Hace unos días la red FinCEN del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades de “preocupación principal” por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de precursores químicos para fentanilo. Estas medidas se enmarcan bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, nuevas leyes destinadas a cortar el flujo financiero hacia los cárteles mexicanos.
Según FinCEN, CIBanco habría permitido el lavado de fondos vinculados a los cárteles Beltrán Leyva, CJNG y Golfo, incluyendo transacciones por más de 2,1 millones de dólares desde 2021 por precursores químicos adquiridos en China; incluso, un empleado participó en el lavado de 10 millones para el cártel del Golfo en 2023.
Por su parte, Intercam Banco es señalado por haber facilitado transferencias del CJNG y reuniones entre ejecutivos y miembros del cártel para organizar operaciones hacia China. En cuanto a Vector Casa de Bolsa, supuestamente lavó al menos 2 millones para el cártel de Sinaloa entre 2013-2021, y movió más de 1 millón en pagos relacionados con los precursores desde 2018.
Estas sanciones prohíben que entidades financieras estadounidenses realicen transacciones con estas tres instituciones, bloqueando su acceso al sistema financiero de EE.UU. 21 días después de ser publicadas en el Federal Register.
México ha reaccionado por medio de una intervención temporal, al asumir la CNBV la gestión de CIBanco e Intercam, así como de Vector, para salvaguardar depósitos y evitar corridas bancarias. La presidencia de Claudia Sheinbaum ha exigido evidencia concreta, ya que, según ella, México no ha recibido pruebas contundentes por parte de EE. UU. La posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor información.
“Nosotros actuamos si hay pruebas” y pidió al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas, “si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó en una declaración pública.
Enfatizó en que en México “no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero”.
Por su parte, el secretario de Hacienda mexicano, Edgar Amador, reconoció que las sanciones afectaron las líneas de financiamiento, pero insistió en que las entidades sostienen que operan dentro del marco regulatorio y representan una fracción mínima (<1 %) del sistema
La presidenta mexicana puntualizó que con Estados Unidos se trabaja con colaboración y coordinación, tal y como ha sucedido en las conversaciones que ha sostenido con el presidente, Donald Trump, así como en las reuniones entre los secretarios del Gobierno de México: de Economía, Marcelo Ebrard Causabon, y de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, con los secretarios de EUA: de Comercio, Howard Lutnick, y de Tesoro, Scott Bessent.
“México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de igualdad. No somos piñata de nadie. A México se le respeta”, agregó. Señaló, además, que el sistema financiero de México es muy fuerte y sólido, aunado a que se realizan muchas acciones contra el lavado de dinero. “Son bancos muy pequeños, hay que decirlo. Y el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido, muy fuerte; México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”, agregó.
¿Cómo se relaciona esto con EE.UU.?
Al bloquear acceso a su sistema bancario, EE. UU. corta de raíz rutas usadas por cárteles para mover dinero y comprar precursores químicos, impactando en el corazón del tráfico de fentanilo. El Tesoro afirma que las acciones atacan directamente las redes que “envenenan a incontables estadounidenses” y refuerzan la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas. Pese a las tensiones, este tipo de sanciones representan un punto más en la colaboración financiera y de seguridad entre ambos países, con México pidiendo evidencia y EE.UU. exigiendo acción más firme.
En cualquier caso, EE.UU. ha utilizado por primera vez sus nuevas facultades anti-fentanilo para sancionar entidades financieras mexicanas, acusándolas de facilitar el blanqueo de dinero para carteles a través de rutas hacia precursores químicos. Estas medidas representan un golpe estratégico al flujo financiero del narco, pero también tensionan la relación bilateral, con México exigiendo pruebas y presionando internamente para reforzar su marco antilavado.
Nada nuevo bajo el sol
El lavado de dinero en bancos mexicanos ha sido un tema recurrente en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, debido al papel estratégico que el sistema financiero mexicano desempeña en las operaciones del crimen organizado, especialmente en el tráfico de drogas, armas y personas.
