Con motivo del inicio este pasado miércoles, 12 de noviembre, en París del juicio de Roger Lumbala Tshitenga, dirigente de un grupo armado congoleño y acusado de complicidad en crímenes contra la humanidad, como homicidios, tortura y violación, perpetrados en la provincia de Kivu Septentrional en 2002 y 2003, la directora regional adjunta para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional, Vongai Chikwanda, se felicitó de que, aunque hayan transcurrido veinte años, «este juicio histórico es una oportunidad de enviar un mensaje claro: las personas sospechosas de responsabilidad penal en atrocidades masivas perpetradas en la República Democrática del Congo (RDC) se equivocan si creen que pueden esconderse en otros países para escapar del escrutinio».
Este juicio es el primero que aplica el principio de jurisdicción universal a crímenes de derecho internacional perpetrados en la RDC por una persona de ciudadanía congoleña durante la Segunda Guerra del Congo, y una causa poco habitual contra un funcionario que en su día ocupó el cargo de ministro.
El hecho de que la RDC «no haya sido capaz o no haya estado dispuesta a investigar y celebrar juicios por crímenes cometidos en el pasado», dijo la representante de Amnistía, «ya no es excusa para que la comunidad internacional continúe mirando hacia otro lado. De hecho, es una oportunidad para que otros países donde viven dirigentes de grupos armados sospechosos de crímenes graves asuman su responsabilidad en virtud del principio de jurisdicción universal y abran investigaciones sobre ellos».
Chikwanda reiteró que “la RDC no debe sustraerse a su obligación de investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesar en juicios justos a los presuntos responsables penales de crímenes graves cometidos en el país durante más de 30 años, incluidos los perpetrados durante la guerra de los seis días de Kisangani en 2000”.
Roger Lumbala Tshitenga lideró el grupo armado Unión Congoleña para la Democracia – Nacional, RCD-N (Rassemblement Congolais pour la démocratie – National, RCD-N), que estuvo activo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) durante la Segunda Guerra del Congo (1998–2003). También fue ministro de Comercio (2003-2005) y se presentó como candidato a la presidencia del país en 2006.
Está acusado de complicidad en crímenes contra la humanidad, como homicidios, tortura, violación, esclavitud y pillaje, perpetrados en 2002 y 2003 durante la operación “Effacer le Tableau” (Borrar la Pizarra) en las provincias de Kivu Septentrional e Ituri.
La operación, recuerda Amnistía, «fue tristemente famosa por los crímenes de derecho internacional que durante ella se perpetraron contra la población civil, especialmente las personas pertenecientes a los grupos étnicos mbuti y nande, que incluyeron homicidios, actos de tortura, violaciones y otros crímenes sexuales, así como canibalismo forzado«.
