El otrora militante del Movimiento 19 de abril (M-19), Gustavo Petro, está más resuelto que nunca a acabar con las guerrillas que aún asolan regiones del país que preside, en Colombia. La buena noticia es que en lo que va de año ha aumentado en más de un cien por cien el porcentaje de guerrilleros que han decidido abandonar los grupos que aún operan. La noticia aún mejor para el gobierno colombiano es que en este mismo periodo más de doscientos guerrilleros en activo han sido «neutralizados».
Un informe presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República confirma que la Fuerza Pública ha neutralizado a 213 miembros del ELN y de las disidencias de las FARC, como resultado de operaciones militares y de Policía desarrolladas en el territorio nacional en los dos primeros meses del 2025.
Las cifras fueron reveladas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien hizo un balance de la situación del país en materia de orden público, ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes a la que fue citado.
“La fuerza legítima del Estado es la Fuerza Pública», manifestó el funcionario ante los integrantes de esta célula legislativa y, puntualizó, que «no existe ningún lugar vedado» del país para los soldados y policías de Colombia. El reporte operacional indica que en las mismas acciones se ha conseguido la desmovilización de 202 miembros de grupos armados ilegales. De ese total, 25 pertenecían al ELN y 86 son niños, niñas y adolescentes.
La información presentada por el ministro Pérez se corresponde con los registros estadísticos incorporados por el Comando General de las Fuerzas Militares en el Sistema de Información Gerencial de Operaciones e Inteligencia (BISIGOI), y los reportados por la Policía Nacional en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO). La estadística incluye los resultados operacionales de la Fuerza Pública y el comportamiento de la criminalidad en el país en lo que va de año.
De acuerdo con el informe, en más del 103% creció el número de personas que de manera voluntaria ha abandonado sus actividades como integrante de algún grupo armado organizado, una estructura criminalidad o ilegalidad y se ha presentado ante unidades militares o de policía, autoridades administrativas o judiciales y se ha comprometido a colaborar eficazmente con la administración de justicia en 2025.
Los resultados, dijo el ministro de Defensa, están ligados a uno de los objetivos del Estado: recuperar el control territorial, salvaguardar la soberanía nacional, garantizar la democracia, el fortalecimiento de capacidades y la transparencia. “La defensa nacional no tiene color político», añadió.
¿Qué fue de aquel histórico acuerdo de 2016?
La situación actual de las guerrillas en Colombia se caracteriza por un recrudecimiento de la violencia, especialmente en regiones como el Catatumbo. Este aumento de los enfrentamientos está erosionando los avances logrados desde el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.
En el Catatumbo, la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha generado una crisis humanitaria significativa. Desde enero de 2025, se han reportado al menos 71 muertes confirmadas, aunque se estima que la cifra real podría ser mayor. Además, más de 56.000 personas han sido desplazadas, y alrededor de 47.000 niños se han quedado sin acceso a la educación debido a la inseguridad en la zona.
La escalada de la violencia está afectando negativamente la implementación del acuerdo de paz de 2016. Proyectos productivos y planes comunitarios han sido abandonados debido a la inseguridad, generando una sensación de desesperanza entre las comunidades afectadas. La presencia y el control de grupos armados han limitado el trabajo de organizaciones y la ejecución de los acuerdos, debilitando el tejido social en estas regiones.
La reciente suspensión global de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha afectado gravemente programas de paz y anti-pandillas en Colombia. Esta interrupción pone en riesgo la implementación del acuerdo de paz con las FARC, ya que Colombia dependía de más de 440 millones de dólares anuales de USAID para iniciativas de construcción de paz, derechos humanos y proyectos económicos destinados a la reintegración de excombatientes. La falta de estos fondos podría aumentar la violencia y la producción de cocaína en el país.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha promovido una política de «paz total», buscando negociar con diversos grupos ilegales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han alcanzado acuerdos concretos. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa planea la adquisición de nuevos aviones de combate de países de la OTAN para fortalecer la capacidad militar contra grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Se espera que la decisión sobre la compra de estos aviones se tome en los próximos meses.
La situación en Colombia refleja la complejidad de lograr una paz duradera, con desafíos que incluyen la persistencia de grupos armados, la crisis humanitaria en regiones afectadas y la necesidad de apoyo internacional continuo para consolidar los avances alcanzados.