A lo largo de los últimos años, varios bancos mexicanos han sido señalados por presuntamente facilitar, de forma directa o por negligencia, operaciones financieras vinculadas a grupos delictivos. Dos instituciones bancarias que han sido objeto de atención mediática, judicial o regulatoria en este contexto son Banco Azteca y HSBC México, aunque este último es filial de un banco global.
El caso más famoso, y probablemente el más grave en términos legales, fue el de HSBC México, que en 2012 fue multado con 1.900 millones de dólares por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La acusación se centraba en que HSBC facilitó el lavado de alrededor de 881 millones de dólares provenientes de cárteles mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa y los Zetas, entre 2006 y 2010.
La investigación reveló que el banco permitió el depósito y transferencia de grandes cantidades de efectivo sin los controles necesarios, y que múltiples sucursales mexicanas aceptaban depósitos en efectivo en dólares sin verificar su origen. Además, los sistemas de control interno del banco eran deliberadamente deficientes: se usaban mecanismos como las “cuentas espejo” y las transferencias estructuradas para evadir la detección.
El gobierno de Estados Unidos consideró que la actuación de HSBC comprometía gravemente el combate al narcotráfico, debido a que las operaciones ilícitas se canalizaban hacia el sistema financiero estadounidense a través de corresponsalías bancarias, lo que suponía un riesgo directo a la seguridad nacional.
Como parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses, HSBC se comprometió a implementar estrictos protocolos de cumplimiento antilavado y a someterse a una vigilancia independiente durante cinco años. Si bien el banco evitó un juicio penal, el escándalo dañó severamente su reputación internacional y forzó una reestructuración de su operación en México.
En el caso de Banco Azteca, no existe hasta la fecha una acusación formal del gobierno de Estados Unidos que lo implique directamente en lavado de dinero; sin embargo, fuentes periodísticas y analistas financieros han señalado reiteradamente que su modelo de negocios podría ser vulnerable a operaciones de procedencia ilícita. Banco Azteca, propiedad del Grupo Salinas, maneja grandes volúmenes de efectivo en zonas rurales y semiurbanas, muchas de ellas con poca supervisión regulatoria.
Su relación con el sistema financiero estadounidense es menos robusta en términos institucionales que bancos multinacionales, pero por operar dentro del sistema bancario mexicano, las transacciones que cruzan a Estados Unidos a través de bancos corresponsales sí están sujetas a vigilancia de agencias como el FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro).
En distintos informes no oficiales, analistas han advertido que bancos con altos volúmenes de efectivo y baja digitalización —como Azteca— son naturalmente atractivos para quienes desean “colar” dinero de procedencia ilícita a través de cuentas de clientes con baja trazabilidad. Esto ha generado tensiones indirectas con las autoridades estadounidenses, que insisten en el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento antilavado en México.
Estados Unidos ha ejercido presión constante sobre México para mejorar su marco legal contra el lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, especialmente durante la gestión de Santiago Nieto, profundizó en la cooperación con agencias como la DEA, el FBI y el FinCEN. Como resultado, se han congelado miles de cuentas sospechosas y se han iniciado investigaciones contra empresarios, políticos y hasta exgobernadores mexicanos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, existen acuerdos de intercambio de información financiera a través de la Ley del Secreto Bancario estadounidense, la Ley Patriota (Patriot Act) y mecanismos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha emitido evaluaciones periódicas sobre las deficiencias del sistema mexicano en materia de prevención de lavado.
La implicación, formal o no, de bancos mexicanos en el lavado de dinero tiene consecuencias profundas, como que bancos estadounidenses pueden dejar de trabajar con bancos mexicanos considerados de “alto riesgo”, lo que afecta las remesas, el comercio exterior y las inversiones. También los bancos pueden enfrentar severas sanciones si no cumplen con estándares internacionales, además de que, si varios bancos de un país son asociados con lavado de dinero, todo el sistema financiero se vuelve sospechoso ante los ojos del mundo.
