interior y exterior en algunos de los espacios patrimoniales más relevantes gestionados por el Estado, entre ellos las sedes de El Pardo, Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, Sevilla, Palma de Mallorca, Yuste, Lanzarote, el Patronato de Huelgas y el Patronato de Santa Clara. La licitación pretendía adjudicar el servicio de protección y control de estos complejos patrimoniales, considerados estratégicos tanto por su valor histórico como institucional.
Según expone FES en un comunicado difundido este jueves, el recurso fue presentado el pasado 6 de marzo por su departamento Legal al considerar que el presupuesto base de licitación no reflejaba los costes reales del mercado ni contemplaba la actualización salarial derivada del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.
La organización empresarial sostenía que las condiciones económicas planteadas hacían inviable la correcta ejecución del contrato y ponían en riesgo tanto la sostenibilidad de las compañías adjudicatarias como las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad destinados a estos servicios.
Tras analizar la impugnación, el órgano de contratación decidió desistir del procedimiento y reiniciar la licitación desde cero con parámetros económicos revisados. En la práctica, el movimiento supone el reconocimiento implícito de que las cuantías fijadas inicialmente no se ajustaban a la realidad financiera del sector. De acuerdo con la argumentación esgrimida por FES, mantener el concurso en sus términos originales habría generado un escenario “anticompetitivo”, obligando a las empresas a asumir costes imposibles de repercutir en el contrato público.
La decisión quedó posteriormente refrendada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que emitió una resolución declarando la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, precisamente porque Patrimonio Nacional aceptó las pretensiones planteadas y acordó la retirada del procedimiento. El tribunal constató así que el concurso deberá volver a convocarse con una estructura económica actualizada y adaptada a las exigencias reales del sector de la seguridad privada.
Desde la Federación Empresarial de Seguridad interpretan el desenlace como un precedente de especial relevancia para futuras contrataciones públicas. La patronal considera que el caso evidencia la necesidad de que las administraciones ajusten los presupuestos de sus licitaciones a la evolución de los costes salariales y operativos, evitando concursos que, a juicio del sector, terminan deteriorando la calidad del servicio y comprometiendo la viabilidad empresarial.
El conflicto también vuelve a poner sobre la mesa las tensiones recurrentes entre las empresas de seguridad privada y las administraciones públicas en torno a los contratos públicos de vigilancia. El sector lleva años denunciando que numerosas adjudicaciones se realizan con márgenes económicos insuficientes, especialmente tras las sucesivas revisiones salariales recogidas en convenio. Las organizaciones empresariales advierten de que licitar por debajo de los costes reales acaba repercutiendo en la estabilidad laboral de miles de trabajadores y en la capacidad operativa de las compañías encargadas de custodiar infraestructuras sensibles.
Con este desistimiento, Patrimonio Nacional deberá iniciar un nuevo procedimiento administrativo para contratar la vigilancia de sus complejos históricos, esta vez bajo unas condiciones económicas que previsiblemente tendrán que incorporar los incrementos salariales y las exigencias del mercado actual de la seguridad privada.
