El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ordenó este miércoles a la Guardia Civil el registro de su despacho en busca de dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos.
En el auto, al que ha tenido acceso Delta13News, se resolvió la entrada de agentes del instituto armado en la sede de la Fiscalía General del Estado a las 10 de esta mañana. La diligencia se encargó a miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La autorización expresa se refiere a documentación en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados, así como se autoriza la copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático, incluida telefonía móvil, que haya podido ser empleado o que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación.
Así mismo, se aprobó pro el juez la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del interesado, en presencia, en cualquier caso, del Letrado de la Administración de Justicia, así como de otros dispositivos informáticos o telemáticos que pudiera portar, como tableta, ordenador portátil u otros.
En el auto del juez de señala que, en el caso del materia informático o telemático se hacía preciso realizar una copia, protegida por huella digital u otro procedimiento que impida la ulterior modificación del contenido, la cual quedará custodiada bajo la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial con anterioridad). En caso de no haberse podio hacer una copia, se habría procedido a la incautación.
En el marco de estas actuaciones, especial solicitud del juez es la referida a los servidores, servicios de correo electrónico en el periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2024 hasta la materialización de la esta diligencia, así como redes sociales y otros repositorios. De todo ello se procederá al volcado para evitar la “eliminación intencionada”.
Así mismo, el juez ha dictado este miércoles un auto en el que incoa las correspondientes diligencias previas y requiere a Álvaro García Ortiz para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.
En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto G.A. (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
¿De qué se le acusa?
El Tribunal Supremo de España ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso inédito en la historia reciente del país. La imputación, apoyada unánimemente por el tribunal, responde a acusaciones de un posible delito de revelación de secretos tras la difusión de información reservada relacionada con el caso fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La investigación también incluye a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien habría colaborado en la elaboración de una nota informativa en la que se filtraron detalles de correos electrónicos privados entre el abogado defensor y el fiscal del caso.
Los correos, que contenían declaraciones de reconocimiento de culpabilidad y compromisos de pago por parte del acusado, fueron divulgados a los medios antes de ser anunciados públicamente por la Fiscalía. Esta acción ha llevado al Tribunal a señalar una «conexión inescindible» entre ambos fiscales, argumentando que las acciones de García Ortiz y Rodríguez Fernández se realizaron en coordinación y que su comportamiento podría haber violado el derecho a la presunción de inocencia del acusado
